La fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Eugenio Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro al tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé, que el presente caso se eleve a un juicio oral y público; esto por el accidente fatal registrado en la ruta Luque- San Bernardino, donde falleció toda una familia.

Ahora el juzgado deberá admitir la acusación y fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.

Igualmente, menciona que “Sanabria se desplazaba a una velocidad no prudencial y reglamentaria conforme a las señalizaciones del lugar, es decir que el conductor se encontraba desarrollando una velocidad de 108 Km/h aproximadamente, superando ampliamente la máxima permitida para el sitio del suceso que es de 40Km/h, considerándose un desplazamiento imprudente y riesgosa que genera peligro para sí y para los demás usuarios de la vía, que finalmente ha desencadenado en la ocurrencia del presente hecho”.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.

El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

La internación domiciliaria durante la cual murió Diego Maradona fue una “puesta en escena” para mantenerlo “en un lugar oscuro, feo y solo”, dijo ayer martes una de las hijas del astro del fútbol, Gianinna, en el juicio en Argentina por el fallecimiento de su padre. La justicia busca determinar la responsabilidad en la muerte del Diez del equipo médico que lo atendía, tras una neurocirugía realizada semanas antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Para esto, el proceso que comenzó en marzo se ha enfocado en la calidad de la internación domiciliaria que cursaba Maradona. La internación “fue una puesta en escena, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos tanto buscaban, que era seguir teniéndolo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo”, dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, de 35 años, ante un tribunal en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

En su testimonio de casi siete horas, Gianinna no explicó cuáles podían ser los motivos de sus cuidadores para sostener este supuesto teatro en la casa de su padre en Tigre, cerca de San Isidro, donde murió el astro del fútbol de un edema pulmonar a sus 60 años.

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Su abogado, Fernando Burlando, dijo al comenzar el juicio que hubo un “interés económico” tras la decisión de internar al Pelusa en un domicilio, sin especificar cuál. En la audiencia de este jueves se reprodujo un mensaje de audio que el psicólogo imputado Carlos Díaz, un experto en adicciones, envió días antes de la muerte del Diez a la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada.

En el mensaje se sugerían preocupaciones más legales que médicas: “Aquí, el objetivo estratégico es pasarle la pelota a la familia (...) Es una forma de cubrirnos”, dice el psicólogo en el extracto, lo que provocó murmullos de desaprobación en la sala. Gianinna respondió que le daba “bronca (rabia) e impotencia” escuchar estos comentarios. “Confié que esta persona iba a poder ayudar a mi papá (...) Pero hablaban de plata y de pasarnos la pelota por si pasaba algo”, sollozó.

Hacia el final de la jornada, Gianinna relató su proceso tras la muerte del padre: “Me quería morir, ir con él (...) Pude salir con ayuda psiquiátrica para volver a vivir sin que me doliera”, dijo, al apuntar contra los administradores de los negocios de Maradona en vida. Paralelamente a esta causa, Dalma y Gianinna Maradona llevan otro caso judicial contra los administradores, a quienes acusan de haber robado millones de dólares a su padre mediante estafas.

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Durante la audiencia también se reprodujo una grabación de la reunión de principios de noviembre de 2020 en la que el equipo médico, la familia y otros integrantes del entorno de Maradona decidieron la internación domiciliaria. Gianinna, que participó de ese encuentro, rompió en llanto al escucharla.

Para ella, todo es “muy injusto”. “Toda esa charla, todo lo que no sucedió, lo que se prometió y no se cumplió. Los responsables que hablaban ahí y aseguraron cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible”, declaró. “Desearía poder volver el tiempo atrás y sacarlos a todos cagando (echarlos a patadas)”, añadió entre lágrimas.

Varios médicos declararon al inicio del proceso que la habitación donde murió Maradona “estaba muy sucia, muy desordenada” para una persona recién operada y que carecía de desfibrilador, entre otros equipos médicos. Gianinna fue acompañada por su hijo Benjamín, su hermana Dalma y su madre y exesposa de Maradona, Claudia Villafañe. Tía y sobrino presenciaron la declaración abrazados, visiblemente conmovidos.

Médicos, enfermeros, la psiquiatra y el psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. Arriesgan entre 8 y 25 años en prisión de ser encontrados culpables.

• Ciudad del Este. Agencia Regional

El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 4. La causa tiene origen con un hecho ocurrido el 24 de setiembre de 2024, a las 8:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.

En esa ocasión, la abogada se presentó en la entidad bancaria y extrajo presuntamente la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista de 1954 a 1989.

El mismo había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.

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De acuerdo a la acusación fiscal, Anzoátegui Rivarola habría inducido a Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.

Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.

Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de setiembre de 2024, realizó un giro por valor de G. 15 millones, a través del servicio de Western Unión.

El resto del monto retirado por la abogada no fue entregado a la víctima. A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

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La fiscala adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González rectificó y presentó acusación y pedido de juicio oral y público para Miguel Antonio Bibolini y su hija Nicole Bibolini, procesados penalmente por presuntamente deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Chaco.

Con la determinación adoptada por la fiscala adjunta quedó sin efecto la llamativa postura que tuvo la fiscala inferior Laura Ávalos, quien pretendía una irrisoria sanción para uno de los acusados, mientras que para la otra procesada pidió el sobreseimiento definitivo.

El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos contundentes que deberán ser debatidos en un juicio oral y que pueden demostrar la responsabilidad en el delito ambiental que incurrieron los dos hoy acusados por deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras.

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Ante la presentación de la acusación contra las dos personas citadas más arriba, la jueza penal de garantía de Neuland, Chaco Fanny Cáceres fijó para el próximo 29 de mayo a las 9:00 la audiencia preliminar en que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió la fiscala adjunta González.

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