El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.
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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.
A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Pesquisas identifican diez armas y señalan asociación criminal en Naranjito, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.
“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.
Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.
“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Asfixia del “arco libre”
El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.
Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.
Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.
“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.
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Seprelad exige actualización de datos en sistema SIRO a Bancos, casas de bolsa y otras entidades
Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.
La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.
Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.
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La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.
Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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