El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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Cae integrante de la pandilla “Cara de guerra” que habría estado involucrado en un tiroteo fatal
Los trabajos policiales para desarticular diferentes pandillas antagónicas que se encuentran operando en el barrio Ricardo Brugada de Asunción continúan. En el marco de estos operativos, en la noche de este sábado se dio captura a un joven integrante de una de estas organizaciones criminales.
La detención se produjo en la zona del Club Oriental del populoso barrio sobre las calles México, casi Fulgencio Yegros, en donde un convoy de patrulleras logró divisar a Tobias Samuel Jara Mendoza, de 18 años, quien, tras una breve persecución, quedó bajo custodia.
El mismo contaba con dos órdenes de captura, una del 2024 y otra del 2025 por homicidio doloso y robo; además, sería uno de los integrantes de la pandilla denominada “Cara de guerra” y estaría involucrado en un tiroteo que resultó en la muerte de Ingrid Markene Cattebeke Osorio, de 41 años, quien resultó herida de un impacto de bala cuando salió al balcón de su vivienda el pasado 1 de agosto.
“Nosotros continuamos con los trabajos de localización dando seguimiento a los operativos activados para desarticular estas pandillas; en este caso, el detenido fue plenamente identificado y era buscado hace semanas”, indicó el comisario Víctor, presentado en conversación con Telefuturo.
El jefe policial precisó que ahora se encuentran enfocados en lograr la captura de quien fue identificado como el líder de la pandilla “Cara de guerra”, Osmar Escobar, quien continúa prófugo desde el operativo Dominatus ejecutado el pasado 25 de junio, donde se logró la captura de varios jóvenes pertenecientes a grupos delictivos dedicados al microtráfico.
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Padres de Sol Chávez exigen celeridad en la ejecución de condenas a odontóloga y bioquímica
Los padres de María Sol Chávez exigen la rápida ejecución de las condenas dictadas contra la odontóloga y la bioquímica vinculadas a la muerte de su hija. Ambas fueron sentenciadas tras pruebas contundentes y veredictos ratificados, pero aún en el marco de instancias judiciales que podrían dilatar el cumplimiento de la sentencia.
María Edith Chávez, madre de la joven fallecida, expresó con voz firme: “Nosotros vamos a estar acá porque tenemos que cumplir nuestra misión, que es honrar la vida de nuestra hija. Y continuar acá hasta el último día”, dijo en contacto con la 780 AM.
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Antecedentes
En mayo de 2025, en el tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia condenó a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza a 4 años de cárcel y a la bioquímica Sandra Hermosa a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor. Recientemente, el Tribunal de Apelación ratificó esas condenas, desestimando los recursos presentados por las defensas.
El reclamo de la familia se da en un contexto donde, pese a las resoluciones firmes, persiste la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría retrasar la ejecución de las penas. Los padres, conscientes de esta situación, insisten en que ese recurso no debe convertirse en un obstáculo para que se cumpla lo que ya dictaron los tribunales.
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El dolor de la pérdida se traduce en una exigencia pública. “Honrar la vida de nuestra hija”, insiste la madre, subrayando que el cumplimiento efectivo de la sentencia es parte de ese homenaje. La vigilia frente al Palacio de Justicia refleja tanto la espera como la firme determinación de que cada día cuenta.
Además, la familia ha buscado visibilidad a través de protestas pacíficas, encadenándose para mantener el reclamo vigente. Su lucha ya no es solo un acto de justicia individual, sino una voz que interpela al sistema judicial para que actúe sin demoras.
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Detienen a un hombre que estaría vinculado al caso de feminicidio de una uruguaya
La Fiscalía detuvo a un hombre vinculado al hallazgo del cuerpo sin vida de la ciudadana uruguaya Karina Ximena Arismendi, cuyo cadáver fue encontrado en un avanzado estado de descomposición en un edificio abandonado del microcentro capitalino. El sitio es conocido por los vecinos como la cueva de los chespis.
El cuerpo presentaba signos de violencia, incluida una herida cortante en el cuello y signos de defensa, lo que generó inmediato impulso a tratar el caso como presunto feminicidio.
La identificación preliminar se logró mediante un tatuaje característico y la cooperación con la Municipalidad de Asunción, que cuenta con un registro fotográfico de cuidacoches. Aun así, el sistema policial AFIS no arrojó coincidencias, por lo que la fiscala Daysi Sánchez solicitó asistencia a Interpol para confirmar la identidad de la víctima.
El primer detenido de este caso fue un hombre de nacionalidad uruguaya, pareja de la víctima, de 44 años, detenido ese mismo día por un hurto bagatelario en el Mercado 4. Aunque inicialmente fue imputado por robo, la fiscalía solicitó su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y porque su relato presentó contradicciones significativas.
Una vecina, al reconocer al sospechoso en una fotografía, afirmó sin dudas que se trataba de la pareja de la víctima. En su declaración, el hombre negó conocerla, pero tras ver imágenes del lugar del hallazgo, la identificó refiriéndose a ella como “la patrona” y “la uruguaya”, lo que profundizó las sospechas.
Además, se investiga el paradero de un bebé de aproximadamente un año, que solía estar acompañado de la pareja y la víctima. Hasta el momento, no se sabe su ubicación ni estado.
El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra analizando grabaciones de circuitos cerrados de los últimos tres días en los alrededores del hallazgo, con la expectativa de reunir más pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y confirmar responsabilidades.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.