Un total de nueve municipios de Central, Villa Elisa, San Antonio, J. A. Saldívar, Ñemby, San Lorenzo, Ypané, Nueva Italia, Villeta, Itauguá presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la nueva ley que unifica el costo de las patentes de habilitaciones vehiculares. La Corte Suprema de Justicia enviaría el caso al fiscal general del Estado para que analice la viabilidad de la acción.
La acción solicita como medida cautelar suspender los efectos de la ley del sistema unificado de cobro de patentes de rodados, mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Entre los argumentos esgrimidos por los asesores jurídicos que firmaron la acción, se mencionan que viola la igualdad contributiva y la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, según explicaron los abogados.
La acción surgió tras la invitación realizada por las autoridades del municipio de Ñemby, que invitó a los demás jefes comunales a sumarse para plantear la mencionada acción judicial, a fin de salvaguardar a los ciudadanos que, de aplicarse la nueva normativa, deberán duplicar y hasta triplicar el pago de las patentes por la habilitación vehicular, explicó uno de los abogados.
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“Solicitamos la suspensión de los efectos como medida cautelar, hasta que se resuelva la acción y todo dependerá de los ministros de la Corte. El código establece que en 3 días se debe dar providencia”, comentó el abogado Héctor Parodi, asesor jurídico de San Lorenzo.
¿Modificación o derogación?
Desde el Congreso, varios legisladores no solo cuestionaron la nueva ley, sino además, algunos ya plantean modificaciones y otros derogar la ley y hacer una nueva, dando posibilidad a las partes para que puedan participar de la elaboración de la normativa.
Desde la sociedad, las quejas no se hicieron esperar, considerando el elevado costo que representará la nueva tasa, en especial para los que tienen vehículos más antiguos y tributan en los municipios de tercera categoría, donde los impuestos eran mucho más bajos.
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La queja fue principalmente porque con esta nueva legislación no todos abonan el mismo monto, sin importar que el vehículo sea de alta gama, solamente por ser del mismo año de fabricación tributan igual. Esto motivó la queja generalizada, ya que no es lo mismo un auto que cuesta 10.000 dólares a uno que cuesta 25.000 o más.