Fiscalía recuerda que hacer disparos al aire está penado por ley
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El fiscal Alcides Corvalán, de la unidad especializada en Seguridad y Convivencia de las personas, mencionó que realizar disparos al aire con armas de fuego está penado por la ley y que los autores de este tipo de hecho punible se exponen a 5 años de cárcel.
El representante del Ministerio Público indicó que el artículo 203 del Código Penal paraguayo, que trata de la producción de riesgos comunes, en concordancia con la ley de armas 4036/10, en su inciso b, castiga el hecho con la pena de 5 años de cárcel.
En el contexto de la celebración de la Navidad, el fiscal exhortó a tomar consciencia del uso de las armas de fuego, teniendo en cuenta que años anteriores se registraron casos con víctimas fatales. Corvalán señaló que “realizar disparos al aire puede traer graves consecuencias, desde una lesión grave, hasta un homicidio”.
Hay que señalar que uno de los casos que enlutó al país es el de la niña Paz Valentina, quien acusó una bala perdida cuando se encontraba jugando en el patio trasero de su casa en la madrugada de Navidad del 2012. El proyectil alcanzó la clavícula izquierda de la niña, afectando la arteria aorta, causándole la muerte unos minutos después. Por el hecho fue condenado el taxista Jorge Prisco Ledesma Ortiz, vecino de la víctima.
Fuegos pirotécnicos y alcohol
La Fiscalía recuerda también a la ciudadanía acerca de la peligrosidad de los fuegos pirotécnicos y llama a la consciencia y responsabilidad de los padres sobre el uso y manipulación de los fuegos pirotécnicos en poder de los niños.
El Ministerio Público insta a no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que puede causar tragedias en las rutas, por lo que advierte a los conductores que, manejar ebrios y causar accidentes representa un hecho punible. Por ello, recomienda evitar los excesos en el consumo del alcohol y sustancias prohibidas a fin de prevenir los siniestros viales fatales.
El Ministerio Público inició dos sumarios administrativos al fiscal Juan Daniel Benítez por liberar a un presunto feminicida y por participar en actos políticos. Foto: Archivo
Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
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La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Miguel Prieto aparece junto a algunos de sus funcionarios y el abogado Guillermo Ferreiro, que ejerce su defensa. Foto: Archivo
Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones.Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
El presidente de la Corte alerta sobre uso indebido de su nombre en gestiones no autorizadas
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, alertó a la ciudadanía sobre el uso indebido de su nombre en supuestas gestiones realizadas mediante mensajes, llamadas u otros medios digitales. Desmintió categóricamente haber solicitado contrataciones, donaciones u otros beneficios institucionales por canales informales, y reafirmó que toda actuación debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.
Diesel fue tajante al señalar que no ha autorizado ni autorizará ningún tipo de gestión o intermediación que no se encuentre estrictamente enmarcada dentro de los canales formales y legales de la administración judicial.
La aclaración se emite en atención a la circulación de mensajes y comunicaciones a través de medios digitales, en los que se menciona indebidamente el nombre del ministro Diesel para la supuesta realización de pedidos institucionales, tales como contrataciones, donaciones u otros beneficios. Al respecto, el titular de la Corte expresó su preocupación ante la gravedad del hecho y advirtió que este tipo de acciones podrían configurar figuras punibles.
En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a desestimar cualquier comunicación que invoque su nombre por fuera de los canales institucionales establecidos, y reiteró que toda actuación del Poder Judicial debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.
Finalmente, reafirmó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la integridad institucional, la confianza ciudadana y la estricta observancia del marco legal vigente. Señaló, además, que cualquier intento de obtener beneficios indebidos será perseguido y denunciado conforme a derecho.