El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), del Viceministerio de Industria y Comercio (MIC), magistrados y miembros de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Civil y Comercial, así como de la Oficina Técnica de Apoyo a la Judicatura de Paz con el objetivo de elaborar un plan para reglamentar el uso de títulos de crédito en formato electrónico.
El ministro de la máxima instancia judicial destacó que el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo, tiene un especial interés en la implementación de estos documentos en formato electrónico, con el propósito de brindar mayor seguridad y agilizar las transacciones, además de facilitar su ejecución judicial.
En ese sentido, el alto magistrado explicó: “Por eso nos reunimos, con el fin de comenzar a redactar una normativa en abstracto, en conjunto con el MIC y el BCP, para reglamentar debidamente el proceso y evitar inconvenientes en la circulación y materialización electrónica de estos documentos, así como en su posterior ejecución judicial” indicó.
Asimismo, manifestó su satisfacción con los avances logrados y adelantó que se llevarán a cabo nuevas reuniones para dar seguimiento al mecanismo adoptado.
También participaron de la reunión varios camaristas del fuero civil y comercial, entre ellos: Pierina Ozuna, Hugo Garcete, Giuseppe Fossati López, entre otros magistrados. También estuvieron la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Lic. Rosa Liz chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez. La actividad se desarrolló en el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de la Capital.
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MUVH verificará in situ si el senador Javier Vera cumple con cláusulas de contrato
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), encabezado por Juan Carlos Baruja, comunicó que realizará una verificación in situ a los beneficiarios adjudicados del Edificio Residentas I, localizado en Luque, departamento Central. El proceso surge en medio de los cuestionamientos por la entrega de un departamento al senador Javier “Chaqueñito” Vera.
Ante denuncias públicas recientemente difundidas, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ha dispuesto la realización de verificaciones in situ a los beneficiarios adjudicados del Edificio Residentas I, con el objetivo de constatar el efectivo cumplimiento de las condiciones de uso, ocupación y residencia establecidas en el marco de los programas habitacionales vigentes.
El comunicado agrega que “estas acciones se enmarcan en los mecanismos de control y seguimiento que la institución implementa de manera permanente, a fin de garantizar la correcta asignación de las viviendas y el cumplimiento de los fines sociales para los cuales fueron destinadas“.
La cartera estatal señala también que “el MUVH reafirma su compromiso con la transparencia, la equidad y la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a las familias que cumplen con los requisitos establecidos".
Finalmente, en el comunicado dirigido a la opinión pública se sostiene que "en los casos en que se detecten irregularidades, se procederá conforme a la normativa vigente, aplicando las medidas administrativas correspondientes".
Baruja acudió ayer miércoles ante el Congreso Nacional con el fin de exponer sobre la entrega de un departamento a Vera mediante dicho programa. En la ocasión, puntualizó que las 12 adjudicaciones realizadas son absolutamente legales, sustentadas en las normativas del MUVH.
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Economía paraguaya goza de buena salud: el “ajuste de cinturón” es solo para el fisco, aclara ministro
Desde la cartera económica resaltan que fueron claros en destacar que la economía paraguaya goza de buena salud. Sin embargo, tras algunos desarrollos que implicaron una caída en las recaudaciones, solamente el fisco realiza un “ajuste de cinturón”. Se trata del tesoro, la caja que deben manejar desde el ministerio, que, más allá de lanzar un mensaje a la ciudadanía, era enviar un mensaje para el resto del gabinete, que por lo general reclama más fondos para llevar adelante sus programas.
Así señaló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aclaró sobre la situación actual de la economía paraguaya, tras el anuncio de aplicaciones de medidas por parte del Gobierno, denominado “economía de guerra”, cuya frase resonó en el mercado y generó interrogantes.
“Yo traté de ser claro con ese término de economía de guerra, que, a pesar de ser muy genérico, solo es para el fisco. Mostrar la realidad del tesoro, que es de donde salen todos los recursos que van a financiar a los diferentes ministerios”, sostuvo Fernández.
La economía paraguaya, en enero, febrero y marzo (2026), sigue mostrando un gran dinamismo, lo que es normal por el fuerte impulso del sector privado, que viene muy fuerte. “El problema es la caja, y es ahí donde tuvimos dos efectos importantes que nos obligaron a salir con esta declaración de economía de guerra”, añadió el ministro.
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El impacto del dólar en los ingresos
En primer lugar, uno de los impactos fue la caída en ingresos de las binacionales (Yacyretá e Itaipú) por la caída en el valor del dólar, ya que se proyectaba en el PGN que la divisa cotizara a G. 7.800, versus los G. 6.500 de la actualidad. Esto equivale a G. 1.300 menos por cada dólar de ingresos, unos USD 120 millones, recursos que estaban previstos en el presupuesto y que ahora no están y que impactan directamente en el fisco, explicó Fernández Valdovinos.
“Es una situación inusual, porque cuando se previó la cotización fue en marzo del año pasado, y a pesar de que la aprobación fue en diciembre, tras la caída abrupta del tipo de cambio, eso ya no se pudo cambiar. Son cosas que jamás se aciertan, como la tasa de inflación y el crecimiento”, sostuvo.
El ministro continuó diciendo que las recaudaciones estaban previstas con un crecimiento del 8 %, y al final fue de 0 %, lo que son USD 450 millones menos, que sumados al efecto del dólar, son más de USD 600 millones lo que faltan.
