La recusación presentada el martes por la defensa del senador Erico Galeano en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py, fue rechazada este jueves por la fiscal adjunta Soledad Machuca, de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los abogados del legislador argumentaron en el pedido “falta de objetividad” de ambos agentes fiscales.
Con esta nueva resolución, la defensa del senador cuenta con tres días hábiles para presentar una impugnación ante la Fiscalía General del Estado, mientras tanto el juicio previsto bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal está parada.
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“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, había expresado en su momento el abogado Álvaro Cáceres.
Con la acción presentada por la defensa del legislador el martes antes del inicio del juicio oral y público, la diligencia quedó suspendida. Ya con la confirmación de los fiscales ahora se debe aguardar si los defensores de Erico Galeano deciden plantear una apelación.
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Fiscales piden a la Corte destrabar causa penal de Miguel Prieto y exigen sanción disciplinaria contra abogados
Los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y Yeimy Adle Monges, solicitaron a los ministros de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal que enfrenta el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y otros procesados por lesión de confianza.
Los fiscales solicitaron a la máxima instancia judicial que se declare inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por el procesado, a través de sus abogados defensores Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, y resolver la recusación contra el juez Humberto Otazú.
La defensa técnica había planteado el recurso contra la resolución de la Cámara de Apelación de Delitos Económicos, que confirmó la competencia del juez Otazú.
La solicitud de los agentes fiscales se sustenta en la ley procesal, y en ese sentido la apelación del procesado es al solo efecto de dilatar el presente caso, por lo que corresponde que la Corte rechace el planteamiento de la defensa de Prieto.
La fiscalía anticorrupción solicitó a los ministros de la Corte, que se aplique una sanción disciplinaria contra los abogados defensores por el ejercicio abusivo del derecho.
Los acusados están por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor son Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, también Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo,
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial multimillonario a la comuna esteña. La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del covid 19.
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Investigarán el patrimonio de jueces y fiscales que liberen a criminales en Ecuador
- Quito, Ecuador. AFP.
Ecuador investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas, informó el gobierno de Daniel Noboa, cuya bandera es la mano dura contra el delito. El país sufre una sangrienta guerra entre narcos y mafias internacionales. Ecuador cerró 2024 con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.
“En innumerables ocasiones, la Policía Nacional ha tenido que capturar hasta diez veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó“, señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. La entidad agregó que “desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud del origen de los fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad” a asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.
Recientemente se conoció que un grupo de presuntos secuestradores fue liberado por orden de un juez después de raptar a cuatro comerciantes, entre ellos una ciudadana china, en el puerto de Guayaquil. Las víctimas aparecieron muertas días más tarde encadenadas y dentro de un pozo.
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“Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en un video difundido en X. Entre enero y abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios.
A inicios de junio, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley para combatir las bandas criminales. Una de las medidas es extender el tiempo máximo de prisión preventiva para así evitar que los acusados queden libres durante el proceso. La norma también contempla otorgar un indulto presidencial a miembros de la fuerza pública condenados por hechos ocurridos en combate.
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Asesinato en Taguató: rechazan reducción de pena de hermanos condenados
El juez de ejecución penal de Filadelfia, Chaco, Carlos Alberto Lezcano, rechazó reducir la condena a los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina, quienes fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado en el marco del suceso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató, de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde fueron asesinados dos adultos y dos niños.
Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado José Dos Santos se opuso al pedido de la defensa de los condenados argumentando que “ el pedido de redención formulado por los condenados no corresponde debido a que no se tienen datos certeros y carecen de credibilidad, debido a que se observa que todas las planillas han sido confeccionadas en un mismo momento, además llama la atención que la hora de entrada y salida en todas las planillas son las mismas, lo cual resulta imposible, por ejemplo no se registra hora para salida de almuerzo según la planilla”, indicó la querella.
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El magistrado Lezcano señaló que “conforme al análisis de la cuestión planteada, esta judicatura constata que no existen méritos que solventen con convicción el otorgamiento de la redención a favor de los condenados, por lo que se resuelve no hacer lugar al incidente de redención con costas a la perdidosa”, refiere el argumento del juez de ejecución.
Condena
La Justicia condenó a 30 años de cárcel más10 años de medidas de seguridad totalizando 40 años de pena de privativa de libertad a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Asimismo, el colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado. Por su parte, el abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato.
En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños. El homicidio ocurrió en julio del 2019 en la citada localidad chaqueña. El agente fiscal, Andrés Arriola, acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.
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Defensa del senador Erico Galeano recusó a fiscales
El equipo de defensa del senador Erico Galeano presentó este martes la recusación de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py. El abogado Álvaro Cáceres, uno de los representantes legales del legislador, explicó que la recusación de ambos agentes fiscales se da por una “falta de objetividad”.
“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, expresó el abogado.
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El letrado indicó que la pérdida de objetividad quedó en evidencia por las declaraciones formuladas por los agentes fiscales una que vez que, en su momento, lograron el arresto domiciliado con permiso para trabajar para el legislador.
“Ellos manifestaron que Erico Galeano debe perder su libertad, siendo que eso es un derecho constitucional, el segundo derecho más importante después de la vida y siendo que la prisión preventiva debe ser de última instancia que tiene que recurrir un juzgador a los efectos de asegurar el sometimiento de una persona, y al haber declarado de esa manera, nosotros consideramos que perdieron totalmente el criterio de objetividad y en ese sentido, planteamos la recusación”, apuntó.
Este martes, se debía iniciar el juicio contra el senador Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal. El inicio estaba previsto para las 07:30, diligencia que quedó suspendida hasta que se resuelva la acción presentada por los abogados.