La ARP critica fallo judicial que obliga al Senacsa a brindar datos privados de los ganaderos y sostiene que dicha resolución es inconstitucional. Foto: Archivo.
Piden a la CSJ anular fallo que obliga a revelar datos privados
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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo que obliga al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a proveer a un ciudadano informaciones privadas de los ganaderos como, por ejemplo, cantidad de animales de ganado vacuno por nombre de establecimiento y destino final. El gremio apoyó al Senacsa para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia.
La resolución judicial que obliga a proveer esos datos privados fue dictada por la magistrada Lizza Reyes, y confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Dichas informaciones fueron solicitadas al Senacsa por el ciudadano de nombre Federico Legal Aguilar, amparándose bajo la Ley Nº 5.282/2014 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Carlos Miguel Goiburú, presidente de la comisión de asuntos legales de la ARP, comentó que el solicitante de las informaciones desde hace ya un tiempo, pidió datos varios a la Senacsa, entre los cuales hay datos públicos que ya fueron proveídos. “La Constitución Nacional dice que la intimidad personal y familiar, como el respeto de la vida privada, son inviolables. Según los constitucionalistas, forman parte de la intimidad, el derecho a la imagen, al honor, al nombre y también la personalidad económica de una persona”, afirmó.
“Estamos muy preocupados, esas informaciones privadas de los ganaderos podrían ser utilizadas con fines delictivos, como extorsiones o secuestros”, expresó Goiburú.
Mafia de los pagarés: víctima dice que situación ya es insostenible
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La docente jubilada Carmen Ramírez, oriunda de la ciudad de Villarrica y víctima de la mafia de los pagarés, denunció que la situación es insostenible para los afectados porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no toma medidas para frenar los embargos irregulares.
Cuestionó que desde el año 2022 “no se mueven los expedientes” y muchos de ellos “están extraviados” en las narices de los ministros que integran la máxima instancia judicial.
“Yo vengo a raíz de que la situación es insostenible para muchos docentes. Y a raíz de que no se mueve el caso. Yo vengo siguiendo esto desde el 2022 y precisamente esa casa comercial (no voy a decir el nombre), estamos a merced de esta. Vamos a vernos en la parte penal ahí, pero no aparecen los expedientes. Acá cerquita nomás en las narices de este Poder Judicial”, manifestó a la 780 AM.
RESPALDO
La profesora destacó que las víctimas están recibiendo el respaldo del Congreso Nacional, donde el Senado dio ayer en sesión ordinaria la media sanción a un proyecto de ley que busca precisamente suspender los embargos salariales ilegales.
“Nosotros tenemos ayuda del Parlamento que nos escucha, nos sostiene, se preocupa y nos llama. También la Defensoría, a los señores de la prensa le agradecemos. Y hoy venimos en brigada a hacer este reclamo, dejamos nuestras aulas, porque ayer hubo un pronunciamiento de los ministros de la Corte que dicen una cosa, firman y borran con el codo”, afirmó.
Pero es la justicia la que no se moviliza para frenar el accionar de la mafia de los pagarés. La jubilada apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia que se hace la desentendida y no toma una acción firme y determinante en el proceso.
El MEC anuló exámenes y repetirá pruebas del concurso docente en cuatro departamentos
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Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), este lunes comunicaron que se volverán a repetir los exámenes del Concurso Docente de Oposición (CPO) en cuatro departamentos donde se constaron presunto fraude. Así también, se realizará sumario administrativo y apartamiento del cargo a las personas responsables de esta falta.
Según el ministro Luis Ramírez, en este caso se ve afectado el segundo operativo del concurso, en el que se recibieron denuncias de docentes, actas y evidencias estadísticas de investigaciones. Los departamentos afectados con la anulación son:
San Pedro
Canindeyú
Guairá
Cordillera
“Hemos tomado la decisión de anular la prueba en cuatro departamentos y se volverá a rendir probablemente en el mes de diciembre. Las personas que fueron sorprendidas en la flagrancia del delito no podrán participar del siguiente concurso (operativo 2)”, confirmó Ramírez, en conferencia de prensa.