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Evitar que afecte a la ciudadanía
El ministro fue claro en enfatizar que esta medida del Gobierno, lo que busca justamente, es evitar que afecte a la ciudadanía. “La historia de América Latina está llena de ejemplos en los cuales las situaciones fiscales no se corrigieron a tiempo y terminaron en una crisis, que finalmente termina afectando a la economía como un todo”, indicó.
En ese sentido, remarcó que en Paraguay no es que la economía le esté afectando al fisco, ya que a la economía le está yendo muy bien. “Estamos tomando medidas preventivas, justamente para que la economía no llegue a Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Eso de recortar inversiones, gastos y que afectaron a la ciudadanía se dio en gobiernos que no tomaron medidas preventivas, en tiempo y forma, para prevenir ir a la UTI. Nosotros queremos evitar eso; por esto aplicamos este plan de ajuste con respecto a lo establecido en el PGN”, explicó.
Ajuste del gasto y estabilidad fiscal
Como parte de la estrategia, el Gobierno mantendrá un proceso de ordenamiento del gasto público y las instituciones del Estado deberán ajustar sus compromisos al margen fiscal disponible, priorizando el cumplimiento de obligaciones y una administración responsable de los recursos.
Según el ministro, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la estabilidad fiscal y sentar bases para un crecimiento económico sostenible.
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Caso Almir De Brum: “No pararán hasta rescatar al secuestrado”, manifestó el ministro de Defensa
El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió este miércoles a los avances en la investigación del paradero del colono Almir De Brum, quien lleva varias semanas secuestrado. “Independientemente de las operaciones de inteligencia, se realizan operaciones tácticas de reconocimientos”, manifestó en declaraciones a C9N.
Añadió que la orden del presidente de la República es que todos los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad estén apoyando las operaciones que buscan liberar a esta persona retenida por un grupo criminal.
“La verdad, que hay que ser sinceros y claros, es un secuestro. El hecho de que no hayan pedido rescate es un detalle a tener en cuenta, pero yo no quiero disfrazar la realidad”, expresó.
En ese sentido, mencionó que junto al comandante de las Fuerzas Militares, estuvieron en el PC de la subárea de especificación n.º 5, que es la unidad operativa que se encuentra en el lugar donde se produjo la desaparición del trabajador.
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González afirmó que existen indicios de que se trata del grupo criminal del Norte, aunque hasta el momento no hay comunicación de parte de los mismos. “Pero como Estado no podemos descabalgar o no cumplir la misión de efectuar todas las operaciones para liberar a este ciudadano retenido por estos terroristas”, apuntó.
A la par, realizan operaciones de contención, manteniendo la distancia, a pedido de la familia para no poner en peligro al ciudadano retenido.
Por otro lado, opinó que difícilmente los secuestradores puedan sacar alguna ventaja económica, y es debido a que la víctima pertenece a una familia de recursos limitados. “Es una familia trabajadora, que no tiene las condiciones para pagar un rescate típico de este grupo criminal”, subrayó.
Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los efectivos policiales. “Estamos trabajando con todo lo que tenemos a mano, de tecnología, de elementos entrenados, tanto policías como militares, porque el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional está trabajando hombro a hombro con el batallón de Inteligencia Militar”, precisó.
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La reforma de la caja fiscal deberá retomarse dentro de cinco años, dice titular del MEF
“Toda reforma tiene un impacto, pero esta será bastante menor de lo que nosotros pretendíamos inicialmente con el Poder Ejecutivo y la aprobación de Diputados“, manifestó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, en torno a la sanción del proyecto de la caja fiscal en el Congreso Nacional.
“Hay dos cuestiones que se debe resaltar, el primero que se instaló el debate sobre la necesidad de una reforma, y lo segundo, finalmente todo el mundo aceptó de que tenemos que tener una mínima jubilación”, dijo el titular del MEF, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario de Estado acotó: “Ahora va a ser suficiente eso para decir que esto solucionará por varios años, yo creo que no, estamos muy lejos. Esta reforma deberá ser sometida nuevamente a un análisis para ver qué podemos cambiar dentro de 4 o 5 años”.
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Proyecto sancionado
La propuesta sancionada ayer martes en Diputados con un total de 49 votos a favor es más flexible que la aprobada inicialmente por los Diputados el pasado 5 de febrero en base a recomendaciones realizadas por técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Fue una discusión, difícil, compleja, hay un ahorro, pero yo creo que es insuficiente para mantener la discusión fuera de la mesa por mucho tiempo, esto tendrá que volver a discutirse”, comentó Fernández Valdovinos a Nación Media.
Entre los principales cambios que fueron realizados por el Senado y aceptado por la Cámara Baja figura un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata. Respecto a la jubilación ordinaria de asegurados del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales se estableció 53 años de edad y 25 años de aporte, con una tasa de sustitución del 78 %, que se incrementa, progresivamente, hasta 90 % a los 58 años de edad y 30 años de servicio.
Igualmente se introdujo el reconocimiento por años por maternidad para la jubilación: hasta dos hijos para mujeres del magisterio y docentes universitarios, a partir de 25 años de aporte, establecido en el artículo 12.
Con relación a la jubilación extraordinaria, se estableció para docentes incapacitados entre 15 y 20 años de servicio, con una tasa de sustitución del 40 %. Mientras que para los asegurados de las Fuerzas públicas, se disminuye la edad jubilatoria de 57 a 55 años y 25 años de aporte; la tasa de sustitución se establece en 75 % con 55 años de edad, y 90 % a 60 años y 30 años de servicio.
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