El abogado Julio Alonso, en representación de la expresidenta del Banco Central del Paraguay (BCP), Mónica Pérez, explicó que debe ser rechazada la demanda por indemnización de daños y perjuicios que presentó el abogado Roberto Amendola contra Pérez.
El juez de primera instancia en lo civil y comercial Walter Mendoza es quien debe estudiar el presente litigio judicial.
La representación legal de Pérez sostiene que la demanda debe ser rechazada porque el citado profesional del derecho ya cobró en su totalidad el monto inicialmente reclamado en un juicio civil, por lo que la presente acción judicial debe ser admitida.
Alonso indicó que esto sucedió aún teniendo conocimiento de la existencia de resoluciones transaccionales entre el BCP y el abogado Amendola, por las que se acepta por cifras multimillonarias el patrimonio del BCP a favor de abogados que representan depositantes en negros, en este caso del quebrado Banco Mercantil y se expone parte de las resoluciones citadas.
Asimismo, el citado profesional del derecho, quien ejerce la representación legal de la extitular del BCP sostuvo que Amendola ya cobró todo lo que la Justicia resolvió en la regulación de honorarios profesionales con las actualizaciones que tuvo en instancias superiores, donde recibió una suma multimillonaria, atendiendo a que la regulación solo se inició con G. 24 millones pero terminó cobrando más de G. 321 millones.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para ex intendente de Asunción y otras 15 personas
Los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar presentaron acusación y solicitaron que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso detergentes.
La Fiscalía sostiene que existe un presunto perjuicio patrimonial a la comuna de Asunción de G.1.808.956.000 en el pago de varios contratos a las firmas proveedoras de detergentes.
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Igualmente, el Ministerio Público presentó acusación y pidió juicio oral para el ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, al igual que César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Edwin López Cattebeke, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Arguello Vielma, María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez, y Benicio Antonio Cano Martínez.
El escrito se presentó ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá admitir la acusación y fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si Nenecho Rodríguez y otros acusados van a un juicio oral y público.
De acuerdo al escrito de acusación, el exjefe comunal fue uno de los responsables para adquirir y distribuir detergente durante la pandemia del Covid-19.
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Senadora rechaza uso de fondos públicos para su campaña y querellará a diputado
La senadora Lizarella Valiente, a través de su abogado Óscar Tuma, rechazó las acusaciones del diputado Raúl Benítez, quien afirmó que supuestamente usó fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para costear su campaña política en las pasadas elecciones. La legisladora anunció que querellará al único representante del Partido Encuentro Nacional en la Cámara Baja.
“Negamos categóricamente las afirmaciones realizadas en fecha 27 de agosto de 2025 por el diputado Raúl Benítez, difundidas a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter) y reproducidas en distintos medios de comunicación nacionales, en las que se le atribuye falsamente a mi representada la utilización de fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para el financiamiento de su campaña política”, sostiene el comunicado emitido por Tuma en sus redes sociales.
“Dichas manifestaciones son absolutamente falsas, carentes de sustento fáctico y jurídico, y constituyen un agravio directo al honor, la reputación y la trayectoria política de la senadora Valiente”, acotó el representante legal de Valiente.
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Además, señala que en el transcurso de este jueves, la esposa del exjefe comunal de Asunción, Óscar Rodríguez, quien el viernes pasado renunció al cargo; enviará un escribano junto al despacho de Benítez con la finalidad de que se ratifique o rectifique en su acusación.
“A fin de salvaguardar sus derechos, informamos que en el transcurso del día de mañana se remitirá un escribano público al despacho del diputado Raúl Benítez, a fin de notificarle un acta notarial de requerimiento, otorgándole la oportunidad de ratificarse o rectificarse en relación con las expresiones vertidas”, refiere el comunicado.
Asimismo, el abogado sigue sosteniendo que “nuestra representada, se reserva el derecho de promover las acciones legales correspondientes en defensa de su buen nombre y de la verdad de los hechos“.