El agente fiscal Derlys Fanego Otazú realizó un allanamiento de una vivienda ubicada en la colonia Neufeld, en la ciudad de 3 de Mayo. Durante el procedimiento fueron incautadas 12 unidades de equipos informáticos utilizados para la minería de criptoactivos, los cuales operaban mediante el uso ilegal de energía eléctrica de la ANDE.
El dueño de la vivienda allanada fue imputado por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, y se solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Las máquinas se encontraban ocultas en un túnel dentro de uno de los depósitos del inmueble, el cual contaba con sistemas de ventilación elaborados y conexiones eléctricas complejas, diseñadas para evitar la detección de la actividad ilícita.
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El procedimiento fue acompañado por técnicos de la ANDE y agentes policiales de la Comisaría de Lima, 3 de Mayo, así como por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Ahora el imputado deberá comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el imputado estará en libertad o se ordenará la prisión del mismo.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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Policía investiga presunto atentado tras tiroteo en una vivienda de Itapúa
Este miércoles, la Policía Nacional informó que investiga una denuncia sobre un presunto atentado contra una vivienda en el departamento de Itapúa. El propietario resultó ileso porque en ese momento estaba descansando en una de las habitaciones.
Según el reporte dado por los intervinientes, el hecho se registró cerca de las 22:00 de ayer martes, cuando el propietario descansaba en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Santísima Trinidad. El hombre fue alertado debido al estruendo que los presuntos agresores produjeron en las afueras de su casa.
“Estamos investigando un caso de disparos intencionales contra una vivienda que se encuentra ubicada sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 37, mientras el propietario estaba durmiendo. Este reportó que fueron entre cuatro y cinco disparos”, detalló el comisario Juan Jara, en entrevista con C9N.
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El uniformado explicó que la víctima es Jorge Armando Ramírez Fleitas, de 41 años, quien resultó ileso del percance. Indicó que no recibió amenazas y que no tiene problemas con nadie en la zona. Los disparos se realizaron con un arma de fuego de calibre 9 milímetro y todo apunta a que sería una advertencia.
“Tras escuchar los disparos, el hombre salió afuera y pudo constatar que los disparos impactaron contra la fachada de su casa. Además, divisó a unas personas que estaban a bordo de una motocicleta de color negro y que se dieron a la fuga cuando lo vieron salir”, detalló.
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Hospital Nacional de Itauguá refuerza cuidados intensivos con nuevos equipamientos
El Hospital Nacional de Itauguá dio un paso importante en la modernización de sus Unidades de Terapia Intensiva, con la incorporación de equipamientos de alta complejidad destinados a mejorar la atención de pacientes críticos. La medida forma parte de las acciones del Ministerio de Salud Pública para fortalecer la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y los recursos humanos en todo el país.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que los equipos entregados incluyen ventiladores pulmonares, camas eléctricas, aspiradores de secreciones, carros de paro y desfibriladores, ampliando significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias médicas complejas. “Entregamos al Hospital Nacional de Itauguá equipamientos de alta complejidad para fortalecer nuestros Cuidados Intensivos”, afirmó en sus redes sociales acompañando un video de los dispositivos.
Estas incorporaciones permitirán al personal médico atender con mayor eficiencia y seguridad a los pacientes críticos, reduciendo riesgos y mejorando los resultados clínicos. Además, los nuevos equipos facilitan procedimientos más precisos y seguros dentro de las UTI, alineándose con estándares internacionales de atención.
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El reforzamiento de las Unidades de Terapia Intensiva forma parte de un programa nacional que busca garantizar que los hospitales públicos cuenten con infraestructura y tecnología adecuadas, especialmente en situaciones de alta demanda y emergencias sanitarias.
Con estas mejoras, el Hospital Nacional de Itauguá se consolida como un centro de referencia para atención crítica en el país, reforzando la respuesta del sistema de salud y contribuyendo a la seguridad y bienestar de los pacientes y sus familias.
Otros servicios fortalecidos
Asimismo, los servicios de terapia intensiva se fortalecen con más del 80 % de operatividad a nivel país, según informaron desde el Ministerio de Salud. Para ello, siguen los avances y operatividad de las unidades de terapia tanto neonatal como adultos aumenta en beneficio de los usuarios con dotación de equipos biomédicos y recursos humanos calificados.
Desde la Dirección de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud Pública está enfocada en la asistencia técnica, la evaluación de las unidades de terapia intensiva que muestra un aumento significativo en cuanto a la operatividad y la capacidad de respuesta en estos servicios, explicó el Dr. Arturo Cáceres, director de la esta dependencia de salud pública.
“Actualmente, por servicio, tenemos una operatividad del 81 % en terapia intensiva neonatal y pediátrica y, 89 % en terapia intensiva adultos. Nuestro objetivo es siempre llegar a apuntar a cerca del 100 %. Es como venimos trabajando y continuando para que esto siga creciendo”, señaló.
Datos clave
- Los equipamiento entregados al HNI son ventiladores pulmonares, camas eléctricas, aspiradores de secreciones, carros de paro y desfibriladores.
- Objetivo es fortalecer la atención crítica y mejorar la capacidad de respuesta en cuidados intensivos.
- El Hospital Nacional de Itauguá forma parte de un plan nacional de modernización de UTI.