Por décima vez se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otros procesados por delitos relacionados con narcotráfico. Esta vez la audiencia se postergó porque la coacusada Gisela Noemí Ramírez recusó nuevamente al juez penal de garantía Miguel Palacios y por tal motivo se suspendió la diligencia judicial.
Ahora el referido magistrado deberá elevar su informe al tribunal de apelación, que deberá estudiar los argumentos de la recusación de la acusada y resolver si confirma la competencia del juez Palacios. En caso de que ratifiquen la competencia del magistrado Palacios, el mismo deberá fijar nuevamente otra fecha para la realización de la audiencia preliminar.
Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Fundamentan pedido de suspensión de la ley de unificación de patente vehicular
El presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Óscar Cabrera, defendió la postura asumida por varios intendentes que piden la suspensión de los efectos de la ley de unificación vehicular por dos meses. Consideró desproporcional el alcance de la cuestionada normativa que ya está vigente en varios municipios del país.
“Ayer nosotros tuvimos una reunión con los representantes de los intendentes de cada departamento y con los miembros de la junta directiva de Opaci también. Estuvieron presentes la mayoría de los representantes de todos los departamentos y la idea es pedir en primer lugar una suspensión por 60 días de la aplicación de esta ley”, mencionó Cabrera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Aclaró que los jefes comunales están obligados a cumplir la legislación sancionada el 7 de enero. Debido al receso en las actividades de las juntas municipales, solo algunos municipios pudieron aplicar la ley convocando a sesión extraordinaria para autorizar los incrementos en las patentes vehiculares.
Desproporcionalidad en los costos
“No se pudo completar aún, porque había una preocupación de los colegas sobre el tema de los precios y se analizaron estos precios fijados a través de la ley. Nosotros creemos que es una desproporcionalidad en algunos casos”, afirmó.
El intendente de Guarambaré y titular del órgano oficial de las municipalidades del país explicó que se analizaron exhaustivamente los costos que tienen para los contribuyentes la nueva ley de aplicación de impuestos a la patente del rodado.
“Encontramos que existe una desproporcionalidad en ese sentido. Un ciudadano que compra un vehículo europeo que cuesta más de 100.000 dólares y otro que compra un vehículo de procedencia coreana que cuesta 30.000 dólars va a pagar lo mismo. Entonces, hay una desproporcionalidad en eso”, remarcó.
Otro aspecto mencionado por Cabrera es que con la nueva ley se aplica el impuesto en jornales más altos para los vehículos usados. “Entonces, nosotros creemos que por una cuestión de justicia en la aplicación y en el valor del impuesto que tenga que pagar cada ciudadano debe estar adecuado a lo que vale su vehículo”, manifestó.
Un proyecto de modificación de la ley será presentado a la Cámara de Diputados y paralelamente los recurrentes piden la suspensión de la aplicación por 60 días.
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Tras reunión, miembros de Opaci solicitarán suspender por 60 días ley de tarifa vehicular unificada
Tras culminar una larga reunión mantenida por miembros de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), los jefes municipales acordaron en conjunto rechazar los costos de la Tarifa Vehicular Unificada por ley. A la vez, anunciaron que solicitarán la suspensión de la aplicación de esta legislación por 60 días, para un mejor estudio de la normativa que entró en vigencia en diciembre pasado.
Los intendentes que conforman la OPACI mantuvieron una extensa reunión en la ciudad de San Bernandino y tras culminar el encuentro anunciaron que este martes mismo, estarán presentando la petición ante el Congreso Nacional.
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Durante el encuentro estuvieron analizando a profundidad la cuestionada legislación, como resultado del debate concluyeron dejar suspendida por 60 días la aplicación de esta legislación y que durante ese tiempo, se lleve adelante el estudio de una nueva propuesta que mejore las condiciones de su aplicación, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la antigüedad del mismo para establecer las tarifas.
No obstante, todos los intendentes municipales señalaron que sí están de acuerdo con la unificación de los precios, de tal modo a evitar que siga habiendo fuga de contribuyentes de los municipios, para dar de alguna forma un fin a la diferenciación de costos de un municipio a otro, estableciendo estándares de tarifas respetando el tipo de vehículo y su antigüedad.
Al respecto, el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera, titular de la Opaci, explicó en comunicación con el programa “Cuenta Final” Radio Universo 970/Nación Media, que la reunión que se llevó a cabo fue con los representantes de cada uno de los departamentos, donde analizaron los alcances sobre la categorización, sobre todo al modelo del vehículo, la marca y el año.
