Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.

Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.

Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

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Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.

“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.

Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.

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En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.

“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.

Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.

Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.

“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.

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Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia for­mal ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato des­alojo, para que el legítimo pro­pietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta indus­trial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.

La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cyn­thia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la terri­torial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encar­nación).

Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguri­dad jurídica, que genera incer­tidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolu­ción previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia terri­torial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordena­miento jurídico.

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Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene com­petencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfra­zado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.

“Esta acción es un claro ejem­plo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconce­bible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdic­ción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.

“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tri­bunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurí­dica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera trans­parente y justa, asegurando que se respeten los princi­pios de independencia judi­cial y debido proceso.

Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y efi­ciencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.

Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia for­mal ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato des­alojo, para que el legítimo pro­pietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta indus­trial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.

La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cyn­thia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la terri­torial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encar­nación).

Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguri­dad jurídica, que genera incer­tidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolu­ción previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia terri­torial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordena­miento jurídico.

Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene com­petencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfra­zado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.

“Esta acción es un claro ejem­plo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconce­bible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdic­ción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpar­tes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tri­bunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurí­dica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera trans­parente y justa, asegurando que se respeten los princi­pios de independencia judi­cial y debido proceso.

Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y efi­ciencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que los interventores de Asunción y Ciudad del Este continuarán al frente de cada administración municipal, hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre cada caso, como parte del procedimiento para no dejar sin autoridad comunal, ya que los intendentes no pueden reasumir el cargo sin la definición legislativa.

El secretario de Estado confirmó que, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, culminó el proceso de intervención en Ciudad del Este con la entrega del informe final por parte del interventor Ramón Ramírez, en la tarde de ayer miércoles. Esta mañana se remitieron íntegramente esos documentos a la Cámara de Diputados.

“No existe la figura de la reasunción de los intendentes a sus cargos, en ese ínterin en que la Cámara tenga que decidir sobre esto. Entonces, el corte administrativo a futuro se va a dar entre el interventor y a quien le toque asumir el cargo nuevamente. Si se llama a elecciones, o al concejal que sea electo decidido por la Junta Municipal”, explicó Riera ante los medios de prensa.

Agregó que en el caso que no se llame a elecciones podría asumir eventualmente el presidente de la Junta Municipal o el que la Junta Municipal decida. “Esto es importante aclarar, para que no haya dudas ni vacío de poder. El interventor se queda en el cargo hasta que la Cámara de Diputados se expida, en ambos casos. Tanto en Ciudad del Este como en Asunción”, precisó.

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Respecto a los incidentes que se registraron esta mañana en la municipalidad esteña, donde una turba de funcionarios afines a Miguel Prieto, protagonizaron una violenta manifestación, afirmando que las irregularidades detectadas en esta fiscalización “son mentiras”, Riera señaló que es algo que estaba dentro de los presupuestos, ya que la intervención de CDE no fue fácil durante todo este tiempo.

Aclaró que desde el Ejecutivo, lo único que hacen es revisar el informe del interventor, de que esté completo y foliado, sin emitir ningún dictamen, ni ningún juicio de valor al respecto.

“Lo que hago es hacer una nota como ministerio del Interior, para remitir el informe al Ejecutivo y este a su vez remite a la Cámara de Diputados”, acotó.

Por otra parte, el ministro aprovechó la conferencia para informar sobre otros casos de relevancia sucedidos en las últimas horas, que son de relevancia en el aspecto de seguridad interna.

Por un lado, confirmó sobre el caso de cuatro atletas cubanos, que informaron al jefe de su delegación y a la vez a la organización de Juegos Panamericano Junio Asu2025, su decisión de no retorno a su país. Se trata de cuatro jóvenes mayores de edad, que decidieron quedarse en el país.

Ante esto, se iniciaron los protocolos al que la Policía Nacional llama “alerta” para averiguar si estas personas cuentan con antecedentes que puedan generar preocupación.

“Aparentemente se trata un caso de deserción, son tres remeros y una atleta de balón mano. Todavía oficialmente no han solicitado el apoyo o el asilo del Conare (Consejo Nacional de Refugiados), que sería el paso normal. Porque esto ya ha sucedido en otros casos, incluso en Odesur, con delegaciones de Venezuela”, acotó.

Por otra parte, informó sobre un incidente a las 3 de la madrugada frente a la Facultad de Derecho de la UNA, que arrojó 13 detenidos y dos vehículos incautados porque hubo arma de fuego involucrados.

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