El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva espera que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firme “a fin de este año”, según manifestó a la presidenta de la Comisión Europea.

La Comisión puso en marcha esta semana el proceso de ratificación del tratado comercial, que enfrenta la reticencia de Francia y tendrá que ser aprobado por los 27 países del bloque y el Parlamento Europeo.

En un diálogo de 20 minutos con Ursula von der Leyen, Lula “saludó” que el ejecutivo europeo haya validado el acuerdo, primer paso antes de someterlo a los estados miembros y eurodiputados, según una nota oficial.

El mandatario de izquierda “manifestó la expectativa de que el acuerdo pueda ser firmado a fin de este año, durante la cumbre del Mercosur en Brasil”.

Desde que concluyeron las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, sectores agrícolas europeos -y en especial franceses- se mostraron muy críticos.

París reitera desde hace años sus reservas sobre el acuerdo, que considera una potencial amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles.

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Para tranquilizar a Francia, Bruselas prometió completar el tratado con un “texto jurídico” que refuerce las medidas de salvaguardia para “los productos europeos sensibles”.

Lula pidió este viernes a Von der Leyen que “cualquier reglamentación sobre salvaguardias que sea adoptada internamente por la UE esté en plena conformidad con el espíritu y los términos pactados en el acuerdo”.

De aprobarse, el tratado UE-Mercosur abarcará un mercado de más de 700 millones de personas.

• Fuente: AFP

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La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, fijó para el 16 de octubre a las 09:30 la audiencia para estudiar el incidente de salidas transitorias que solicitó María del Carmen Martínez, exdirectora de Talento Humano de la Universidad Nacional de Asunción, quien fue condenada a 3 años 6 meses de cárcel por hechos de corrupción en el caso conocido “Una no te Calles”, registrado en el año 2015. La audiencia será llevada a cabo a través de medios telemáticos.

Martínez fue condenada en el mes de agosto del año 2022 a 3 años y 6 meses de cárcel por el delito de lesión de confianza, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

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El abogado Yamil Colucci, defensor de la condenada, presentó en junio de este año un incidente solicitando salidas transitorias para su defendida. Luego del cumplimiento de los requisitos procesales, el Juzgado de Ejecución ordenó entrevistas psicológicas, estudios socioambientales y dictámenes técnicos, cuyos informes ya están agregados en el expediente judicial.

En el mes de agosto, el Ministerio Público emitió el dictamen fiscal Nº 327 respondiendo al traslado del incidente. Con base en ello, la magistratura resolvió fijar audiencia para sustanciar el pedido.

Lo llamativo de la resolución es que, conforme a la Ley 6495/2020 y la Acordada 1650/22, la audiencia será realizada de manera virtual a través de la aplicación WhatsApp, medida que busca garantizar la seguridad y reducir riesgos de traslado.

La juez advirtió que las partes deberán proporcionar previamente los números de contacto para la videoconferencia, bajo apercibimiento de considerarse incomparecencia injustificada en caso de incumplimiento.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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