La Policía Nacional logró la detención de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más 6 años.

Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.

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En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.

Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.

Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.

Ahora Ortigoza deberá comparecer ante los juzgados penales de garantía donde se definirá si el mismo estará privado de su libertad.

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El presidente de la República, Santiago Peña, cumplió el mandato constitucional de presentar un balance de su gestión ante el Congreso. Opositores como Rafael Filizzola o Celeste Amarilla criticaron el discurso del mandatario con una serie de incongruencia, imprecisiones o absurdo.

Algunas de las incongruencias que mencionó el senador de País Soli­dario se referían a que, por ejemplo, el programa Hambre Cero lo recibie­ron 375.000 alumnos y no los más de 1 millón que sos­tiene el Gobierno. Hay que recordarle al legislador que ese dato corresponde a la encuesta de 2024, tiempo en que el programa estuvo vigente de agosto a noviem­bre, en 90 distritos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarro­llo Social, desde febrero de este año 2025, Hambre Cero está presente en los 263 distritos del país de forma diaria, alimentando a 1.050.000 de niños.

Filizzola también hizo alu­sión a que la pobreza se redujo porque se incluyó Hambre Cero como un ingreso de las familias. Pero este punto no es una ocurrencia del INE, sino que responde a una reco­mendación internacional que siguen todos los países, cuando se trata de programas de alimentación como este que impulsa el Gobierno son estables y medibles.

También intentó depreciar el informe cuando el legislador señaló que el Programa Ali­mentario Nutricional Inte­gral (PANI) no se está ejecu­tando. Peña se refería a que la leche que se comprada este año es 22 % menos al precio de referencia, generando un ahorro de más de G. 47 mil millones. Finalmente, en referencia al desempleo, cifra que dista de la creencia nega­tiva que tiene la oposición, fue de 5.6 % de la población, cifra que nunca se tuvo para un primer trimestre desde que el INE hace encuestas trimestrales desde 2017.

Por otra parte, la senadora libera Celeste Amarilla tam­bién habló acerca del informe del presidente, señalando a modo de reproche que las “heladeras están vacías”. Sobre esto, el discurso pre­sidencial hizo énfasis en aspectos económicos rele­vantes como que el PIB creció 5.9 % en el primer trimestre del año; el consumo privado (de las familias) creció 4.9 % y la inversión fue del 12.7 %. Asimismo, el consumo pri­vado aumentó por la diná­mica positiva de los servi­cios, el consumo de alimentos y bebidas, las prendas de ves­tir y calzados; y, la venta de vehículos, electrodomésticos y muebles.

La legisladora omite que de 7 sectores, 6 crecieron: el comercio, los servicios, la manufactura, la construc­ción, o la ganadería, mues­tran una fuerte expansión; mientras que las ventas aumentaron 6.5 % en prome­dio durante el primer cuatri­mestre del año.

Otro dato relevante que mata definitivamente el relato opositor es que se registra­ron 85.000 nuevos cotizan­tes en IPS llegando a cerca de 800.000 trabajadores for­malizados, cifra nunca antes registrado en nuestro país.

Pedro Alliana sostuvo que desde el Poder Ejecutivo seguirá trabajando para satisfacer las necesi­dades de la ciudadanía.

“Sabemos que no es suficiente, que falta todavía mucho, vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nues­tro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudadanía”, expresó Alliana.

Así también, sobre la gestión y el trabajo de los miembros del Gabinete, apuntó: “Conforme, el presidente de la República le da el apoyo y, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia como nexo con el Legislativo, estamos ahí para acompañar”.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, está llevando el crucial trabajo para llevar adelante la política social del gobierno del presidente Santiago Peña.

El secretario de Estado se refirió a todos los programas sociales que se están ejecu­tando a poco menos de dos años de gestión.

“Antes de asumir el 15 de agosto del 2023, el presi­dente Santiago Peña nos convocó a un taller de capa­citación, de orientación, de discusión sobre sus planes de Gobierno, trabajamos casi un día, y en ese momento fue claro y contundente de que una de las banderas más fuertes de su gobierno iba a ser lo social”, detalló Rojas al programa “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que este compro­miso social fue asumido públicamente por Peña al iniciar su mandato, estable­ciendo como meta la foca­lización de los programas sociales como factor deter­minante para cambiar la vida de lo paraguayos que se encuentran en situación vul­nerable.

“A partir de allí empeza­mos a trabajar y fuimos gra­dualmente. Primero hemos trabajado, antes de cum­plir los 100 días, lanzamos el plan nacional de reduc­ción de la pobreza en una reunión gigante. Hemos tomado la decisión, tam­bién en los primeros 100 días, por el aumento de Tekoporã, denominado a partir de ahí Tekoporã Mbarete con un 25 % de aumento en las transfe­rencias monetarias”, indicó el ministro.

Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.

El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.

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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.

Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.

Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.

Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.

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El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez confirmó que alrededor de 1.000 oficiales y suboficiales se encuentran bajo sumario por diferentes hechos, entre ellos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

“Hay un trabajo mucho más proactivo en estos tiempos de la Dirección General de Asuntos Internos que ha sido potenciado de una manera significativa y hace un trabajo mucho más proactivo”, expresó.

Se detectó la presencia de elementos contaminados en los cuadros policiales, ya sea por el crimen organizado o la delincuencia. “Si uno tiene cierta sospecha de ciertas operaciones desde la colección de datos hasta el operativo final en el terreno, puede tornarse dentro de lo que es una incertidumbre”, subrayó.

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“Entonces, lo que nosotros hacemos amén de que estos elementos contaminados representan una amenaza armada a la sociedad, obviamente. También representan una amenaza para el personal policial activo”, añadió.

El comandante Benítez afirmó que estos personales pueden filtrar información o frustrar operaciones. “En el peor escenario es someter a una emboscada al propio camarada. Es un elemento bastante sensible y bastante peligroso dentro de las instituciones policiales. Por eso hay como 1.000 sumariados”, manifestó a Unicanal.

Detalló que dentro de estos policías sumariados, la mayoría corresponde a oficiales o suboficiales que no se presentaron a su lugar de trabajo, se atrasaron. Otros viajaron fuera del país sin informarlo, otros tuvieron problemas particulares (con el vecino, etc.).

“Pero también a esto hay que sumar aquellos que sí están bajo sumario dentro de lo que es Asuntos Internos, Justicia Policial y el Ministerio Público y hay algunos elementos que los pueden vincular fehacientemente con organizaciones criminales o delincuenciales”, sostuvo.

Consideró una situación difícil y sensible tomar las medidas. “Pero tenemos la mejor predisposición de ir quitando de nuestras filas y lo estamos haciendo. Penosamente los enviamos a la calle y no solamente van a la calle, porque luego van a prisión. Entonces, estamos haciendo el mayor esfuerzo de tal manera a extirpar a estos elementos para que no sean una amenaza armada a la sociedad y una amenaza interna a la institución”, finalizó.

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