• Caracas, Venezuela. AFP.

Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.

La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.

El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.

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“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.

En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.

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El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.

El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.

La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.

En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.

El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.

Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.

Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.

Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.

 “La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.

Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.

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“Yo creo que, finalmente, las fiscalías colombiana y paraguaya están encontrando el camino hacia el esclarecimiento y esto lo debemos celebrar”, dijo el abogado Pedro Ovelar, al referirse al informe del fiscal general Emiliano Rolón que señala al narco uruguayo Sebastián Marset como uno de los principales autores intelectuales de la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

“Desde que apareció Francisco Correa Galeano (fallecido sicario colombiano), introduciendo el nombre del expresidente de la República, Horacio Cartes, el proceso se llevó totalmente hacia un callejón sin salida. Lo único que hicieron fue beneficiar a los verdaderos mandantes del crimen de Marcelo”, manifestó este martes el representante legal del exmandatario al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado argumentó que “detrás de esa información falsa fueron todos los que tienen intereses políticos para perjudicar a Horacio Cartes. Hay que comprender que cuando el Ministerio Público da un nombre o genera una expectativa respecto a una investigación debe llegar hasta el final, no puede limitarse. El Ministerio Público no opina, debe sostener una versión porque tiene la carga legal de perseguir y llegar a la condena de los responsables”.

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La vinculación de Marset con el asesinato de Pecci surge mediante las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público de Colombia, encabezado por Luz Adriana Camargo. Según las informaciones que fueron proveídas al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, el narco uruguayo formaría parte del segundo anillo de autoría intelectual del crimen registrado el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).

Respecto a si Marset será imputado por el asesinato de Pecci, Ovelar comentó: “La verdad que es difícil vaticinar la decisión que tomará la investigación, lo que la ley exige o el parámetro a tener en cuenta es la simple sospecha sobre la base de elementos objetivos que la Fiscalía deba imputar, pero en materia de crimen organizado se busca un poco más de certeza al momento de realizar una imputación para llevar el caso a un juicio“.

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Para Ovelar es “lógico y objetivo” que los asesinos de Pecci se encuentren vinculados al narcotráfico debido a que “era su ámbito de actuación. Se buscó inventar algo que no existe con el fin de perjudicar políticamente a Cartes. Sus adversarios y medios de comunicación lo único que hacían era alejar la verdad y desnaturalizar el proceso”.

Ovelar señaló que el castigo para quienes se valieron de las afirmaciones de Correa Galeano para atacar a Cartes, será “soportar su éxito, el arrastre político y aceptación que tiene en la población paraguaya, a pesar de que insistan en montar historias, inventar situaciones”.

El criminal y sicario colombiano Francisco Luis Correa Galeano fue asesinado el 2 de enero de 2025 en una riña particular en la cárcel de La Picota de Bogotá; mientras negociaba una salida judicial por delatar el esquema que participó en el crimen de Pecci, del cual fue su principal articulador, contratando a los asesinos y cómplices.

Este lunes, el abogado que acudió a la vivienda de los padres del principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez afirmó que solo asesoró al joven y que no sabía por qué caso lo buscaban. Agregó que por ética, no piensa representarlo pese a la insistencia de los padres. El letrado es poblador antiguo de Coronel Oviedo y solo representa a la gente más humilde.

Según manifestaciones de Enrique Villagra, abogado, él fue convocado por la familia para una reunión y que fue hasta la casa. Durante ese encuentro, la familia le indicó que el joven contaba con una orden de captura y que le recomendó que se entregara, pero cuando se enteró de qué caso se trataba, se negó rotundamente a representarlo.

“No puedo ejercer la representación, por ética, en primer lugar, y porque tengo esa condición de representarle a la gente más humilde. Si sabía que se trataba de ese caso, jamás iba a acudir a ese lugar, porque es una circunstancia, un hecho indignante, que enluta a toda una familia”, apuntó Villalba, en entrevista con la 780 AM.

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Afirmó que el padre del sospechoso le manifestó que su hijo estaba con problemas, ellos ya tenían conocimiento de que su hijo tenía orden de captura. La recomendación fue que se entregue, en ese momento llamó a las autoridades y se constituyeron en el lugar para la detención.

“En todo momento me insistía para ejercer la representación, ya que soy abogado litigante desde hace 22 años, pero por cuestiones de delicadeza, ética profesional y como cristiano, yo le manifesté que no iba a poder asumir. Ni por más dinero que exista, para mí no es lo suficiente. Tengo mi familia, soy padre de familia, esa es la postura mía. De nada me sirve acumular dinero a costa de la sangre de inocentes”, puntualizó.

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