Una vez más se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado con 26 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. Esta vez, la diligencia judicial se pospuso porque el procesado Marcelo Cabaña, hermano de Cucho, recusó al juez penal de Garantía Miguel Palacios.

El hermano del principal acusado alegó imparcialidad del magistrado Palacios, por confirmarle la prisión preventiva y no ordenar su tratamiento médico. Ahora el expediente tendrá que ser remitido al tribunal de apelación para que estudie la nueva recusación contra el magistrado y una vez que se defina su competencia y en caso de ser confirmada, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se tiene que definir si los 27 acusados van a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.

El juez Miguel Palacios ya elevó su informe al tribunal de apelación pidiendo que se rechace la nueva recusación que se presentó contra el magistrado.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.

El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.

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El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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El juez de Mariscal Estigarribia, Chaco, Ricardo Gosling ordenó la expulsión de dos ciudadanos chinos que fueron detenidos en la zona de La Patria, departamento de Boquerón, tras ingresar al país de forma irregular. El magistrado hizo lugar al criterio de oportunidad solicitado por el fiscal Diego Campuzano, quien había ordenado la detención de los extranjeros.

La expulsión de los ciudadanos chinos Jinxing Zhuang y XiwuYan se realizará en la zona de Infante Rivarola frontera con Bolivia y estará a cargo de la Dirección General de Migraciones.

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El Ministerio Público había ordenado la detención de los dos ciudadanos chinos ante la sospecha de que los mismos puedan tener documentos de dudosa legalidad, pero de acuerdo a los informes recabados por la Fiscalía los mismos contaban con pasaporte legal, pero no tenían la visa correspondiente para ingresar al país por lo que se pidió criterio de oportunidad y la expulsión de suelo paraguayo.

Inicialmente, estas dos personas extranjeras habían sido aprehendidas por la Policía Nacional, pero fueron liberadas por el fiscal Lucrecio Cabrera. Este hecho generó la crítica del propio director de Migraciones, Jorge Kronwetter, y fue a raíz de ello que se inició una investigación penal donde se pudo corroborar que los chinos tenían documentos, pero no contaban con la visa de entrada al país, por lo que se volvió a reiterar su detención.

Ya en sede del Ministerio Público se realizaron todas las diligencias y se comprobó que ingresaron al país de forma clandestina, por lo que se ordenó la expulsión.

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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una chicana más presentada por el juez de sentencia del Chaco, Amado Yuruhan, quien había recusado a los integrantes del tribunal de apelación del Chaco.

Con la citada resolución judicial se ratifica la competencia de los camaristas quienes deben estudiar los recursos pendientes hasta la fecha que impiden llevar a cabo la audiencia preliminar para el citado magistrado acusado por acoso sexual.

Igualmente los integrantes de la máxima instancia judicial mencionaron a los jueces que tienen la facultad de aplicar sanciones, en caso de que el procesado siga dilatando la causa.

Los ministros Carolina Llanes, César Diesel y Gustavo Santander confirmaron la competencia de los jueces Rosana Ortiz, Ricardo Gosling y César Denis Macoritto, integrantes del tribunal de apelación de Boquerón.

Los ministros Santander, Diesel y Llanes coincidieron en que los argumentos presentados carecen de sustento jurídico y probatorio. Explicaron que la sanción cuestionada fue ordenada por un juez de primera instancia y no por los magistrados recusados.

El fiscal Andrés Arriola presentó acusación por acoso sexual contra el magistrado Yuruhan y solicitó que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La denuncia fue presentada por una mujer que se desempeñaba como limpiadora en el juzgado de la citada localidad chaqueña.

Los antecedentes del caso señalan que el 17 de octubre de 2022 una mujer denunció que Yuruhan la invitó a salir, invitación que fue rechazada y luego, cuando ella estaba haciendo el trabajo de limpieza del despacho del magistrado, este la llamó en el baño y cuando la denunciante ingresó, el hombre presuntamente la abrazó y la besó a la fuerza.

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