Por: Adelaida Alcaraz

Aunque es preferible evitar el tema por miedo, el riesgo de un apagón digital es una preocupación cierta en todos los gobiernos del mundo. Una falla de energía, un colapso natural, pueden acarrear una pérdida irreversible. Ante este panorama, el CEO Manuel Medina brinda una práctica solución.

¿Y si mañana se apagara todo? Un corte masivo de energía, un ciberataque coordinado, una falla crítica en los centros de datos… ¿Qué pasaría si Paraguay despertara un lunes sin acceso a sus registros civiles, títulos de propiedad, historiales médicos, mapas limítrofes, contratos electrónicos o expedientes judiciales? Esta no es una hipótesis de ciencia ficción, es una pregunta estratégica que se ha venido postergando durante años.

Si bien hoy día Paraguay acelera su digitalización -facturación electrónica, trámites online, banca digital, automatización estatal- aún persiste una confusión y hay que entender que no todos saben que digitalizar no es preservar. Guardar en la nube no garantiza permanencia, así como tampoco respaldar en servidores activos no equivale a proteger la memoria institucional.

En ese vacío opera Ceroone, empresa paraguaya liderada por Manuel Medina, representante y CEO de Piql Paraguay, la tecnología noruega que resguarda información crítica en el Ártico, dentro del Archivo Mundial del Ártico (AWA), ubicado en el archipiélago de Svalbard, en la isla noruega.

“La mayoría de las organizaciones confunde digitalización con preservación”, advirtió el CEO de Ceroone. Agregó que la práctica común es automatizar contratos, expedientes regulatorios, datos energéticos. Sin embargo, no son conscientes de que los sistemas digitales dependen de software, actualizaciones, proveedores, energía y formatos que inevitablemente cambian. “Lo que hoy funciona, mañana puede no existir”, reflexionó.

El riesgo que nadie quiere discutir. Manuel no habla desde la teoría. Él comenzó su carrera a los 14 años en micrografía y le tocó participar en la digitalización de film del Archivo del Terror, en la recuperación de planillas obrero-patronales en la transición digital, en la preservación de mapas limítrofes para la Cancillería, en la microfilmación de periódicos nacionales hasta 1900, entre otros.

Todo ese bagaje de conocimiento hace que hoy pueda dar un diagnóstico, quizás algo incómodo. “Existe un escenario que rara vez se aborda con seriedad estratégica: un apagón digital”, señaló. Y lo ejemplificó con crudeza: “Un día, un funcionario fue a su oficina y no se le prendió el server. Es decir, todo lo que estaba digitalizado, todos los datos, de un día para el otro se perdieron”, recordó.

¿Y entonces, cuál fue la solución? En lugar de una política estructural de preservación, la reacción fue coyuntural. “Se pensó en hacer otra licitación multimillonaria para volver a hacer todo”, señaló.

La historia se repite. Durante la década del 2000, buena parte de la información pública se digitalizó en soportes hoy obsoletos. Disquetes, CDs, cintas magnéticas. “De 2000 a 2010 nadie guardó nada. Esa tecnología era volátil. Hoy ya no puedo meter un disquete o un pendrive o un CD. Ya no funciona”, explicó. Esto acarreó pérdida de trazabilidad, dificultades probatorias, inseguridad jurídica.

Frente a ese escenario, Ceroone implementa en Paraguay el estándar Piql, una tecnología que convierte información digital en código binario impreso sobre film de poliéster (PET), un soporte físico certificado para durar siglos sin depender de software, hardware ni energía continua.

“No es un backup, tampoco es almacenamiento convencional. Se trata de infraestructura de permanencia”, subrayó Manuel. Explicó, además, que el proceso de guardado es conceptualmente simple ya que cualquier base de datos, video o documento se traduce en 0 y 1 -el lenguaje madre de las computadoras- y se imprime en un film similar al de cine analógico. Ese film puede almacenarse en condiciones controladas y ser leído incluso en el futuro sin necesidad de sistemas propietarios. Pero, ¿cuál es el margen de error? Ninguno ya que al momento de recuperar la información se testea si está correcta. ¿Cuánto dura? “Mil años. A no ser que queme”, indicó.

Costo-beneficio. Uno de los mitos más extendidos es que la preservación de largo plazo es inaccesible. Al respecto, el CEO de Ceroone comentó que no es necesario montar una infraestructura monumental ni desembolsar presupuestos extraordinarios para comenzar.

La plataforma de acceso digital tiene un costo accesible mensualmente, para usuarios individuales o pequeñas entidades. Los films pueden compartirse entre varios depositantes. Y el almacenamiento físico no requiere consumo energético permanente.

Comparado con centros de datos que demandan refrigeración constante, renovación tecnológica cada pocos años y protección frente a ciberataques, el modelo híbrido reduce dependencia energética y riesgo sistémico.

Además, libera espacio digital, pues la información histórica se traslada a un soporte pasivo, permitiendo reutilizar servidores para operación activa.

“Nuestra empresa cuenta con lugares de depósitos en Asunción y Ciudad del Este”, reveló Manuel.

La experiencia del Ártico. Recientemente, Manuel visitó el Archivo Mundial del Ártico, para participar del ritual anual de depósito. Este lugar está ubicado en una mina desmantelada en Svalbard, Noruega, que utiliza el permafrost natural para mantener condiciones estables sin alto consumo energético. Allí ya se resguardan datos de gobiernos, Unesco, instituciones científicas y archivos culturales del mundo.

“Si hay una catástrofe y sobrevive esa zona, vamos a poder decir que esto era Paraguay antes. Pero por documentación que se guarda”, anticipó. Comentó también que entre los proyectos que busca llevar adelante se encuentran la salvaguarda de los mapas limítrofes paraguayos, archivos históricos y documentación estratégica.

