Las máximas autoridades del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez y el diputado Raúl Latorre encabezaron la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 con el fin de analizar el plan de gastos presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto, equivalente a unos G. 132,9 billones, o lo que serían USD 17.557 millones.

Durante la sesión preparatoria fueron electos por sus pares la diputada Cristina Villalba para la presidencia de la comisión. Mientras que la vicepresidencia será presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar. Ambos parlamentarios militan en el oficialismo colorado.

Asimismo se definió que la comisión sesionará los días lunes desde las 10:00 hasta las 18:00 para abordar los requerimientos de las diferentes instituciones del Estado. A la vez se aclaró que, si fuera necesario, los jueves podrían también ser convocados los integrantes del bloque.

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En la ocasión, el senador liberal Líder Amarilla planteó la creación de subcomisiones para el tratamiento del PGN, sin embargo la propuesta no prosperó. Mientras que su colega Hermelinda Alvarenga solicitó responsabilidad y compromiso para abordar la iniciativa donde se asignan los recursos públicos a las entidades para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.

“Hablando somos espectaculares, pero trabajando no tanto. Es una verdadera vergüenza que cuando vienen las instituciones pequeñas nadie está”, afirmó durante su intervención. El PGN 2025 viene con un incremento del 14 % respecto a lo aprobado para este 2024, un aumento de más de USD 2.000 millones.

El plan de gastos para el 2025 se divide en 2 grandes segmentos. Por un lado, la Administración Central que incluye al Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los órganos de control. Por otro lado, las entidades descentralizadas que tienen gran prioridad. El incremento total es poco más de los USD 2.000 millones, concentrado preferentemente en un 52 % en las entidades descentralizadas, específicamente, en tres instituciones, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

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La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.

Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.

Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.

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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.

Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.

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Nuestra democracia habrá de alcanzar su edad madura cuando una mujer llegue a la Presidencia de la República. No estamos diciendo con esto que permanecerá en un estado infantil permanente si ello no llegara a ocurrir. Pero sí evidenciará que la sociedad –elemento constitutivo e imprescindible de este modelo de gobierno– empezó a desarraigarse de sus prejuicios y discriminaciones a razón simplemente del género, ignorando las cualidades intelectuales, morales y personales de quien pretenda, por mérito propio, acceder al Palacio de López por las puertas de la voluntad popular.

Aprendí de una experiencia de primera mano –aunque parezca redundante– con la candidatura de Blanca Ovelar, representante de la Asociación Nacional Republicana en las elecciones generales del 21 de abril de 2008. Sus congéneres del mismo partido la descalificaban para ocupar el cargo porque, conforme a sus atrofiados argumentos, nuestro país no estaba preparado para tal hecho. Y sus aliados masculinos se encargaban de alimentar la especie de “Blanca al Palacio y nosotros al poder”, sobre todo por el entonces mandatario, Nicanor Duarte Frutos, quien no guardaba ninguna reserva para expresarse en esos términos ante el que estuviera dispuesto a escucharlo.

Esos exabruptos desatinados llegaban a los oídos de la actual senadora, quien solía confesarme, indignada: “Si creen que me van a manejar, están muy equivocados. Mi conciencia será la única rectora de mis actos y gestiones”.

Los constantes desplantes en público y el trato autoritario hacia la candidata del oficialismo de parte de Duarte Frutos, más los signos de arrogancia del jefe de campaña, Rogelio Benítez, quien llegaba a los encuentros proselitistas después de que lo hiciera la aspirante presidencial, a los que añadía unos interminables discursos, fueron estrechando las chances de Blanca Ovelar. Situación a la que debemos sumar otro episodio crucial: la traición de quienes fueron derrotados en las internas partidarias alegando fraude. Y, por supuesto, una fracción del Partido Colorado que trabajó abiertamente por Fernando Lugo, sin que el Tribunal de Conducta tomara sanciones posteriores, a pesar de la voluminosa documentación respaldatoria en que se basó mi denuncia. En medio del caos, y de mutuas descalificaciones, la también parlamentaria, Lilian Samaniego, tomó la posta en la Junta de Gobierno de la ANR. Blanca Ovelar fue lo más cerca que una mujer estuvo de ser la primera presidenta de la República del Paraguay.

Varios países de la región, entre ellos nuestros grandes vecinos Brasil y Argentina, ya vivieron la experiencia –y seguramente la repetirán– de que una mujer dirija los destinos de la nación. También, Chile, siempre dentro de las reglas que pautan la democracia. Y Dina Boluarte, en Perú, quien asumió el cargo por la vía de la sucesión presidencial. Xiomara Castro, en Honduras. Más atrás en el tiempo, en una Bolivia convulsionada ubicamos a Lidia Gueiler, quien fue electa presidenta constitucional interina por el Congreso de su país. Sin olvidar a Violeta Chamorro, en Nicaragua.

En el otro extremo de nuestro continente tenemos a Claudia Sheinbaum quien, a partir del 1 de octubre, será la primera mujer al frente del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. En ese otro Estados Unidos, pero de América, Hillary Clinton fue la primera mujer nominada por uno de los partidos tradicionales, el Demócrata, en 2016; sin embargo, perdió en los comicios generales ante Donald Trump. Y en esta sociedad, históricamente marcada por la segregación racial instalada por la “supremacía blanca”, cuyos residuos de violencia nunca desaparecen, paradójicamente, un hombre de color –Barack Obama– llegó al poder antes que una mujer. Por ahora, deberán seguir esperando porque el 5 de noviembre de este año volverán a enfrentarse el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

De nuestra parte, todavía tenemos un trecho de tres años por delante. En ese tiempo se decantarán, se consolidarán o se descartarán candidaturas. En los últimos años, la frialdad de los números, sujetos a encuestas que no se muestran en público, fue determinante para la opción final. Rumores van, rumores vienen, quizás llegue a cumplirse lo que Augusto Roa Bastos ambicionaba como una cosa sagrada: “El día que vea sentada a una mujer en el sillón de López, ese día voy a creer que ha empezado la democracia en el Paraguay”. Hay calidad de sobra para que ello acontezca. Buen provecho

Avanza el desarrollo del juicio oral y público para la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está sentada en el banquillo de los acusados por los delitos de producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.

La audiencia oral ingresó en la etapa de producción de pruebas documentales así como también ya han declarado varios testigos en el presente juicio oral. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.

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También están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.

Este juzgamiento forma parte de uno de los casos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19 en nuestro país. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.

El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.

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