“Entendemos que la Ley 620 debe ser modificada porque es una ley muy antigua del año 76, pero con esa ley los vehículos viejos pagaban menos. Entonces, buscamos un mecanismo que podamos proponer, ya hemos tenido una conversación con los proyectistas de la ley vigente, y todos son conscientes de que se puede modificar”, expresó.
Indicó que lo que se busca con la unificación de los precios es evitar que siga habiendo competencias entre un municipio y otro, causando perjuicio del otro municipio. Aseguró que han trabajado todos juntos para sacar una propuesta que beneficie a los municipios, pero sobre todo a los ciudadanos.
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Primer operativo “Y Jeroja” lleva 200.000 litros de agua al Chaco
El primer operativo “Y Jeroja” del año 2025 partió por la mañana de este lunes, desde el Cuartel General del Comando del Ejército, en Asunción, con 200.000 litros de agua repartidos en 13 camiones cisterna para dar asistencia a diez comunidades del Chaco, ubicadas en el distrito de río Verde, entre los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.
“Es el primer envío importante que estamos realizando desde el cuartel del Ejército, pero el envío lo estamos haciendo de forma permanente por nuestros medios, pero hoy ya necesitamos nuevamente el apoyo de las Fuerzas Armadas”, explicó el ministro Arsenio Zárate, titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), ante la prensa, durante la salida del contingente.
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Con este envío serán beneficiadas 1.000 familias, aproximadamente, de ocho aldeas indígenas y dos latinas, con 20.000 litros de agua por comunidad, que son las siguientes: La Herencia Centro, Primavera, Palo Blanco, Palo Azul, Jerusalén, Nazareth, La Rosa Cué, Macedonia, Pozo Colorado km 270, Río Verde km 325.
“Solamente tenemos cinco vehículos con capacidad de 20.000 litros, más otro vehículo con capacidad de 10.000 litros, es decir, son 110.000 litros de capacidad que tenemos en la Secretaría de Emergencia Nacional”, explicó Zárate sobre la necesidad de este operativo interinstitucional con las Fuerzas Armadas, otras instituciones del Estado y del sector privado para trasladar agua potable de manera más eficiente al territorio chaqueño.
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El ministro de SEN comentó que la escasez del líquido vital se produce en el Bajo Chaco desde kilómetro 320 para abajo. Recordó que junto al Comando de Ingeniería, municipalidades y gobernaciones realizaron la limpieza de ocho tajamares, pero que todavía no tienen agua suficiente, por ello se realiza este envío, apelando al uso racional, para que se destine solo para consumo.
Zárate dijo que en el área superior del Chaco tuvieron lluvias suficientes para contar con agua acumulada, y que en Teniente Primero Manuel Irala Fernández disponen de un macro captador con capacidad para cosechar hasta 34 millones de litros de agua. “Y Jeroja” transportó 10.000.000 de litros de agua en el 2024, y 7.000.000 en el 2023. Actualmente coordinan acciones ante la previsión del fenómeno de La Niña, que implica sequía, señaló el ministro de Defensa, Óscar González.
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Mafia de los pagarés: Corte levantó la suspensión de la jueza de Paz Analía Cibils
El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió levantar la suspensión sin goce de sueldo que pesaba sobre la jueza de Paz de la Encarnación, Analía Cibils, quien fue sumariada por la máxima instancia judicial por el caso conocido como la mafia de los pagarés, que investiga si la referida magistrada era cómplice de los hechos irregulares sobre el doble cobro de los pagarés.
El pasado 18 de diciembre del año pasado, la Corte hizo lugar a la suspensión de la citada magistrada y atendiendo a lo que la vigencia de la suspensión que debía ser un mes, y al cumplirse el plazo, los ministros decidieron levantar la suspensión de la jueza de Paz.
En su momento, la Corte también dispuso el sumario y la suspensión en sus funciones de los actuarios Martina Rivela Santacruz y Ricardo Cuevas. Mientras que los ujieres que habrían participado de la presunta mafia de los pagarés son Audrey Galeano y Nicolás Antúnez Tillería; y los oficiales de Justicia, Héctor Noguera, Guadalupe Almada, Patricia Ortiz Leiva y Víctor Santacruz González.
También en su momento los ministros de la Corte suspendieron en sus funciones a la jueza Liliana González de Bristot, del juzgado de Paz del distrito de San Roque de la Capital, así como también a varios funcionarios de otros juzgados de Paz de Asunción.
Igualmente, el Ministerio Público podría investigar a los jueces, así como a los ujieres y otros funcionarios judiciales por el caso de la mafia de los pagarés.
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