El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.

“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.

El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.

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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.

Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.

“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.

Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.

Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.

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El concejal Ernesto Guerín indicó que la figura política del intendente Miguel Prieto va debilitándose mediante el proceso de intervención a su administración, liderada por el economista Ramón Ramírez desde el pasado 23 de junio. Aseguró que el dirigente de la oposición perdió respaldo ciudadano e incluso de sus leales.

“Este equipo va cayendo, se tiene que saber cómo se malgastó el dinero de los contribuyentes. Prieto ya va perdiendo fuerza, se nota que está cayendo todo este clan“, indicó el edil esteño en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal, ayer domingo. “Él preparó a un grupo de manifestante para que vengan a apoyarlo el día que salió de la municipalidad, pero no lo consiguió“.

Guerín comentó que “Prieto está tratando de forzar a los funcionarios para que no hagan su trabajo, pero nadie más le está haciendo caso. Hasta él ya duda de su propia gente, que algunos de los funcionarios de su equipo le está proveyendo datos al interventor Ramón Ramírez”.

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Las afirmaciones de Guerín fueron respaldada por Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción contra el líder del movimiento Yo Creo.

“El sábado Prieto hizo una fiesta para celebrar que llegaron a las 20.000 mil afiliaciones con un show en vivo frente a su puesto de comando, pero creo que estuvieron 50 personas. Antes de la llegada del interventor, ellos crearon también frente a la municipalidad una carpa de la resistencia que tampoco tuvo mucho apoyo”, puntualizó.

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Montiel acotó: “los tiempos cambiaron para Prieto, la gente se dio cuenta que efectivamente todas las denuncias en su contra son ciertas, ya no tiene un apoyo popular“.

Señaló que como organización contralora arrimaron recientemente al interventor Ramón Ramírez, otros supuestos hechos de corrupción que salpican al intendente relacionado a negociados con empresas de maletín.

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Bello, se refirió al avance en el proceso de intervención de la comuna capitalina, señalando que, por de pronto, lo que notan es que bajo la gestión del interventor Carlos Pereira, en los últimos días, se registró un incremento en las recaudaciones.

En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que se implementó la publicación diaria de los ingresos tributarios, lo que permitió observar que se registró el doble de los ingresos de lo que se venía recaudando de forma semanal.

La Junta Municipal mantiene su apoyo total a la gestión del interventor. “Estamos notando signos muy positivos, como el avance muy significativo en las recaudaciones, también pudimos ver que en la página web se carga y publican el resultado de las recaudaciones del día en los diferentes rubros, impuestos, tasas, contribuciones, patentes, etc.”, remarcó.

Bello además dijo que está al tanto de que Pereira está avanzando sin ningún inconveniente en lo que respecta a su examen documental sobre la verificación de las seis objeciones que realizó la Contraloría General, sobre la administración de la intendencia municipal de Óscar Rodríguez.

En general, la comuna está en funcionamiento normal, mientras que esta institución en el marco de la democracia, está siendo examinada a través de la intervención, conforme lo establece la constitución y las leyes, manifestó.

“Una vez que se activa este tipo de mecanismos de control pueden generar tipo de reacciones, pero en general se está desarrollando con normalidad, porque se entiende que es parte de nuestra democracia y se está continuando, esperando los resultados, lo que habla muy bien de nuestra sociedad, y la clase política”, resaltó.

La agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, alertó sobre la expansión de las pandillas vinculadas a los clanes vinculados al narcotráfico en los barrios de Asunción.

“Hoy por hoy lo que nosotros estamos visualizando mucho es la creación, el establecimiento así como la propagación de pandillas vinculadas a clanes que se van formando”, señaló a la 1020 AM.

Aseveró que estos grupos “se van agrupando y expandiendo a nivel de los barrios”. Se refirió puntualmente al operativo Dominatus, desplegado el pasado 25 de junio en el barrio Ricardo Brugada, que permitió desarticular algunos grupos criminales que generaban zozobra en el vecindario.

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“Particularmente, dentro de la unidad hace poquito tuvo desarrollo el operativo Dominatus que se realizó en el barrio Chacarita, un lugar donde se han identificado, al principio, a dos bandas como los arroyenses o pelopinchenses”, relató.

La abogada Cubilla confirmó que se descubrieron otras subdivisiones dentro de estas bandas criminales. “Dentro de esas barras hay otra vez como minigrupos donde se van especializando, agrupando de acuerdo a los objetivos y la rivalidad que hay entre ellos”, detalló.

Explicó que estas bandas, aparte de la comercialización ilícita de armas para su utilización en varios hechos punibles, también están vinculadas con la venta de sustancias estupefacientes. Dijo que, entre los miembros, el consumo de droga viene a ser ya prácticamente parte de la dinámica diaria.

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“Nosotros lo que siempre establecemos, al menos a nivel de práctica dentro de la unidad especializada, es identificar al consumidor que solamente es consumidor, pero así también de la persona que comercializa”, manifestó.

En este punto, la fiscal aclaró que, por un lado, se busca la rehabilitación del consumidor, pero sin dejar de lado la sanción penal, que constituye la función propia de la Fiscalía. “El Ministerio Público ya va por la represión del hecho, es la sanción de la persona que está vinculada a los hechos de comercialización ilícita de sustancias estupefacientes”, puntualizó.