El jueves sigue la audiencia preliminar donde ya se podría conocer la resolución de la jueza Rosarito Montania en el caso del pastor José Insfrán Galeano. Foto: Gentileza
A Ultranza Py: se inició audiencia preliminar del pastor José Insfrán
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Arrancó la audiencia preliminar para el supuesto narcopastor José Alberto Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, procesado por lavado de dinero, producto del narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py. La audiencia se desarrolla vía telemática atendiendo la peligrosidad del acusado quien está recluido en la penitenciaria de Emboscada. La audiencia proseguirá el jueves.
El Ministerio Público se ratificó en su acusación pidiendo a la jueza Montanía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La Fiscalía sostiene que el pastor Insfrán Galeano creó la figura de la asociación religiosa “Centro de Avivamiento de Curuguaty” con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular las ganancias ilícitas del narcotráfico puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional.
Del mismo modo el Ministerio Público describió que varias empresas que pertenecen al Clan Insfrán enviaron 17 mil kilos de cocaína a Europa. También mencionó que una de las empresas que se dedica a la supuesta venta de neumáticos envió 10 mil kilos de cocaína a Europa. El envío de la droga generó ganancias por más de USD 433 millones.
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Caso Status: condenan a 5 personas por ser parte de una red que lavaba dinero del narcotráfico
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El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
Durante el recorrido, los magistrados lograron conversar a puertas cerradas con un interno, quien confesó que pagaba alrededor de 300 mil guaraníes mensuales a otro recluso que actuaba como “regente”. Foto: Archivo
Internos pagaban hasta G. 300 mil por celdas VIP en Emboscada, según jueza
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El lunes se realizó una sorpresiva intervención en la Penitenciaría de Emboscada que derivó en el hallazgo de lujosas “celdas VIP”. Sobre el tema, la jueza penal de ejecución Rossana Bogarín, quien encabezó la visita el pasado viernes, relató que el procedimiento tenía como objetivo verificar las condiciones de los internos y garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la inspección reveló una realidad distinta: celdas con comodidades y privilegios a las que no accedían todos los reclusos. De acuerdo con el testimonio de la magistrada, incluso se intentó ocultar la existencia de estas habitaciones especiales por parte de las propias autoridades penitenciarias.
Durante el recorrido, los magistrados lograron conversar a puertas cerradas con un interno, quien confesó que pagaba alrededor de 300 mil guaraníes mensuales a otro recluso que actuaba como “regente” para poder habitar en una de estas celdas mejor acondicionadas. El detenido no precisó a quién llegaba finalmente ese dinero, según comentó a la 680 AM.
Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 42 internos a otro penal, como una medida para desligarse de las críticas y dar señales de control. No obstante, el hallazgo contradice el discurso oficial que insiste en que la situación de los establecimientos penitenciarios están bajo control.
En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos. Estos espacios estaban ocupados por personas procesadas por el operativo “A Ultranza” y que guardaban reclusión en el lugar. El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses.
La jueza Alicia Pedrozo elevó a juicio oral el proceso penal de Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por supuestamente haber distribuido contenido sexual sin consentimiento. Foto: Gentileza
Duck Sex Games: Luis Montanaro enfrentará juicio oral y público
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La jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el empresario Luis Augusto Montanaro, acusado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por supuestamente haber distribuido contenido sexual sin consentimiento. El caso es conocido como Operativo Duck Sex Games, y saltó a la luz en julio del 2024.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Juzgado Penal de Garantía a cargo de la jueza Alicia Pedrozo. La magistrada rechazó los incidentes de nulidad y sobreseimiento definitivo planteados por la defensa de Montanaro Bedoya y admitió la acusación del Ministerio Público y elevó el proceso penal a juicio oral.
De acuerdo a la acusación, el 10 de julio de 2024, Montanaro compartió sin consentimiento, a través de distintas plataformas, varias imágenes y videos de carácter íntimo sexual pertenecientes a una mujer, cuyos archivos obtuvo durante las relaciones sexuales que mantuvo con la víctima, cuando ambos tenían una relación sentimental de noviazgo.
Segundo juicio oral
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, meses atrás resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal, Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Suspenden inicio de juicio oral del senador Erico Galeano
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Debido a la asunción de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada como nuevos defensores del senador Erico Galeano, acusado por lavado de dinero, se suspendió el inicio del juicio oral y público para el parlamentario.
El tribunal se sentencia, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, pospuso para el lunes la audiencia oral, pero los nuevos defensores volvieron a cuestionar la nueva fecha y apelaron dicha determinación, por lo que el expediente va a ir a la cámara de apelación.
“Una inconsistencia con mi abogado anterior, diferencia de criterios nada más y ahí están los cambios. Mucho tiempo que ya estábamos con el equipo jurídico de Cristóbal (Cáceres Frutos) y un poco desgaste por el camino, tuvimos diferencia que se fueron acrecentando con el tiempo y bueno tuvimos que romper relaciones”, dijo Galeano al abandonar el Poder Judicial.
Esta es la tercera vez que se posterga el inicio del juicio oral al legislador acusado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la causa A Ultranza Py.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta habían sostenido al momento de presentar la acusación que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, no es casualidad como se pretendió instalar.
De acuerdo a la investigación, el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave.