El prófugo, identificado como Cristian Antonio Pesoa Franco, e imputado por una supuesta agresión a un niño en el microcentro de Asunción, se presentó ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar.

El hecho de agresión ocurrió el pasado 14 de febrero, cuando dos personas sometían a una cobarde agresión a un menor frente a un local nocturno, ubicado en las calles Manduvirá esquina Chile, de la capital.

Este hecho fue calificado como lesión grave y quedó gravado en video, lo que posteriormente fue viralizado. Esta situación permitió la identificación de los responsables.

Pesoa Franco, de 44 años, estuvo prófugo y llegó a la sede del Ministerio Público, acompañado de su abogado. En esta causa, también está imputado Elder Ignacio Lezcano Méndez, ya detenido y señalado como coautor del ataque al un niño de 11 años en plena vía pública.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía contempla la existencia de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) confirmó que el niño agredido se encuentra estable y bajo protección del Estado.

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El contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), puntualizó que la intención de ampliar la operatividad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), fuera de su área de cobertura, no se trata de una militarización, sino de una estrategia de seguridad nacional para contribuir al combate de estructuras criminales.

“Es importante aclarar muchas cosas, se habla de una militarización, de tomar roles policiales y eso no es así. Se trata de un trabajo en conjunto con todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la seguridad y defensa”, expresó este miércoles al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Este miércoles a las 10:00 se prevé el seguimiento del juicio oral y público al exministro abdista Arnaldo Giuzzio, quien se encuentra acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado a raíz de sus presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso comenzó hace ocho días, luego de varias chicanas por parte del extitular del Ministerio del Interior y, en la fecha, se aguarda que la agente fiscal Verónica Valdez conteste los incidentes planteados por la defensa ejercida por la abogada Gilvi Quiñónez.

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) destaca el crecimiento de las mujeres en el mercado laboral nacional. Actualmente, 1.419.378 mujeres están ocupadas.

De acuerdo con los datos del Observatorio Laboral del MTESS, de un total de 3.297.188 personas ocupadas en el país, 1.419.378 son mujeres, lo que refleja su participación activa y determinante en la economía nacional.

Ante la suspensión de extracción de agua del río Tebicuary para la producción de arroz por la bajante del nivel del río hasta nuevo aviso, desde la Federación de Productores de Arroz (Feparroz) mencionaron que la medida debería precisarse, ya que no es justo que se hable solamente de los arroceros, cuando el uso del recurso hídrico involucra a diversos actores y actividades productivas.

Ignacio Heisecke, presidente del gremio, mencionó que cada año se produce el efecto de sequía que coincide con la producción arrocera. Además, en los últimos años la gran mayoría de los productores ha realizado importantes inversiones para adecuarse a las regulaciones vigentes.

La Policía Nacional investiga el violento asalto con toma de rehén a un local de casa de cambios de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero. Afirman que existieron una serie de situaciones que facilitaron el robo, como que no sonó la alarma y el dinero estaba a la vista.

Según el comisario Francisco Rolón, el hecho se reportó durante la tarde de ayer y fue tomado de rehén el gerente del local que estaba por llegar a su vivienda. Así también, se pudo constatar que el dinero no estaba en la caja fuerte como debía.

En la mañana de este miércoles, la esposa y la madre de Almir de Brum, productor sojero secuestrado el fin de semana en el departamento de Canindeyú, pidieron a los captores una prueba de vida del hombre. La esposa, Dolly Rocío Giménez, leyó un comunicado y afirmó que están dispuestos a dialogar.

“Con mucho dolor y desesperación les pedimos una vez más que nos envíen una prueba de vida de Almir, sus hijos todas las noches preguntan ¿cuándo va a volver nuestro papá? La ausencia de un hijo, esposo y padre ha dejado un vacío inmenso en los corazones de nuestra familia. La angustia y el dolor es demasiado”, expresa el comunicado de la familia.

Este miércoles, se llevó a cabo una presentación ante los medios del plan maestro que apunta a la modernización del Mercado n.° 4 de Asunción e incluye a las calles cercanas.

La ingeniera Vanessa Sandoval dijo que es necesario crear y fomentar las calles peatonales en la zona, esto debido a la cantidad de vehículos que se estacionan en las inmediaciones del centro de compras.

La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.

Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.

Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.

La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.

Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.

Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.

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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.

“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.

Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.

Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.

Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.

“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.

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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.

Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.

En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.

Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.

Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.

Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.

El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.

Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

• Fuente: AFP

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso que enfrenta Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por narcotráfico y otros delitos en el marco del operativo Berilo. Ahora, la máxima instancia judicial otorgó vía libre al juez penal de Garantías, Miguel Palacios, para fijar la fecha de la audiencia preliminar.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, resolvieron declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por Yamil Ramón Cabaña, interpuesto contra la resolución que confirmaba la competencia del juez Palacios en el caso.

Cabe señalar que el Tribunal de Apelación en lo Penal (primera sala de la capital) ya había rechazado la recusación contra dicho magistrado, decisión que ahora fue ratificada por la sala penal.

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De esta manera, Palacios recupera la potestad para convocar a la audiencia preliminar de Cabaña y los demás procesados por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Esta diligencia fue suspendida en reiteradas ocasiones debido a las sucesivas chicanas presentadas por la defensa con el fin de dilatar el proceso. Tras esta resolución, se aguarda que el juez defina finalmente si los imputados enfrentarán o no un juicio oral.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.

El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.

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