La Secretaría Nacional de la Juventud y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), buscan a jóvenes de Asunción para que puedan sumarse a la segunda convocatoria de voluntarios para completar la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, habilitada hasta el 15 de noviembre de 2026. Los participantes recibirán una certificación oficial que serán válidas para extensión universitaria.

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de prevención, el Observatorio Paraguayo de Drogas convoca a jóvenes voluntarios para apoyar el relevamiento en Asunción y el departamento Central. Estos deberán aplicar las encuestas, previa capacitación, bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado en las redes sociales de la SNJ. Quienes participen recibirán un certificado que acredite 60 horas de voluntariado. Además, podrán gestionar horas de extensión universitaria de acuerdo a los requerimientos de cada universidad.

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“Queremos que los jóvenes tengan oportunidades concretas de involucrarse en acciones que generen un impacto positivo en nuestro país. A través del voluntariado, pueden aportar a una investigación fundamental para comprender mejor nuestra realidad y contribuir al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia”, expresó la ministra Salma Agüero.

El periodo de trabajo de los encuestadores será hasta el 15 de noviembre de 2026 y se prevé que cada voluntario pueda realizar 200 encuestas efectivas a personas de entre 18 y 65 años. Los voluntarios ayudarán a completar el relevamiento en las zonas pendientes en los barrios de Asunción.

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Autoridades confirmaron que los procedimientos aéreos y terrestres en el norte del país se extenderán durante los próximos días para profundizar el golpe a las bases logísticas de la zona.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación estra­tégica con la Policía Federal del Brasil, lleva adelante la Operación Nueva Alianza 58 en el departamento de Amam­bay, contando con el respaldo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público. Como resultado preliminar, las fuer­zas combinadas desarticula­ron 103 campamentos de pro­ducción y acopio, además de erradicar 66 hectáreas de cul­tivos de cannabis.

En los centros de procesa­miento destruidos, las autori­dades hallaron 92.217 kilogra­mos de marihuana procesada en bolsas, listas para su distri­bución final. En total, el volu­men destruido equivale a más de 290 toneladas de la sustan­cia ilícita fuera del circuito comercial. La intervención se concreta bajo el marco del convenio de cooperación bila­teral basado en el principio de responsabilidad compartida, donde Paraguay actúa como zona de producción y Brasil como principal mercado con­sumidor de la región.

De acuerdo con las estimacio­nes técnicas e institucionales, el impacto financiero generado a las estructuras del crimen organizado supera los USD 45,5 millones. Esta estrate­gia combinada no solo apunta a reducir la oferta disponible del estupefaciente en el mer­cado transnacional, sino a neutralizar directamente la capacidad logística, el abaste­cimiento operativo y los flu­jos financieros de las agrupa­ciones dedicadas al tráfico de drogas.

Un contingente operativo de alto nivel –integrado por agen­tes especiales, efectivos de las Fuerzas Especiales y helicóp­teros de la Fuerza Aérea Para­guaya y la Policía Federal bra­sileña– ejecuta incursiones permanentes en áreas críti­cas del narcotráfico. Durante las primeras seis jornadas, el despliegue focalizó sus tareas en Cerro Cora’i (Pedro Juan Caballero), así como en las comunidades de Cerro Kua­tiá, Umbú, Piray y Yaguarundí, ubicadas dentro del distrito de Capitán Bado.

El juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, decidió devolver una imputación presentada por la agente fiscal Daisy Sánchez en un caso de reducción. A criterio del magistrado, la fiscala se limitó a “copiar y pegar” informaciones recabadas por los policías, sin describir adecuadamente los hechos atribuidos al procesado ni fundamentar el requerimiento.

En la resolución, el juez Acevedo criticó que la representante del Ministerio Público incumpliera los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal (CPP), el cual exige una descripción precisa de los hechos y su debida fundamentación. Asimismo, el magistrado indicó que el acta de imputación no explicaba de manera lógica la conducta atribuida al imputado, ni identificaba a la persona afectada por el supuesto hecho punible.

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Acevedo cuestionó la elaboración del requerimiento fiscal y sostuvo que la agente realizó una “mala subsunción” de los hechos en el tipo penal. Advirtió, además, que la imputación incumplía varios puntos de la Guía de Control Jurisdiccional, aprobada por la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada N.º 1631/22. Entre las falencias detectadas, mencionó la falta de identificación del denunciante o de la víctima, la ausencia de una descripción concreta de la conducta delictiva y la falta de fundamentación del dolo.

Igualmente, cuestionó que la Fiscalía se limitara a transcribir una nota policial en lugar de exponer su propia hipótesis fáctica. También observó deficiencias en la calificación jurídica y en la justificación del plazo solicitado para la etapa preparatoria. Ante estas irregularidades, Acevedo consideró que el pedido de prisión preventiva carecía de sustento legal. Finalmente, la fiscal rectificó su imputación y volvió a solicitar la prisión preventiva del sospechoso.

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación estratégica con la Policía Federal del Brasil, lleva adelante la Operación Nueva Alianza 58 en el departamento de Amambay, contando con el respaldo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público. Como resultado preliminar, las fuerzas combinadas desarticularon 103 campamentos de producción y acopio, además de erradicar 66 hectáreas de cultivos de cannabis.

En los centros de procesamiento destruidos, las autoridades hallaron 92.217 kilogramos de marihuana procesada en bolsas, listas para su distribución final. En total, el volumen destruido equivale a más de 290 toneladas de la sustancia ilícita fuera del circuito comercial. La intervención se concreta bajo el marco del convenio de cooperación bilateral basado en el principio de responsabilidad compartida, donde Paraguay actúa como zona de producción y Brasil como principal mercado consumidor de la región.

De acuerdo con las estimaciones técnicas e institucionales, el impacto financiero generado a las estructuras del crimen organizado supera los USD 45,5 millones. Esta estrategia combinada no solo apunta a reducir la oferta disponible del estupefaciente en el mercado transnacional, sino a neutralizar directamente la capacidad logística, el abastecimiento operativo y los flujos financieros de las agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Un contingente operativo de alto nivel —integrado por Agentes Especiales, efectivos de las Fuerzas Especiales y helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal brasileña— ejecuta incursiones permanentes en áreas críticas del narcotráfico. Durante las primeras seis jornadas, el despliegue focalizó sus tareas en Cerro Cora’i (Pedro Juan Caballero), así como en las comunidades de Cerro Kuatiá, Umbú, Piray y Yaguarundí, ubicadas dentro del distrito de Capitán Bado.

Por su parte, las autoridades confirmaron que los procedimientos aéreos y terrestres en el norte del país se extenderán durante los próximos días para profundizar el golpe a las bases logísticas de la zona. Con este despliegue continuo, la cooperación regional ratifica la decisión de atacar los eslabones clave de la cadena delictiva directamente en las áreas de cultivo y almacenamiento.