México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.

En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.

El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.

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Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.

“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.

Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).

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La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.

El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.

Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.

Fuente: AFP.

El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.

Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.

“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.

“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.

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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.

“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.

Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

• Fuente: AFP

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Comenzó el juicio oral para Fabrizio José Maldonado Genes, acusado por el homicidio del exdirector del penal de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo, quien fue asesinado a tiros en junio del 2022. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Darío Báez, Christian González y Gloria Hermosa.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Maldonado es sindicado como el que manejó la motocicleta y se encargó de trasladar al sicario hasta la casa de la víctima, para luego esperarlo afuera del domicilio hasta que el mismo logre su objetivo y así ambos darse a la fuga.

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La acusación fiscal es por el hecho punible de homicidio doloso en grado de coautoría. En la misma causa se encuentra prófugo y con orden de captura Martín Ariel Zeballos Martínez, quien sería el sicario que acabó con la vida del ex director del penal de Tacumbú, hecho ocurrido en junio del 2022.

El violento crimen habría sido por encargo de un grupo narco que opera en la penitenciaría de Tacumbú. Pasado el mediodía del 18 de junio del 2022, González se acercaba al portón de la casa de su papá, para pasar el Día del Padre cuando fue interceptado por las balas asesinas.

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El gobierno de Perú dispuso este miércoles el traslado del expresidente Martín Vizcarra a una cárcel para exmandatarios, al revertir una orden penitenciaria que lo había enviado a una prisión común por un caso de presunta corrupción.

Vizcarra, que fue jefe de Estado entre 2018 y 2020, cumple prisión preventiva por un proceso que se le sigue por supuestos sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que el político de 62 años volverá a la pequeña prisión en una base policial al este de Lima, donde también están encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

“Está retornando el día de hoy” a la prisión de Barbadillo, anunció Santiváñez en conferencia de prensa.

Señaló que la medida se tomó luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que había trasladado a Vizcarra el viernes a una cárcel común, reevaluó el hecho que “esa persona había ejercido el cargo de presidente de la República”.

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Un juez ordenó el 14 de agosto prisión preventiva por cinco meses para Vizcarra, alegando riesgo de fuga.

La fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas. Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

Vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.

• Fuente: AFP

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