El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, condenó este sábado al exministro del Interior, Walter Bower a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000. Los apremios que recibieron entonces fueron los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López Sosa.
El presente proceso judicial es el más largo de la historia penal del Paraguay, ya que este mes de mayo próximo se cumplirán 25 años de los sucesos ocurridos.
Los sentenciados deberán guardar reclusión en la cárcel de Viñas Cué, según la disposición judicial.
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La Sala Penal confirma condena al exintendente Cárdenas por daño patrimonial a Lambaré
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. De esta forma, queda firme la condena de dos años con suspensión de la ejecución penal.
El fallo resolvió que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por ley para impugnar la sentencia, al no presentar una argumentación detallada ni fundamentos específicos que justificaran el análisis casatorio del máximo tribunal.
Cárdenas fue encontrado culpable de lesión de confianza, que provocó un grave perjuicio patrimonial de G. 5.704 millones a la Municipalidad de Lambaré, al desviar fondos de royalties destinados a la pavimentación urbana.
La importancia del fallo radica en que con este rechazo de casación, la condena ya no admite recurso y debe considerarse legalmente ejecutable, lo que en términos prácticos implica que Cárdenas podría quedar sujeto a las consecuencias previstas por el sistema judicial.
El voto mayoritario, respaldado por la magistrada Carolina Llanes, enfatizó que el recurso presentado era genérico y no cumplía con el deber de fundamentación ni con la exigencia de argumentación lógica, crítica y verificable.
Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que incluso figuras políticas de alto perfil deben responder ante los actos de corrupción y que los recursos deben cumplir con estrictos parámetros formales si pretenden ser admitidos. El precedente sienta un mensaje claro sobre la responsabilidad pública y el rigor en el acceso a recursos extraordinarios.
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Dos dirigentes jesuitas fueron condenados en Bolivia por encubrir a cura pederasta
Dos dirigentes jesuitas españoles fueron condenados este martes en Bolivia por encubrir los delitos del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, quien confesó abusos a menores hace 40 años, informó una asociación de víctimas.
Los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix fueron llevados a juicio en 2023 por exalumnos de un colegio de Cochabamba (centro). Allí Pedrajas, también español, tuvo su principal actividad como profesor y guía espiritual.
El sacerdote fallecido en 2009 detalló en un diario privado abusos sexuales contra más de 80 niños y adolescentes durante las décadas de 1970 y 1980. Mencionó que los acusados tenían conocimiento. El documento se hizo público en abril de 2023.
“Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada (...). Éramos niños, nos hicieron creer que la justicia” la impartían los jesuitas, dijo Wilder Flores, representante de las víctimas en un comunicado.
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Por su edad y la corta pena, sin embargo, Recolons y Alaix no serán ingresados a prisión. “Hoy es un día histórico para el colegio Juan XXIII y para el país”, dijo a la AFP Pedro Lima, exjesuita y denunciante.
Los dos hombres fueron cabezas de la Compañía de Jesús en Cochabamba. La justicia determinó que aunque tuvieron conocimiento de los hechos, no informaron a las autoridades nacionales.
Pedrajas llegó a Bolivia en 1970 y murió de cáncer a los 66 años sin ser juzgado. Flores señaló que es el primer fallo de este tipo en el país y “la punta del iceberg” para conocer más hechos de abusos al interior de la Iglesia Católica boliviana.
“Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”, dijo.
Lima informó que existe otro proceso en curso contra los jesuitas Osvaldo Chirveches, Bernardo Mercado e Ignacio Suñol, por encubrir a Alejandro Mestre, otro cura español denunciado por violación a un menor en 1961.
- Fuente: AFP
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Padres de Sol Chávez exigen celeridad en la ejecución de condenas a odontóloga y bioquímica
Los padres de María Sol Chávez exigen la rápida ejecución de las condenas dictadas contra la odontóloga y la bioquímica vinculadas a la muerte de su hija. Ambas fueron sentenciadas tras pruebas contundentes y veredictos ratificados, pero aún en el marco de instancias judiciales que podrían dilatar el cumplimiento de la sentencia.
María Edith Chávez, madre de la joven fallecida, expresó con voz firme: “Nosotros vamos a estar acá porque tenemos que cumplir nuestra misión, que es honrar la vida de nuestra hija. Y continuar acá hasta el último día”, dijo en contacto con la 780 AM.
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Antecedentes
En mayo de 2025, en el tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia condenó a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza a 4 años de cárcel y a la bioquímica Sandra Hermosa a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor. Recientemente, el Tribunal de Apelación ratificó esas condenas, desestimando los recursos presentados por las defensas.
El reclamo de la familia se da en un contexto donde, pese a las resoluciones firmes, persiste la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría retrasar la ejecución de las penas. Los padres, conscientes de esta situación, insisten en que ese recurso no debe convertirse en un obstáculo para que se cumpla lo que ya dictaron los tribunales.
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El dolor de la pérdida se traduce en una exigencia pública. “Honrar la vida de nuestra hija”, insiste la madre, subrayando que el cumplimiento efectivo de la sentencia es parte de ese homenaje. La vigilia frente al Palacio de Justicia refleja tanto la espera como la firme determinación de que cada día cuenta.
Además, la familia ha buscado visibilidad a través de protestas pacíficas, encadenándose para mantener el reclamo vigente. Su lucha ya no es solo un acto de justicia individual, sino una voz que interpela al sistema judicial para que actúe sin demoras.
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Trasladan de nuevo a expresidente peruano Vizcarra a cárcel para exmandatarios
El gobierno de Perú dispuso este miércoles el traslado del expresidente Martín Vizcarra a una cárcel para exmandatarios, al revertir una orden penitenciaria que lo había enviado a una prisión común por un caso de presunta corrupción.
Vizcarra, que fue jefe de Estado entre 2018 y 2020, cumple prisión preventiva por un proceso que se le sigue por supuestos sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que el político de 62 años volverá a la pequeña prisión en una base policial al este de Lima, donde también están encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
“Está retornando el día de hoy” a la prisión de Barbadillo, anunció Santiváñez en conferencia de prensa.
Señaló que la medida se tomó luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que había trasladado a Vizcarra el viernes a una cárcel común, reevaluó el hecho que “esa persona había ejercido el cargo de presidente de la República”.
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Un juez ordenó el 14 de agosto prisión preventiva por cinco meses para Vizcarra, alegando riesgo de fuga.
La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas. Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).
Vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.
- Fuente: AFP
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