Seguridad jurídica e inversión extranjera. En un país que aspira a recibir flujos crecientes de inversión, la preservación no es un lujo cultural. Un inversor necesita saber que sus contratos, registros médicos, títulos de propiedad y antecedentes regulatorios tendrán trazabilidad verificable dentro de 30 o 50 años. “Perder información crítica no es un error técnico, es una falla institucional”, afirmó el CEO.

Por eso, la propuesta de Ceroone va más allá del almacenamiento. Incluye una futura plataforma de verificación de veracidad apoyada en blockchain, orientada a certificar autenticidad en un entorno de sobreinformación y manipulación digital. “El dinero de hoy en día es saber qué información es verdad”, aseveró.

Promover la cultura de anticipación. Si hay algo en lo que, probablemente, todos estemos de acuerdo es que Paraguay carece de una política nacional de preservación. “No tenemos cultura de anticipación. Siempre estamos con parches”, remarcó la idea.

Teniendo como precedente esto, Manuel impulsa un anteproyecto de ley para crear una Secretaría Nacional de Preservación de Información. El argumento fuera de ser alarmista es más bien estratégico. Las hidroeléctricas preservan sus datos porque comprenden su valor generacional. El resto del aparato público aún no internaliza esa lógica.

Mientras tanto, Ceroone opera en Paraguay y Estados Unidos, con alianzas europeas y asiáticas, y un equipo de profesionales nacionales e internacionales entrenados en gestión de información, automatización y preservación de datos.

La memoria como poder. Paraguay puede seguir ampliando servidores y nubes, o puede construir una capa de preservación estructural que lo proteja frente a apagones, obsolescencia y ciberataques. El debate muy pronto será decidir entre operar y gobernar. Para ello, será necesario pensar en décadas, no en presupuestos anuales.

“La tecnología cambia. La energía puede fallar. Las redes pueden caer. La información crítica no puede depender exclusivamente de lo digital”, subrayó.

Y si mañana se apagara todo, ¿estaría el país dispuesto a perder su historia, sus derechos y su identidad por no haber invertido a tiempo en infraestructura de permanencia? Con esta reflexión, Manuel invita a ver que “la información es poder, pero solo si sobrevive”.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Cámara de Apelaciones de Alto Paraná revocó el rechazo de una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, en el marco de una causa por supuesto hecho punible contra el medio ambiente, previsto en la Ley 716/96. Se trata de la reserva natural Pykyry, de Itaipú Binacional, ubicada en el distrito de Santa Fe del Paraná.

En el inmueble habrían ingresado personas ajenas a la entidad binacional y cometido supuestos delitos ambientales. La apelación había sido presentada por la fiscal de Medio Ambiente, Zunilda Ocampos.

El Tribunal de Apelación, Primera Sala, declaró admisible el recurso de apelación general presentado por la Fiscalía contra el auto interlocutorio N.º 170, del 17 de febrero de 2026, y resolvió revocar dicha decisión, autorizando el allanamiento en un inmueble ubicado en el distrito de Santa Fe del Paraná.

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La resolución judicial está sustentada en la existencia de presuntas intervenciones de gran magnitud dentro de una zona declarada reserva natural. Entre los hechos denunciados figuran la eliminación total de la cobertura vegetal, la remoción del suelo y la apertura de caminos internos en el área protegida.

La medida judicial permite el allanamiento de forma limitada al inmueble identificado, con el objetivo de posibilitar las diligencias investigativas y la eventual recolección de evidencias vinculadas al presunto daño ambiental.

La decisión fue adoptada por mayoría de votos de los camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz y Alba Angelina Meza Ávalos, mientras que el magistrado Raúl Insaurralde votó en disidencia. Finalmente, el Tribunal dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para la prosecución de las diligencias correspondientes dentro del proceso investigativo.

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En un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), llevarán a cabo la Encuesta Agropecuaria Chaco 2026 con el fin de contar con más datos que posibiliten articular trabajos más enfocados al desarrollo del área en distintos niveles.

Desde la cartera estatal explicaron que la ENA CHACO 2026 es un estudio enfocado a las características productivas de la región, que busca actualizar la producción agropecuaria y generar indicadores de gestión ganadera, midiendo carga animal, reproducción, preñez, destete, finalidad, sanidad animal, entre otros muchos indicadores.

La encuesta abarcará los tres departamentos del Chaco, incluyendo a los productores de las tres grandes cooperativas: Fernheim, Chortitzer y Neuland. Se visitará aproximadamente a 1.500 productores entre los meses de marzo y abril del corriente año y estará movilizando a unos 130 personales en campo.

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Los datos relevados permitirán analizar el contexto de la producción a fin de fortalecer la planificación y evaluación de políticas públicas para el sector, logrando por medio de la misma conocer y comprender la dinámica productiva del Chaco y orientar decisiones con base en evidencia.

Si bien instituciones como el Viceministerio de Ganadería del MAG y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) apoyan este proyecto, también cuentan con el respaldo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las cooperativas de la zona, lo que permitirá una mayor cobertura territorial y temática de la encuesta.

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El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

“Significa que formalmente está confirmada su vinculación al proceso penal y se discute la necesidad de disponer otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.

“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razonable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, entonces estamos ante un proceso regular que esta en su marco de avance en la investigación", explicó Lovera en otra entrevista con la 1020 AM.

Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.

“El Ministerio Público requirió de medidas cautelares para garantizar su sometimiento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pretensión y los argumentos de la defensa para definir que medidas cautelares considera pertinentes", dijo el abogado.

En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

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De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos. Los depósi­tos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca soli­citó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

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