Levantan embargo de salario de víctima de la mafia de los pagarés
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La jueza de Paz, Susana Granado, resolvió levantar embargo de salario de Carmen Pamela Ocampos Cáceres, quien fue demandada por Sist y Gestiones SA. La resolución judicial se genera tras el pedido de medida cautelar de suspensión de sueldo presentado por el abogado Israel Aaron Mora, representante legal de Ocampos Cáceres.
El levantamiento del embargo, vía resolución judicial, sería el primero en resolverse a través de un incidente procesal y ya tuvo que haberse remitido el oficio judicial al Ministerio de Justicia para el cese del descuento de Ocampos Cáceres. La misma sufría un descuento en su salario de la suma de G. 900.000. Con esta determinación judicial la misma queda sin efecto y la mujer podría percibir la totalidad de su salario a fin de mes.
El abogado Mora, representante legal de Ocampos Cáceres, en fecha 1 de abril de este año presentó un incidente de nulidad de actuaciones sobre las cédulas de notificación de fecha 7 de diciembre del 2023, de la resolución N° 35.297 de fecha 6 de diciembre del 2023, así también se pidió la nulidad de la cédula de notificación de fecha 7 de agosto del 2023, la notificación de fecha 16 de junio del 2023, la nulidad del informe del oficial de justicia de fecha 4 de julio del 2023 y la notificación de fecha 4 de mayo de 2023.
El referido profesional del derecho argumentó el pedido de nulidad de actuaciones de las notificaciones, así como de las resoluciones señalando que “las actuaciones precedentes indicadas han privado de presentarse mi clienta a la audiencia del acto de reconocimiento de la firma que se le atribuye y así poder defenderse en forma efectiva”. Igualmente agrega que “se ha privado de presentar una defensa por inhabilidad de título contra el documento base de la presente acción” señala el escrito del abogado, quien solicitó el levantamiento del embargo por indefensión de su representada en el presente juicio civil donde se pretendía cobrar una millonaria suma de dinero sin motivo alguno.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
La magistrada Ruth Contrera hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas a una propiedad cuyo legitimo ocupante es Leonardo Pereira. Foto: Gentileza
Justicia garantiza continuidad de cosecha a productor de soja en Canindeyú
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La jueza de Salto del Guairá, Ruth Contrera Martínez, garantizó que el productor de soja Leandro Aparecido Pereira di Camargo, pueda seguir cosechando en la propiedad de 16 mil hectáreas, ubicada en la zona de Pindoty Porã, departamento de Canindeyú. El mismo es legítimo ocupante de la propiedad y posee una sentencia firme de interdicto de retener la posesión, dictada por un juzgado competente.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas que pretenden evitar que el accionante siga trabajando en la propiedad mencionada.
En su resolución para otorgar la medida, la magistrada señaló que “se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado, justificado prima facie con los documentos agregados por los recurrentes” —representados por el abogado Aldo Gabilán—. Específicamente, se presentaron pruebas documentales consistentes en un contrato privado de reconocimiento y usufructo de la propiedad entre Leandro Pereira y Diego Troche, representante de la firma Americana Agropecuaria.
Con la determinación adoptada por la jueza Contrera, ninguna persona ajena está autorizada a ingresar a la Estancia Americana. Asimismo, se estableció una contracautela como garantía de G. 600 millones y se libraron varios oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección de Policía del departamento de Canindeyú, a los efectos de resguardar el inmueble y evitar cualquier tipo de invasión. Del mismo modo, se envió un oficio al Ministerio Público para que tome conocimiento sobre cualquier situación irregular que se pueda generar.
Cualquier persona, distinta a Pereira di Camargo, que pretenda ingresar a la mencionada propiedad, estaría violando la determinación adoptada por la jueza.
A Ultranza Py: jueza afirma que no se vulneran derechos ni garantías del pastor Insfrán
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La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán, recluido en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
La magistrada desestimó la solicitud tras constatar que Insfrán no sufre vulneraciones en sus derechos ni garantías.
El abogado Nelson López, representante del procesado en el caso “A Ultranza Py”, sostiene que su defendido recibe tratos inhumanos dentro del penal. Sin embargo, la jueza afirmó que se pudo comprobar que el procesado no padece ningún tipo de atropello a sus derechos, por lo cual dictaminó el rechazo del pedido formulado.
De todos modos, la jueza de Ejecución exhortó al director del establecimiento a arbitrar los mecanismos necesarios para continuar salvaguardando la salud e integridad física del interno.
El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano, Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero a gran escala.
Esta estructura fue desbaratada mediante el operativo “A Ultranza Py”, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del mayor operativo de esta magnitud en el país, el cual dejó al descubierto los vínculos del crimen organizado con la política, iglesias y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La justicia paraguaya formalizó la solicitud de extradición de Néncer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, capturado días atrás en Colombia. Foto: Gentileza
Piden extraditar desde Colombia a socio clave de “Cucho” Cabaña
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La jueza Lici Sánchez libró el exhorto de detención con fines de extradición, con carácter de urgente, a la justicia de Colombia para Néncer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, sindicado como socio principal de Reinaldo “Cucho” Cabaña. El extranjero fue detenido en Tolima, en el marco del Operativo Alfa Trasnacional.
La magistrada indicó que el pedido ya fue remitido, vía Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte, a la Cancillería Nacional, que tendrá que enviar toda la documentación formal a la justicia de Colombia.
Ramírez era buscado en Paraguay desde el año 2018 en el marco del “Operativo Berilo” y contaba con una notificación roja de Interpol, pesando sobre él una orden de captura internacional. Según la acusación, este sujeto era una pieza clave dentro de la estructura liderada por Reinaldo “Cucho” Cabaña para el tráfico de estupefacientes, siendo el principal coordinador para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
“Ganadero” se encuentra imputado en nuestro país por los hechos punibles de asociación criminal vinculada al narcotráfico y lavado de dinero.