El extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Darío Quesnel, condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza por un desvío de G. 3.127 millones seguirá cumpliendo su condena en la cárcel de Tacumbú. Así resolvió el tribunal de apelación quien confirmó la resolución del juzgado de ejecución quien ya había rechazado la libertad condicional del condenado. Asimismo, con la resolución del tribunal de alzada, el condenado deberá seguir un tratamiento psicológico así como ya dispuso el juzgado de ejecución con anterioridad.
El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro, y María Luz Martínez, el 28 de agosto del 2018, había condenado al extitular del Indi, Rubén Darío Quesnel a 10 años de cárcel. Luego la sentencia condenatoria fue confirmada por los entonces camaristas Emiliano Rolón (hoy día fiscal general), Arnulfo Arias, y Carlos Ortíz Barrios.
Te puede interesar: Ratifican condena de 31 años de cárcel para Laura Villalba, enfermera del EPP
La sentencia dictada en ambas instancias señala que los G. 3.127 millones debieron ser destinados a varias comunidades indígenas como pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras ser violentamente sacadas de sus tierras y restituidas posteriormente.
El presente caso fue uno de los pocos que se llegó a juicio oral donde terminó con una sentencia condenatoria y que la condena fue confirmada en cámara y la Corte Suprema de Justicia.
Podes leer: Buscan a hombre que disparó a una niña de 2 años durante discusión en Asunción
Dejanos tu comentario
Juez se opone a blanquear a extitutlar de IPS y considera que podrían existir hechos punibles
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.
El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
Te puede interesar: En Encarnación detienen a mujer por agredir a su expareja
Asesor jurídico IPS
Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.
Dejanos tu comentario
Comunidades indígenas reciben inversión
El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) concretó una significativa inversión en la ejecución de microproyectos destinados a mejorar la calidad de vida en siete comunidades indígenas del departamento de Canindeyú.
Las obras incluyeron la mejora de la provisión de agua potable para cuatro comunidades, mediante la perforación de pozos artesianos y la instalación de tanques elevados de 10.000 litros de capacidad, cada uno equipado con sus respectivos motores. Este sistema permitirá garantizar el acceso constante a agua potable, atendiendo una necesidad prioritaria para estas colectividades.
Además, se construyeron dos salones comunitarios que brindarán espacios seguros y versátiles para el desarrollo de actividades diversas, desde reuniones hasta almacenamiento de insumos.
A su vez, se dotó a una comunidad de implementos agrícolas y un motocarro, con el objetivo de fortalecer su sistema agropecuario y fomentar la autosuficiencia alimentaria. Estos proyectos materializan un deseo por las comunidades indígenas del departamento de Canindeyú, una realidad posible gracias a la voluntad política de brindar atención prioritaria a los pueblos indígenas del país.
El presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, expresó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno con las comunidades indígenas, otorgándoles una prioridad fundamental dentro de la agenda estatal, con el propósito de que puedan alcanzar una vida digna y mejores oportunidades para su desarrollo integral.
Dejanos tu comentario
Comunidades indígenas reciben inversión en microproyectos para el desarrollo
El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) concretó una significativa inversión en la ejecución de microproyectos destinados a mejorar la calidad de vida en siete comunidades indígenas del departamento de Canindeyú.
Las obras incluyeron la mejora de la provisión de agua potable para cuatro comunidades, mediante la perforación de pozos artesianos y la instalación de tanques elevados de 10.000 litros de capacidad, cada uno equipado con sus respectivos motores. Este sistema permitirá garantizar el acceso constante a agua potable, atendiendo una necesidad prioritaria para estas colectividades.
Además, se construyeron dos salones comunitarios que brindarán espacios seguros y versátiles para el desarrollo de actividades diversas, desde reuniones hasta almacenamiento de insumos.
Puede interesarle.: Rescatan en Brasil a 26 paraguayos que vivían en condiciones de esclavitud
A su vez, se dotó a una comunidad de implementos agrícolas y un motocarro, con el objetivo de fortalecer su sistema agropecuario y fomentar la autosuficiencia alimentaria. Estos proyectos materializan un deseo por las comunidades indígenas del departamento de Canindeyú, una realidad posible gracias a la voluntad política de brindar atención prioritaria a los pueblos indígenas del país.
El presidente del INDI, Juan Ramón Benegas, expresó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas, otorgándoles una prioridad fundamental dentro de la agenda estatal, con el propósito de que puedan alcanzar una vida digna y mejores oportunidades para su desarrollo integral.
Puede interesarle: Avanza la digitalización de registros en unidades de salud de Alto Paraná
Dejanos tu comentario
Caso Samuelito: madre indignada por libertad de condenado por la muerte de su hijo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En setiembre de 2023, Lucas Gabriel González Leiva fue condenado a 12 años de cárcel por la muerte del niño de 11 años, Francisco Samuel Moreira Benítez, por atropellarlo en la vereda donde compartía con su familia. El joven estaba alcoholizado y drogado, según se demostró en juicio. El 1 de noviembre pasado obtuvo arresto domiciliario y la medida generó mucho dolor en la familia del niño. Sonia Benítez Duarte, madre del pequeño, anunció que continuarán exigiendo justicia y apelarán la medida otorgada.
“Me siento indignada, impotente, es una situación que no esperábamos, una condena de 12 años, un juicio que nos llevó casi tres años concluir y, en un día, resuelven arresto domiciliario, es de no creer, pero había sido que se puede”, dijo Sonia Benítez a La Nación/Nación Media. Explicó que la defensa de Lucas Gabriel había apelado la sentencia de condena y un tribunal le concedió sobre la medición de la pena y “nos querían mandar nuevamente a un juicio oral que debía realizarse el 1 de noviembre, lo que es una total injusticia”.
Puede interesarle: Noviembre Azul: el segundo cáncer más letal en hombres es de próstata
Comentó que presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y, “al día siguiente, (defensores de Lucas Gabriel) ya pidieron revisión de medida que el tribunal rechazó, porque era imposible justificar eso con un condenado a 12 años de prisión”. Agregó que “los defensores del autor volvieron a apelar y en menos de 24 horas, la Cámara de Apelaciones resolvió concederles el arresto domiciliario”.
Anunció que recurrirán a la CSJ porque “no podemos permitir esta desfachatez, cómo vamos a hablar de justicia si es tan fácil que un condenado a 12 años tenga su prisión domiciliaria”. “De los tres miembros de la cámara, dos votaron a favor de la medida; la preopinante y la principal es Marta Isabel Acosta Insfrán, no sé cuanto habrá recibido, lo diré así directamente, porque es demasiado obvio”, dijo la madre del niño fallecido.
Puede interesarle: Condenaron a 12 años de prisión a joven que atropelló y mató a un niño
Antecedente de la causa
El hecho que llevó a la condena y ahora la medida de arresto domiciliario, ocurrió el 15 de noviembre de 2020, a las 20:50. Lucas Gabriel González Leiva, bajo los efectos del alcohol y las drogas, al mando de un automóvil, atropelló y causó la muerte de Francisco Samuel Moreira, quien tenía 11 años. El trágico accidente fue sobre la avenida San José, en el kilómetro 6,5. de Ciudad del Este. Lucas conducía a alta velocidad un automóvil Toyota Premio de color perla, con matrícula AACU 314.
Primero chocó contra un vehículo estacionado al lado de la carretera y, mientras huía de ese primer percance, atropelló y mató al niño, quien estaba con su familia en la vereda de una hamburguesería. Luego del atropello, el vehículo se estrelló contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que por el impacto cayó sobre el rodado y ocasionó lesiones al conductor.