Agregó que en los departamentos de Misiones y Paraguarí no se verifican denuncias y anomalías en el operativo 2. “Todas las personas denunciadas y que estén implicadas, les hemos instruido sumario y en algunos casos les hemos apartado del cargo. También vamos a tomar y modificar los equipos de trabajo y que intervienen”, aseguró.
Aclaró que todos los operativos del concurso docente continúan y que el próximo es el operativo 3, que se realizará el 17 de setiembre. “El primer operativo está intacto, no se cambia, y se mantienen los resultados”, concluyó.
Refirió que los concursos se mantendrá a nivel país para ordenar el ministerio con criterio pedagógico, conocimiento y capacidades. “El maestro es la pieza central de la transformación educativa. Queremos que sea un acto más trasparente el ingreso de los más preparados y los que tienen el perfil para ingresar a la base de datos”, puntualizó.
Paraguay es el único país en contar 100 % con disponibilidad de datos abiertos en materia de compras públicas de África, América Latina y el Caribe. Foto: Archivo
En América Latina, Paraguay es el país con mayor disponibilidad de datos abiertos en compras públicas
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Según el último informe del Global Data Barometer (GDB), Paraguay es el único país en contar 100 % con disponibilidad de datos abiertos en materia de compras públicas de África, América Latina y el Caribe.
El documento informa que nuestro país se destaca por encima de 43 países, como resultado de la publicación de información estructurada y en formatos legibles por máquina que abarcan todas las fases del proceso de contratación, desde la planificación hasta la ejecución.
El Barómetro de Datos Globales es un estudio internacional que mide cómo los países gobiernan, comparten y utilizan los datos para el bien público, basada en una metodología definida desde su primera edición y en información extraída de encuestas a expertos de todo el mundo y el análisis de pruebas realizadas.
Los resultados más recientes del informe muestran que el 93 % de los países publican datos sobre contrataciones de bienes y servicios; sin embargo, solo el 14 % divulga información sobre la etapa de ejecución. Paraguay es el único país que alcanza un 100 % de cobertura en todas las fases de la contratación pública.
Es decir que, a nivel global, el Barómetro revela que, si bien la mayoría de los países han avanzado en la publicación de sus datos, estos rara vez cumplen con los parámetros a tener en cuenta para que dichos datos puedan efectivamente cumplir con estándares básicos de apertura que permita la utilización de los mismos. En este escenario, Paraguay se diferencia al publicar información completa y en formatos abiertos.
Este liderazgo se sustenta en acciones impulsadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), entre ellas la adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS) y la implementación de una Política de Datos que garantiza el acceso universal, gratuito y oportuno a la información del Sistema de Contrataciones Públicas. De esta manera, se promueve el monitoreo ciudadano, la transparencia y la evaluación del desempeño en la gestión pública.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio su respaldo a las tres magistradas del Juzgado de Ejecución que descubrieron las celdas vip en la penitenciaría de Emboscada Antigua. Los miembros de la máxima instancia judicial defendieron la legalidad de las actuaciones de las juezas. Los ministros del máximo tribunal oficializaron este apoyo durante la sesión plenaria de la Corte realizada el miércoles.
En su intervención ante el pleno, la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Sala Penal, Carolina Llanes, dio un detallado informe sobre la diligencia realizada por las juezas de Ejecución Penal: Cynthia Sostoa, Sandra Kircchofer, Luz Bogarín y Lidia Wyder.
La ministra destacó que sus colegas magistradas actuaron acorde a lo establecido en el Código de Ejecución, por lo que defendió la legalidad y el compromiso con el fortalecimiento del sistema penal.
En consecuencia, las juezas seguirán desarrollando sus gestiones con normalidad y, en el marco de la ley, al recibir el respaldo explícito de la Corte. Durante la visita sorpresiva las juezas comprobaron la existencia de reos con tratos privilegiados al contar con comodidades tales como jacuzzi, teléfono con alcance satelital, sommiers, electrodomésticos y otros lujos.