Miembros de la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, acudieron hasta el Ministerio de Defensa Pública, con el fin de exponer una serie de dificultades que atraviesan las víctimas para acceder al servicio de defensa legal.

Entre los principales obstáculos que fueron expuestos al defensor general, Javier de Jesús Esquivel González y al defensor adjunto civil, Edgar Ríos, se encuentra el hecho de que las víctimas del interior del país deban trasladarse hasta la ciudad de Asunción, incluso en los casos donde enfrentan embargos en varios juzgados, ubicados en diferentes ciudades y alejados entre sí.

Para acceder a la representación legal gratuita, las víctimas deben acudir presencialmente a cada una de las sedes de Defensoría, presentar dos testigos con sus respectivas cédulas autenticadas en cada juicio y, en muchos casos, se les exige certificados de vida y residencia, requisitos considerados innecesarios por los parlamentarios.

Otro punto mencionado fue que se exige a las víctimas del esquema fraudulento gestionar por sí mismas copias de los expedientes, lo cual representa una carga adicional.

Además, los miembros de la comisión especial del Senado informaron que se detectaron casos en que se les niega la asistencia bajo el argumento de que el servicio solo está destinado a personas de escasos recursos, desconociendo que muchas de las víctimas, a pesar de contar con un salario, tienen embargado más del 50 % de sus salarios.

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Los senadores informaron al Ministerio de Defensa Pública, que uno de estos casos fue relatado por una víctima atendida en la localidad de Yuty, departamento de Caazapá, donde se les habría informado que al ser asalariada no califican para recibir representación.

Durante el encuentro también se remarcó que existen defensores que solo reconocen el esquema de la mafia de los pagarés en los juzgados de Paz, pese a que existen denuncias documentadas en juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia.

Los parlamentarios Rafael Filizzola, José Oviedo e Ignacio Iramaín expresaron su preocupación por el desconocimiento que aún persiste en algunas sedes de la Defensa Pública respecto al alcance de las funciones de la comisión especial, así como por críticas realizadas por funcionarios de esa institución por el involucramiento del Senado en este tema, incluso en presencia de víctimas acompañadas por funcionarios de la cámara.

Ante todas estas observaciones, la Defensoría Pública asumió el compromiso de establecer un instructivo para destrabar las barreras burocráticas y mejorar la atención a las víctimas en todas sus sedes, igualmente mantener el diálogo y el intercambio de información.

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La Comisión Especial conformada para investigar el caso conocido como “mafia de los pagarés”, estableció una nueva fecha para reunirse con los ministros de la Corte Suprema Justicia. El encuentro entre los legisladores y las autoridades del Poder Judicial o ha podido darse hasta la fecha por la incompatibilidad entre sus agendas.

“La Corte Suprema de Justicia hoy no pudo concurrir porque tenían su pleno, pero vamos a reagendar la reunión con ellos”, expresó el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión. En comunicación con varios medios de prensa, informó que la nueva invitación a los ministros es para el próximo lunes 19 de mayo.

No obstante, manifestó que está abierta la posibilidad de que se dé una reunión antes de la fecha mencionada, esto en caso de que los ministros soliciten puntualmente un día, de acuerdo a sus posibilidades de horario. Es de mencionar que también está pendiente la reunión entre la comisión y el Ministerio Público.

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“Hay que recordar que hubo un caso en el 2015, vamos a pedir una reunión con el equipo de fiscales que trabajó en ese momento y con los agentes que están trabajando en este momento y lo más importante, vamos a tener una conversación con el ministro de la Defensa Pública, que eso probablemente ya va a ser mañana”, indicó.

El parlamentario señaló que una de las cuestiones principales a resolver es la cuestión de que las denuncias, en su mayoría, están en Asunción, sin embargo, los afectados son de diferentes puntos del país, por lo que se debe encontrar una alternativa para que las víctimas puedan hacer el seguimiento de sus casos, sin trasladarse, en lo posible, a la capital.

“Vamos a formar equipos que hagan este trabajo en cada uno de los departamentos donde hay denuncias”, refirió y añadió, “hay casos donde las personas deben gastar mucho dinero para trasladarse desde Alto Paraguay por ejemplo, y todo eso implica mucho para ellos como perder una jornada laboral, por eso todas esas cuestiones debemos ver cómo solucionar y apoyar a estas personas”, afirmó.

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El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, destacó la elección de Paraguay como miembro de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Detalló que esta designación se concretó durante la realización de la asamblea de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano.

El evento fue desarrollado el pasado mes de abril en Panamá. “Esto da visibilidad al Paraguay, nos ubica en un plano muy importante. Esta es la institución mayor en todo lo referente a derechos humanos”, indicó Ávila, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ávila manifestó que la designación de Paraguay fue por mayoría absoluta. Señaló que el espacio fue disputado contra Uruguay. “Nuestro país estará presente en las decisiones que se tomen en la Ganhri junto a otros 118 países integrantes, tendremos voz y voto”, puntualizó.

