El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.
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Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.
El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.
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Denuncian supuesto desvío de G. 400 millones en municipalidad de Caaguazú
Una grave denuncia se registró en la Municipalidad de Caaguazú, bajo la administración del intendente liberal José “Papu” Ríos, que, de acuerdo a medios locales, se trataría de un esquema de estafa que llevó al supuesto desvío de fondos de G. 400 millones de las arcas municipales. La denuncia apunta a funcionarios de la comuna, presuntos allegados al intendente Ríos, sobre el cobro en caja de inmuebles y posterior anulación de la operación para no dejar registro del cobro.
“Los concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Municipalidad de Caaguazú nos dirigimos a la ciudadanía en relación a la reciente denuncia pública que ha tenido eco en la prensa local, en la cual se señala el supuesto desvío de fondos provenientes de pagos por la compra de inmuebles municipales”, expresa un comunicado emitido por un grupo de concejales municipales, que solicita una profunda investigación del caso.
Para garantizar la transparencia de la administración pública, los representantes comunales instan a la ciudadanía local que haya realizado pagos por la adquisición de solares municipales a “acercarse a sus contadores para verificar la validez de las facturas expedidas por la Municipalidad y la correcta acreditación de sus pagos en el sistema Marangatu”.
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También solicitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso para aclarar cualquier irregularidad, y “asegurar que los recursos municipales sean gestionando de manera honesta y eficiente”. Además, expresan el compromiso para garantizar los intereses de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar la integridad en la gestión de los bienes públicos.
“Solicitamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes. No toleramos actos de corrupción, ni prácticas que atenten contra el patrimonio municipal y el bienestar de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo de Caaguazú”, finaliza el comunicado de la bancada de la ANR de la Junta Municipal caaguaceña.
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Triple choque en Samber: otorgan arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci
El juez penal de Caacupé, Augusto Acuña, otorgó el arresto domiciliario al empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque-San Bernardino, donde falleció toda una familia, el 10 de noviembre de 2024. La resolución judicial se dio a conocer ayer miércoles, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Caacupé.
El referido magistrado sostuvo en su resolución que desapareció el peligro de fuga y obstrucción en la investigación de parte del imputado Sanabria Vierci, por lo que corresponde el arresto domiciliario.
De acuerdo a la determinación del juez Sanabria, el acusado deberá cumplir la prisión domiciliaria en Asunción con control aleatorio, cuya comisaría del distrito deberá informar inmediatamente a esta magistratura en caso de incumplimiento de la misma. También tiene la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de sustancias prohibidas.
Igualmente, tiene prohibido portar cualquier tipo de arma; tiene la obligación de comparecer a la audiencia preliminar que le será notificada; cuando el juzgado y el Ministerio público así lo requiera, bajo apercibimiento de que será declarado su rebeldía sin más trámites; así como una fianza multimillonaria que asumen sus familiares y ellos son María Lucila Rivarola de Sanabria, María Lucila de Fátima Sanabria Rivarola, María Verónica Sanabria Rivarola hasta cubrir la suma de G. 7.550.783.952.
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Imputación
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 miligramos por litro de alcohol en sangre.
En un automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hijo de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), en San Lorenzo.
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Mafia de los pagarés: admiten imputación contra jueza de Paz Nathalia Garcete
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.
En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.
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Otros imputados
Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.
Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
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Titular de Senad niega compra de equipos para espionaje político
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.
“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.
Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.
“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Se equivocó de punta a punta”
El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.
“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.
“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.
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