El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió hoy jueves, durante la sesión ordinaria, hacer lugar al desafuero de los jueces de Paz Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y Natalia Garcete, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. El actual presidente del JEM es el ministro César Garay.
Con la determinación adoptada por el órgano juzgador de magistrados, la justicia ya podrá procesar penalmente a los tres magistrados por el delito de prevaricato. Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú ya pueden avanzar en el presente caso.
De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.
El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.
El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpartes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
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México inaugura primera Suprema Corte elegida por voto popular
México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.
El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
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Ceremonia indígena
Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.
“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.
Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
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Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.
El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
Fuente: AFP.
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Presidente de gobierno español dice que “hay jueces haciendo política”
El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.
“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.
“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.
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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.
“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.
Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.
La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.
Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.
El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.
En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.
El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.
- Fuente: AFP
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