La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena de 35 años de prisión contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, encontrada culpable, ya que fue la persona que contrató a los sicarios para poder asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La mujer es la séptima persona sentenciada por el caso.
La justicia de Colombia no admitió la demanda de casación que presentó la defensa de la mujer, sentenciada por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.
Con este fallo judicial se ratifica que Chacón formó parte del equipo que se reunió para plantear el atentado contra el fiscal paraguayo. La Fiscalía la ubicó en reuniones con los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, días previos al magnicidio.
Tres años del crimen
El pasado 10 de mayo se cumplieron tres años del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, quien en Paraguay era agente fiscal de la unidad crimen organizado. Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el hecho, mientras que una más está para ser juzgada en Venezuela.
La justicia colombiana ya condenó a 23 años y 6 meses de cárcel a Wendre Still Scott, quien realizó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta, conductor de los asesinos; Marisol Londoño y Cristian Monsalve, quienes hicieron el seguimiento al fiscal. También están condenados a 25 años y 6 meses de cárcel los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos. En cuanto al último detenido, que es el venezolano Luis Gabriel Salinas, este último está procesado en su país, donde será juzgado.
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La Sala Penal confirma condena al exintendente Cárdenas por daño patrimonial a Lambaré
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. De esta forma, queda firme la condena de dos años con suspensión de la ejecución penal.
El fallo resolvió que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por ley para impugnar la sentencia, al no presentar una argumentación detallada ni fundamentos específicos que justificaran el análisis casatorio del máximo tribunal.
Cárdenas fue encontrado culpable de lesión de confianza, que provocó un grave perjuicio patrimonial de G. 5.704 millones a la Municipalidad de Lambaré, al desviar fondos de royalties destinados a la pavimentación urbana.
La importancia del fallo radica en que con este rechazo de casación, la condena ya no admite recurso y debe considerarse legalmente ejecutable, lo que en términos prácticos implica que Cárdenas podría quedar sujeto a las consecuencias previstas por el sistema judicial.
El voto mayoritario, respaldado por la magistrada Carolina Llanes, enfatizó que el recurso presentado era genérico y no cumplía con el deber de fundamentación ni con la exigencia de argumentación lógica, crítica y verificable.
Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que incluso figuras políticas de alto perfil deben responder ante los actos de corrupción y que los recursos deben cumplir con estrictos parámetros formales si pretenden ser admitidos. El precedente sienta un mensaje claro sobre la responsabilidad pública y el rigor en el acceso a recursos extraordinarios.
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Siete juzgados del fuero civil y comercial de Asunción ya cuentan con pagos electrónicos
En la sesión plenaria de este miércoles, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, informó que desde hoy se amplía el sistema de transferencia electrónica de fondos para beneficiarios de juicios a seis juzgados más, totalizando siete despachos habilitados para realizar las transferencias de dinero y de a poco ir disminuyendo el uso del cheque judicial formato papel.
La implementación de la herramienta tecnológica sustituye los cheques físicos, agiliza los cobros y elimina trámites innecesarios, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los ciudadanos, quienes ya no necesitan acudir a sucursales bancarias, accediendo a los fondos de manera directa en sus cuentas.
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El plan piloto se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, a cargo del magistrado Walter Mendoza. En dicho despacho, los beneficiarios pudieron disponer de los fondos directamente en sus cuentas sin necesidad de presentarse en entidades bancarias. A partir de los resultados obtenidos, se dispuso la ampliación del sistema electrónico a fin de relevar datos sobre su funcionamiento.
Desde hoy, se encuentran habilitados los siguientes juzgados:
- civiles del decimocuarto turno, a cargo de Guillermo Riveros
- el juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno, a cargo de Marisa Vargas
- el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo y del Segundo Turnos, a cargo del juez Diego Torres
- juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo y del Cuarto Turnos, a cargo del magistrado Marcelo Rocholl
Asimismo, quedan incluidos los juzgados interinados por los magistrados citados, sumando en total seis nuevos despachos al sistema de pagos electrónicos.
La iniciativa forma parte de la plataforma tecnológica implementada por la Corte Suprema de Justicia en conjunto con el Banco Nacional de Fomento (BNF), orientada a modernizar los servicios judiciales y avanzar hacia la eliminación progresiva del uso de cheques físicos.
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Dos dirigentes jesuitas fueron condenados en Bolivia por encubrir a cura pederasta
Dos dirigentes jesuitas españoles fueron condenados este martes en Bolivia por encubrir los delitos del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, quien confesó abusos a menores hace 40 años, informó una asociación de víctimas.
Los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix fueron llevados a juicio en 2023 por exalumnos de un colegio de Cochabamba (centro). Allí Pedrajas, también español, tuvo su principal actividad como profesor y guía espiritual.
El sacerdote fallecido en 2009 detalló en un diario privado abusos sexuales contra más de 80 niños y adolescentes durante las décadas de 1970 y 1980. Mencionó que los acusados tenían conocimiento. El documento se hizo público en abril de 2023.
“Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada (...). Éramos niños, nos hicieron creer que la justicia” la impartían los jesuitas, dijo Wilder Flores, representante de las víctimas en un comunicado.
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Por su edad y la corta pena, sin embargo, Recolons y Alaix no serán ingresados a prisión. “Hoy es un día histórico para el colegio Juan XXIII y para el país”, dijo a la AFP Pedro Lima, exjesuita y denunciante.
Los dos hombres fueron cabezas de la Compañía de Jesús en Cochabamba. La justicia determinó que aunque tuvieron conocimiento de los hechos, no informaron a las autoridades nacionales.
Pedrajas llegó a Bolivia en 1970 y murió de cáncer a los 66 años sin ser juzgado. Flores señaló que es el primer fallo de este tipo en el país y “la punta del iceberg” para conocer más hechos de abusos al interior de la Iglesia Católica boliviana.
“Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”, dijo.
Lima informó que existe otro proceso en curso contra los jesuitas Osvaldo Chirveches, Bernardo Mercado e Ignacio Suñol, por encubrir a Alejandro Mestre, otro cura español denunciado por violación a un menor en 1961.
- Fuente: AFP
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Colombia: liberan a 33 soldados retenidos en zona guerrillera
Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.
"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.
Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.
Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.
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Población “instrumentalizada”
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.
“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.
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Ola de violencia
La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.
El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.
Fuente: AFP.