Denuncian atropello con una orden de desalojo irregular
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Los abogados Julio Godoy y Aldo Gavilán, representantes legales de la firma Americana, denunciaron que la Policía Nacional se quiso prestar a un desalojo ilegal con una orden judicial dudosa firmada por la jueza Josefina Gunsett de Katueté, departamento de Canindeyú.
De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, la citada magistrada hizo lugar a una orden de desalojo a favor de Gissella Peters, situación totalmente irregular atendiendo a que los representantes de la estancia Americana cuentan con todas las documentaciones que avalan y reconocen la posesión del inmueble a favor de Leandro Camargo, dejando sin efecto la resolución de la magistrada Gunsett.
El intento de desalojo movilizó a más de 300 agentes policiales que se trasladaron directamente desde Asunción para tratar de lograr su fin, pero al llegar al establecimiento se encontraron con los abogados de la estancia Americana, quienes exhibieron la orden judicial que reconoce la posesión a favor de Camargo, por lo que no se realizó el desalojo.
Godoy manifestó que “con este desenlace hoy la mafia judicial ha perdido, porque cuando se actúa al margen de la ley y de manera apresurada siempre sale mal, no existe el crimen perfecto”.
El abogado aseguró que seguirán atentos para evitar nuevos atropellos, recalcando que las comunidades y familias que habitan el lugar solo quieren trabajar en paz.
Juez habría titulado propiedad de forma irregular, denuncian
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El juez Édgar Rivas habría dado visto bueno a la titulación de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra.
Una nueva irregularidad se habría cometido en el juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores. En este caso, el cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción Édgar Rivas habría titulado de forma irregular una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.
La abogada de la firma, Patricia Rebollo, señaló: “Conforme a informaciones preliminares que recibimos y que estamos tratando de confirmar existirían indicios de que uno de los inmuebles propiedad de la firma Ypyta ya habría sido objeto de eventuales tratativas de venta o de actos orientados a una posible transferencia de dominio a terceros, mediante un supuesto título firmado por el juez Rivas”.
Asimismo, la abogada sostuvo que existen dos fallos judiciales que fueron atacados de inconstitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá actuar conforme a derecho y anular dichas resoluciones por ser irregulares y perjudiciales para la firma Ypyta. Del mismo modo, la representante legal de la agroganadera enfatizó: “Las cuestiones sometidas a consideración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permanecen pendientes de resolución, por lo que la validez, alcance y efectos de la operación de titulación u otros actos continúan sujetos al control jurisdiccional correspondiente”.
El criticado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Igualmente conforman la terna el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019.
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación –principalmente cables e insumos eléctricos– fueron resguardados en el Hospital Central.
El juez Osmar Legal reiteró la orden de captura internacional contra Diego Benítez, dirigente deportivo imputado por narcotráfico en nuestro país. Foto: Archivo
Reiteran orden de captura internacional contra el exdirigente Diego Benítez
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El juez Osmar David Legal resolvió reiterar la orden de captura internacional contra el imputado Diego Isaac Benítez Cañete, imputado por supuestamente enviar un cargamento de droga a Europa. El magistrado también dispuso librar oficio para dar cumplimiento a la medida y se logre la detención de Benítez.
Asimismo se requirió un informe preciso a la Interpol que sobre el estado procesal actual de Benítez Cañete ante la Justicia de los Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo al acta de imputación, el hecho que se atribuye a Diego Isaac Benítez Cañete es haber utilizado los meses de diciembre del 2020 y febrero del 2021 actividades tendientes a remitir a Israel un cargamento de 16.174 kilos de supuesta cocaína, oculta en contenedores, lo que precisamente fue incautado en el Puerto de Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021.
A fin de lograr su cometido, el imputado por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes habría utilizado la empresa Pinturas Tupa SA, de la cual es presidente y principal beneficiario, para la exportación de las sustancias mencionadas, bajo la apariencia de un cargamento de enduidos que debía ser consignado a favor de una empresa israelí denominada Tambour Group.
Fiscalía imputa y pide prisión para un hombre por tentativa de feminicidio en San Lorenzo
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El agente fiscal de San Lorenzo, César Damián Jiménez, imputó a Walter Santiago Barbudes Núñez, de 54 años, por la presunta comisión del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa.
El imputado habría ocasionado heridas con arma blanca a su exesposa, de 44 años, y a su hija, de 18 años. Tras una rápida intervención policial, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado Penal de Garantías.
De acuerdo con los datos de la investigación, el imputado atropelló previamente con su automóvil el portón de acceso de la vivienda familiar, ubicada en el barrio Virgen del Rosario de San Lorenzo.
El hombre ya contaba con una denuncia previa por violencia familiar y tenía vigente una medida de restricción de acercamiento al hogar.
Tras irrumpir en el inmueble portando un machetillo y una navaja, el agresor se abalanzó contra su expareja. En ese momento, la hija de ambos intervino para defender a su madre y también resultó herida.
El imputado deberá comparecer ante el juez penal de garantías de Central para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se resolverá el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. La expectativa de pena es alta en el presente caso.