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Asimismo, siguió refiriendo que “Paraguay presentó su postulación al quedar el cargo vacante y al tener categoría A, puede optar por ese lugar. Hablamos con todos los países, presentamos nuestras propuestas. En la votación ganamos con 14 votos contra 2. La designación es por 3 años".

Por otra parte, el funcionario se refirió sobre la habilitación de un formulario en su institución para que las víctimas de la llamada “mafia de los pagarés” puedan realizar sus denuncias. Detalló que en total registraron 245 denuncias que ya fueron remitidas al Ministerio de la Defensa Pública.

“Depuramos las denuncias para hacer el seguimiento y garantizar que los casos presentados sean realmente vinculados a la mafia de los pagarés”, comentó.

Las víctimas del esquema pueden recurrir hasta la institución a realizar sus denuncias o completar el formulario que se encuentra disponible en la página web de la institución y en todas sus redes sociales oficiales.

Al completar el formulario deberán enviarlo con copia de cédula de identidad al correo denuncias.defensoriadelpueblo.py@gmail.com o al WhatsApp (0984) 000 025.

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La dupla conformada por el Lic. Augusto Mengual y la Lic. Abg. Graciela Álvarez se impuso en las recientes elecciones celebradas en la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay (APJP). Ambos con más de 30 años de experiencia y una destacada trayectoria como peritos, presentaron una plataforma que abordó diversos puntos de interés para los asociados, bajo el lema “Juntos por una Asociación fuerte y confiable”.

Con una sólida propuesta enfocada en la institucionalización, la transparencia y el fortalecimiento profesional, el nuevo equipo directivo asume el liderazgo con grandes expectativas y un firme compromiso con sus asociados. Asimismo, anunciaron una colaboración en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, con la posibilidad de ofrecer servicios de peritaje caligráfico con una tarifa social para asistir a las personas perjudicadas

“Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este proceso. Este triunfo no es de una lista, es de los colegas que sueñan con una Asociación más fuerte, unida y activa. Hoy empieza una nueva etapa”, expresó emocionado el Lic. Mengual tras conocerse los resultados.

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La agenda de las nuevas autoridades responde a las necesidades actuales de la profesión, entre ellas, la urgente elaboración de una propuesta de ley para la regulación de honorarios profesionales de los auxiliares de justicia y la institucionalización de la asociación de tal forma a sentar presencia en la esfera judicial.

“Ofreceremos capacitaciones gratuitas y accesibles en áreas como contabilidad, auditoría, tasaciones, documentología, marcas, entre otras, mediante cursos prácticos, con el aval del Ministerio de Educación y Ciencias, lo cual está en proceso”, señaló Graciela Álvarez.

Entre las principales iniciativas anunciadas, destacaron la modernización del sistema administrativo, en un laboratorio equipado con tecnología y herramientas especializadas para el ejercicio técnico de los socios, sujeto a las finanzas de la Asociación, así como la creación de una biblioteca virtual usando los medios tecnológicos y una base de datos oficial y actualizada de peritos reconocidos.

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También subrayaron la importancia de fortalecer los vínculos con instituciones clave, como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, así como la implementación de protocolos de cooperación que permitan brindar asesoramiento legal oportuno y eficaz a los socios ante cualquier eventualidad. “El verdadero trabajo comienza ahora. Vamos a construir una Asociación moderna, inclusiva y preparada para los desafíos del futuro”, agregó la Lic. Abg. Álvarez.

Ambos coincidieron en la necesidad de promover actividades de integración entre todos los asociados, considerando que estos espacios son fundamentales para fomentar la camaradería y el compañerismo. “Agradecemos profundamente a todos los votantes por su participación, respaldo y confianza. Nos comprometemos a trabajar con responsabilidad, escucha activa y pasión por nuestra profesión”, concluyó el Lic. Augusto Mengual.

Es una entidad sin fines de lucro fundada en 1985 y con sede en Asunción que el próximo 25 de mayo del 2025 celebrará sus 40 años. Su objetivo principal es agrupar a los peritos matriculados ante la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, fomenta la unidad y colaboración entre profesionales del ámbito judicial. La asociación vela por la ética, la calidad técnica y la buena gestión de los peritos en el país.

La APJP está compuesta por expertos en diversas áreas, como contabilidad, caligrafía, informática, documentología, ingeniería, arquitectura, odontólogos, médicos, psicólogos entre otras, quienes actúan como auxiliares de justicia en procesos judiciales. Además, la asociación organiza actividades académicas y profesionales, como conversatorios, cursos de especialización, congresos internacionales, y colabora con instituciones educativas para ofrecer formación especializada en peritaje judicial.