Una persona falleció y dos resultaron con heridas de gravedad en un tiroteo que se reportó en el departamento de Concepción durante la noche del viernes. Tras una discusión en una bodega, los involucrados se habrían enfrentado a tiros, entre ellos, un presunto líder sicario.

Según el reporte policial, el violento incidente se registró en cercanías de una bodega del asentamiento Aquino Cué, sector Rincón de Luna del citado departamento. Testigos revelaron que dos de personas estaban compartiendo una ronda de tragos que terminó mal.

La víctima fatal fue identificada como Gregorio Esteban Morales Coronel, alias “Tuku”, quien minutos antes estaba compartiendo unos tragos con su amigo Marcelo Paniagua, cuando Dionisio Echagüe llegó a bordo de su vehículo, con quien mantuvo una acalorada discusión.

Tras la discusión, Echagüe volvió a subir a su rodado y salió del sitio, pero a unos 100 metros bajaron del vehículo y comenzaron a disparar, matando a alias Tuku. Los sujetos de la bodega también dispararon contra los ocupantes del vehículo e hirieron de gravedad a Echagüe. También Paniagua resultó con heridas de bala.

Hasta el lugar llegó una ambulancia de los bomberos voluntarios y auxiliaron a los heridos hasta el Hospital Regional de Concepción. La Policía Nacional se encuentra investigando el posible trasfondo del crimen, pero todo indica que sería un enfrentamiento entre bandas criminales.

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Dionisio Echagüe sería hermano de Fredy Echagüe, hombre que fue asesinado a balazos junto con otros hermanos y que en vida habría sido jefe de una banda de sicarios.

En tanto que el fallecido Gregorio Morales, en algún momento formó parte de los sicarios que estaban a cargo de Fredy. Morales contaba con una orden de captura por el homicidio de Clemencio Gringo González, hecho que se reportó en mayo de 2025 en Pedro Juan Caballero.

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Este martes, desde el Ministerio Público informaron que están investigando el caso de don Antoliano Lezcano, de 94 años, quien fue encontrado por sus vecinos en total estado de abandono en el departamento de San Pedro. El hombre presentaba heridas sangrantes y estaba desabrigado.

Según el fiscal Pedro Nelson Acuña, el hombre es oriundo de Capiibary y fue encontrado por sus vecinos tiritando de frío con heridas en la zona del muslo. Este fue auxiliado hasta un centro asistencial y los médicos confirmaron que se encuentra estable.

“Se ve que está descuidado, es lo que pudimos saber con el doctor debido a su edad y compañía, y aunque no es un cuadro muy grave, hablamos con dos de sus hijos y nos enteramos de que vive con uno de ellos, pero que trabaja. Por eso se descarta la figura de abandono como tal del tipo penal”, explicó Acuña, en entrevista con Info Capiibary.

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Sin embargo, afirmó que el hombre, que tiene 11 hijos, que estos podrían ser imputados por violación del deber del cuidado de ancianos. “Ante esta figura no falta que haya abandono, pero sí un castigo al cuidado desprolijo por parte de la persona que están obligados y ahora dispuse que se abra una causa por ese tipo penal”, indicó.

Agregó que buscarán una solución para esta persona de avanzada edad y que requiere de cuidados. “Vamos a buscar cuestiones útiles para el anciano. Si constatamos que hace falta imputar a sus hijos, los vamos a imputar”, puntualizó.

Los vecinos reportaron que el hombre estaba en calzoncillos, tirado en el suelo, y que no tenía una cama para acostarse. Además, confirmaron que el hombre es beneficiario del Programa de Pensión para Adultos Mayores, pero que sus hijos tomaron posesión de su tarjeta.

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Se cumplió un año más del terrible feminicidio ocurrido en el departamento de Amambay, en que el autor dijo a las autoridades que realizó el terrible crimen “guiado por una orden divina y de Jesús”. Pablino Giménez, de 57 años, mató a su esposa Patrocinia Romero, de 48 años, y a su hija Noelia Giménez Romero, de 20 años, el 22 de agosto de 2021.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija quien tenía muchos espíritus malignos y de esa manera reprendí al demonio y le tapé la boca”, expresó Pablino a los medios de comunicación. El homicidio fue perpetrado con la ayuda de su propio hijo, José Giménez, quien fue el encargado de sostener a su madre para que su padre la asfixiara.

El hecho sucedió el 22 de agosto de 2021, pero la denuncia de la desaparición de madre e hija recién se hizo el 25 de octubre, en la Subcomisaría 2.ª de Pedro Juan Caballero, dos meses después del hecho.

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Ante la desaparición de ambas mujeres, los vecinos preguntaban a Pablino por su paradero, quien respondía que estaban de viaje. Fue justamente este argumento el que utilizó para plantear la denuncia, aduciendo que las mujeres fueron con un conocido de la esposa.

Debido a la contradicción en la declaración del autor del crimen, la fiscala Reinalda Palacios solicitó una orden de allanamiento y llegó sorpresivamente a la casa buscando elementos que puedan llevar al paradero de las mujeres. Al ingresar a la casa, la comitiva fiscal encontró los cuerpos en estado de descomposición. Lo que quedaba de las dos mujeres desaparecidas, más que nada piel y huesos, estaba tapado con unas frazadas en el fondo de una habitación que se usaba como taller.

Ante la evidencia y sin poder dar mayor explicación, el hombre admitió que cometió el feminicidio y dijo a las autoridades que su “hija estaba poseída” y que él “recibió una orden divina” para matarlas.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Ana Aguirre, Mirna Soto y Marcelina Quintana, condenó a 29 años de cárcel a Pablino Giménez Ledesma. Su hijo fue condenado a 10 años de prisión por haber ayudado a su padre a cometer el atroz doble feminicidio. Ambos condenados están cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Amambay.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del des­tituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa téc­nica presentó varios inciden­tes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institu­cionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia espe­cializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia pre­liminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputa­ción (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particu­lar, pero hoy en día se sos­tiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informacio­nes se basan en elementos de administraciones ante­riores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entre­vista con el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Deli­tos Económicos y Antico­rrupción detalló que, para la formulación de la imputa­ción, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictáme­nes emitidos por la Contra­loría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a tra­vés de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Muni­cipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encon­traba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presen­tadas en su momento. En este sentido, la primera situación

que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.

Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.

La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.