El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deli­beradamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguri­dad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquili­dad interna como la imagen país.

Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fue­ron intencionalmente favorables para el nar­cotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin prece­dentes.

Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonis­tas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Mar­ques de Padua.

Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más bus­cados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.

Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puer­tos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vaca­cionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.

¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato espe­cial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Inte­rior.Subordinados del mismo Giuzzio confir­maron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en conti­nuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.

Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.

Los informes de inteligencia sindican a Mar­ques de Padua como narcotraficante, lava­dor, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blin­daje de vehículos que se presume proveía al cri­men organizado.

Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un sus­picaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser alla­nado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversacio­nes en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo con­firmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.

Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exse­cretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodi­cho. La oscura gestión de Giuzzio y sus teme­rosos vínculos desde el poder político, mere­cen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.

La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.

El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.

Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.

Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.

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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.

A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.

La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.

El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.

Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.

• Fuente: hoy.com.py

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El funcionario de la firma Gilberto Enciso ratificó que Marcus le prestó a Giuzzio una camioneta de la empresa Ombú para vacacionar en Brasil.

En el marco del jui­cio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohe­cho pasivo agravado, declaró Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú SA (propie­dad del presunto narcotrafi­cante brasileño Marcus Vini­cius Espíndola).

Enciso aportó datos explosivos que compro­meten la situación procesal de Giuzzio en el caso. El testigo fue tajante al mencionar que Marcus Vinicius y el entonces ministro del Interior conver­saron en varias oportunida­des sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser provee­dora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados. Añadió que “Marcus Vinicius era quien tenía el contacto en el Minis­terio del Interior, y sus enla­ces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”.

Asimismo, admitió que la firma se estaba preparando para participar en licitaciones estatales y que el empresario brasileño compartía informa­ción sobre el tema con el exmi­nistro Giuzzio. Indicó que los preparativos cesaron cuando Marcus Vinicius tuvo proble­mas con la Justicia por narco­tráfico. Por otra parte, Enciso señaló que conocía a Lindomar Reges Furtado en calidad de cliente, ya que le realizaron un trabajo de blindaje.

Enciso reconoció que rea­lizaron trabajos de mante­nimiento en una camioneta Dodge Ram del Ministerio del Interior y manifestó que des­conoce si se llegó a pagar algo por el servicio. También hicie­ron retoques a otros vehículos tácticos del Estado y elabora­ron presupuestos para prestar sus servicios.

El testigo también aseguró que Giuzzio utilizó una camio­neta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré sim­bólico de USD 700 que nunca se cobró”. Otro punto clave de la declaración fue la con­firmación de que Sebastián Marset, hoy detenido en los EE. UU., también fue cliente de la empresa para el blindaje de un vehículo.

El juicio oral prosigue la próxima semana donde va a continuar la declaración del funcionario de la firma Ombú Gilberto Enciso. El tribunal de sentencia que tiene su cargo juzgar el caso está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

El presidente de la República, Santiago Peña, lideró este jueves la reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) en la que se evaluaron los avances del Programa Hambre Cero en las Escuelas, se aprobaron ajustes y se autorizó adelantar el proceso licitatorio para garantizar la continuidad del plan hasta el 2030.

“Seguimos trabajando para que Hambre Cero llegue a cada rincón del país. Hoy, en la reunión del Conae, revisamos los avances del programa con el que ya estamos alimentando a más de 1.050.000 niños. Además, tomamos decisiones importantes para apoyar a nuestra agricultura familiar y a las mipymes, garantizando que un mínimo del 7 % de las compras vaya a la producción directa, pero manteniendo los 10 % ya establecido”, expresó el mandatario en X.

En el marco de la investigación de la desaparición de Magnolia Bustos Rojas, de 2 años, esta mañana se registró la detención de la abuela paterna, quien fue interceptada cuando presuntamente intentaba salir del país. De acuerdo con la información, la mujer fue demorada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile.

Según los datos preliminares, habría utilizado un pasaporte diplomático, debido a que su esposo, el abuelo paterno de la niña, se desempeña como embajador de Chile ante la República Dominicana.

“En este tiempo podemos señalar que bastante se ha mejorado el gasto“, manifestó Mirtha Arias, consejera del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la situación económica y financiera de la previsional. La representante de los trabajadores detalló que se están evaluando varias alternativas viables para garantizar la adquisición continua de medicamentos e insumos.

“Es una preocupación de todos, pero las gestiones se están realizando, hay un equipo técnico que está analizando alternativas viables que nos permita tener recursos para poder seguir cumpliendo y que no se corte la cadena de suministro”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Este viernes, se expondrán las pruebas documentales para luego ingresar en la etapa de los alegatos finales en el marco del juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, exministro abdista de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior, acusado por pre­sunto cohecho pasivo agra­vado por recibir beneficios del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

La Embajada de la República del Paraguay en la República de China (Taiwán) anunció el cierre de sus oficinas este viernes 10 de julio como medida preventiva ante el paso del tifón Bavi. La representación diplomática también instó a los ciudadanos paraguayos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y habilitó una línea de emergencia consular.

La representación diplomática exhortó a los connacionales residentes y visitantes a priorizar su seguridad mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Entra en etapa final este viernes el juicio oral y público contra el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich. En esta jornada, se prevé la presentación de alegatos finales por parte del Ministerio Público.

El exfuncionario está acusado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Dario Messer. El abogado Claudio Lovera, representante legal del extitular de la Seprelad, sostuvo que “nunca existió ninguna conducta tendiente a beneficiar, por ejemplo, a Dario Messer respecto a los momentos en los que avanzaba un informe de inteligencia”.

Culminó la producción de pruebas documen­tales en el juicio oral y público que enfrenta el extitu­lar de la Seprelad Óscar Boida­nich, por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la jornada desarrollada en la fecha, se produjeron todas las pruebas documentales ofrecidas para el presente jui­cio oral y público. En los ele­mentos debatidos en la audien­cia, no se encontró ninguna prueba que comprometa la situación de Boidanich.

Paraguay concretó el envío del primer cargamento de carne porcina con destino a Filipinas, informó ayer jueves el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Este importante paso consolida la estrategia de diversificación de mercados internacionales para los productos paraguayos impulsada por el Gobierno.

El embarque realizado por el frigorífico Upisa sumó 27 toneladas de costilla baby con hueso al nuevo mercado al que apunta conquistar Paraguay. “Representa el inicio de una nueva oportunidad comercial para la cadena porcina paraguaya y fortalece el posicionamiento del país como proveedor confiable de alimentos inocuos y de alta calidad”, destaca el posteo hecho por el servicio veterinario.