La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas, procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro. La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de uno de los imputados.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Luis María Benítez, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, quienes rechazaron una chicana más presentada por uno de los imputados.
Imputación
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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