Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.
Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.
La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.
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Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.
La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.
Proceso por narcotráfico
Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.
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Investigación fiscal es clave para seguir ruta del dinero de Abdo, afirma abogado
El abogado Carlos Palacios, especialista en derecho bancario, sostuvo que la investigación del periodista argentino Luis Gasulla expone “datos concretos” sobre las presuntas cuentas bancarias del expresidente Mario Abdo Benítez en el paraíso fiscal de Seychelles (África), que ameritan la apertura de una investigación por el Ministerio Público. El informe fue publicado en el portal de PeriodismoyPunto, con datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a la documentación.
“La publicación realizada por el portal argentino revela ciertos datos específicos, hay datos concretos que pueden servir perfectamente como punto de partida para una investigación. Claramente, si esta información sea cierta, estaríamos en presencia de hechos punibles muy graves, podrían existir hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Acá corresponde una investigación de oficio”, indicó Palacios, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Palacios siguió sosteniendo que “el Ministerio Público es el organismo competente para abrir una investigación tomando estos datos como la punta del ovillo para corroborar la veracidad o no de esta información, esa es la vía“. PeriodismoyPunto apuntó que el exjefe de Estado y su esposa tendría ocultos USD 21 millones en las islas del océano Índico, frente a África Oriental (cerca de Madagascar).
La publicación periodística detalla que con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran López Moreira y Abdo Benítez. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
De acuerdo al informe confidencial que accedió el medio argentino, en junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de López Moreira y Abdo Benítez. “Si el Ministerio Público tiene la voluntad de investigar esto, es posible que pueda recurrir a convenios internacionales que aplican los principios de reciprocidad. Paraguay y estás islas no tienen un convenio de cooperación judicial, pero sí se pueden recurrir a otros convenios internacionales para recabar información oficial", comentó.
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La publicación señala también que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico patrón de blanqueo de dinero”.
“Lo que tiene que hacer el expresidente Abdo Benítez es pedir que el Ministerio Público abra una investigación que es el órgano competente, es ante esta institución que debe ponerse a disposición y no ante el periodista que público o reveló esta información que según dice fueron obtenidas a través de una fuente confidencial”, expresó Palacios.
Las afirmaciones del abogado surgen ante lo afirmado por Abdo Benítez mediante sus defensores legales, consistente en colocarse a disposición del periodista Gasulla y facilitarle los permisos legales necesarios para verificar sus datos financieros. “A nadie debería sorprender que Abdo Benítez o sus abogados salgan a negar esto.Si admitieran la veracidad de esta información sería ponerse la soga en el cuello, sería la confesión de un gravísimo delito, desde luego que tienen que negar. Corresponde que las autoridades investiguen", sentenció.
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Fiscalía de Venezuela investigará sobre “torturas” a migrantes en cárcel salvadoreña
La fiscalía de Venezuela informó el lunes que abrió una investigación sobre las denuncias de “torturas” contra los migrantes de ese país enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador.
Estos 252 venezolanos fueron repatriados el viernes pasado como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses retenidos en Venezuela.
“Hemos decidido abrir una investigación formal”, dijo el fiscal general Tarek William Saab, que señaló directamente al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo, hagan lo propio”.
Saab señaló que 80 funcionarios del Ministerio Público entrevistaron a los migrantes a su regreso al país. Los testimonios recogieron denuncias de abusos sexuales, golpizas diarias, el uso de balas de goma y comida podrida.
“Realizaron graves denuncias de violaciones masivas a sus derechos humanos sufridos en el Centro el Confinamiento del Terrorismo”, el temido Cecot, señaló Saab.
Estos venezolanos repatriados fueron señalados de pertenecer al Tren de Aragua, banda delictiva que Trump declaró “organización terrorista”.
El mandatario invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a los venezolanos en marzo de forma expedita.
- Fuente: AFP
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Francia condena a tres personas por trata de seres humanos en los viñedos de Champaña
Un tribunal francés condenó el lunes a una empresaria y a otras dos personas a penas de cárcel por tráfico de seres humanos en la industria del champán, por haber explotado a temporeros y alojarlos en pésimas condiciones durante la vendimia de 2023.
La decisión se produce en pleno revuelo en la región vinícola de Champaña, en el noreste de Francia, donde se investiga el empleo de ucranianos durante la misma vendimia de 2023, marcada por un calor excepcional y la muerte de cuatro trabajadores.
El abogado de las víctimas -50 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, procedentes de Malí, Mauritania, Costa de Marfil y Senegal- celebró una decisión “histórica”.
El tribunal de la ciudad de Chalons-en-Champagne condenó a una mujer oriunda de Kirguistán de unos cuarenta años, directora de una empresa de servicios para la viticultura llamada Anavim, a dos años de cárcel, así como a otros dos en suspenso.
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La mujer negó ser responsable de las condiciones de alojamiento y culpó a los otros dos acusados sospechosos de reclutar a los vendimiadores.
El tribunal condenó a las otras dos personas, ambos hombres de unos treinta años, a un año entre rejas, así como a dos y uno en suspenso. Los tres condenados deberán además pagar 4.000 euros (4.600 dólares) a cada víctima .
Los tres fueron declarados culpables de trata de seres humanos, definida en la legislación francesa como “reclutar, transportar, trasladar, alojar o acoger a una persona para explotarla” mediante un empleo coaccionado, abusando de una posición de autoridad, abusando de una situación de vulnerabilidad o a cambio de un pago o beneficios.
Unos 120.000 temporeros son contratados cada año para vendimiar a mano las 34.000 hectáreas de la región de Champaña con las que se elabora el emblemático vino espumoso.
En 2023 murieron cuatro vendimiadores, posiblemente a causa de una insolación tras trabajar bajo un calor abrasador.
- Fuente: AFP
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“Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear”, dice abogado esteño
“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.
“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.
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Confianza en el interventor
“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.
Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.
“Es un simple farsante mediático”
“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.
Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.
El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.
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