Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Bolsonaro podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión
La fiscalía de Brasil pidió a la corte suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada.
El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como “una caza de brujas” contra el exmandatario brasileño.
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Para la fiscalía, Bolsonaro actuó “de forma sistemática” durante su mandato (2019-2022) y tras su derrota frente a Lula en 2022 “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
“Comprobada” la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.
El exmandatario, que dice ser un perseguido político, arremetió iracundo contra la fiscalía, negó los cargos y denunció fallas en el proceso: “Una condena sería una violación”. “No hay interés en apresarme, ellos me quieren eliminar”, dijo este martes al sitio Poder 360.
Conflicto con Trump
“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump la semana pasada en una carta destinada a Lula. El presidente brasileño dijo que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la “injerencia” del republicano en la justicia de su país y anunció una posible “reciprocidad” en el trato comercial con Estados Unidos.
De su lado, el presidente de la corte suprema, Luis Roberto Barroso, defendió el “estado democrático de derecho” en Brasil y afirmó que el tribunal juzgará a Bolsonaro con “independencia” y “base en las pruebas”. Luego de un plazo para los alegatos finales de las defensas, cinco jueces de la corte deben decidir la suerte del exmandatario de extrema derecha, algo que se espera para las próximas semanas.
El magistrado a cargo del juicio, Alexandre de Moraes, se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington, luego de que la derecha brasileña lo acusara de “perseguir” al exmandatario y criticara sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.
“Nunca existió intento de golpe”
Aunque insistió este martes en que “nunca existió intento de golpe en Brasil”, Bolsonaro había reconocido en su interrogatorio ante la corte haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. Pero la fiscalía sostuvo que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión”.
El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas, según la acusación. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.
El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, radicado desde hace meses en Estados Unidos para conseguir apoyo de la Casa Blanca a su padre.
Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación. Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.
Fuente: AFP.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
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Ordenan captura de empresario de fútbol condenado por incumplir con el deber alimentario
La jueza de Ejecución, Penal Cynthia Sostoa Santander, ordenó la captura a nivel nacional del conocido empresario de fútbol, Miguel Ángel González Zelada, quien tendrá que cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel dictada en junio de 2015, por incumplimiento del deber alimentario.
En su momento el tribunal de sentencia, conformado por los magistrados Liza Battilana (presidenta), Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó al empresario a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el marco de la causa iniciada en 2010, que quedó firme en la sala penal de la Corte el 31 de agosto de 2022.
El juzgado de Ejecución recibió el expediente en fecha 10 de julio de 2025 y tras corroborar todos los datos resolvió ordenar la captura de González Zelada, quien deberá pasar a cumplir la pena.
La jueza dispuso que una vez capturado, el empresario deportivo pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia.
En el marco de este proceso, fue beneficiado en dos oportunidades con la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo, debido a retrasos en el depósito del dinero acordado el proceso debió continuar.
Una vez que el condenado cumpla una parte de su condena tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional al juzgado de ejecución que deberá estudiar si corresponde o no.
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Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
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