El Ministerio Público requirió la desesti­mación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Hora­cio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requeri­miento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada en enero de 2022 ante la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad) y no ante el Ministerio Público, pese que esta última –y no la primera– tiene facul­tades de asumir la investiga­ción del caso.

El Ministerio Público con­formó equipos de trabajo con la Aduana, la Seprelad y la entonces SET (Subsecre­taría de Tributación) para las averiguaciones. Con los informes remitidos por estas instituciones, los fis­cales no detectaron ningún indicio de hecho punible. Por los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la exis­tencia del hecho y la partici­pación de los denunciados, señala el documento fiscal.

En el documento de desesti­mación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de publicaciones de medios de prensa anticartistas, entre los que figura la creación, en un solo día, de tres empresas de maletín en Panamá. Los fiscales no hallaron elemen­tos en este sentido. El tra­bajo fiscal también indica que no existen inconsis­tencias ni en el patrimo­nio ni en las declaraciones de bienes presentadas por el expresidente Cartes, tal como lo quiso hacer apare­cer Giuzzio.

Los fiscales tampoco hallaron elementos en la denuncia for­mulada sobre la existencia de investigaciones penales y civi­les contra Cartes –ni en Para­guay ni en el exterior–, sobre las supuestas actividades ilíci­tas de Tabacalera del Este SA.

La Seprelad fue instrumen­talizada durante el gobierno de Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecu­ción política contra sus adver­sarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas.

El presidente Santiago Peña fue consultado acerca de la desestimación de la causa contra Horacio Cartes por varios cargos. “Nuestro parecer es el mismo que nosotros hemos dicho en los últimos siete años; desde el 2018, el presidente del partido fue víctima de una persecución tremenda en el anterior periodo. Muchas de estas causas que fueron inventadas y finalmente el tiempo ha puesto todo en su lugar, el tiempo ha sido juez inexorable, ninguna de estas acu­saciones ha podido ser demostrada y lo lógico es que se desestimen cada una de estas causas”, dijo ante la consulta periodística en la zona de Misiones. Agregó que “la utilización de las instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos le hace mucho daño a la República del Paraguay, así que estamos muy contentos de que finalmente el Ministerio Público haya actuado como corresponde”, concluyó.

El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, también se refirió al pedido fiscal. “Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordina­damente, desde diciembre de 2021 y enero de 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”. “De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular”, dijo el abogado.

Gerente de Tabesa, José Ortiz, recordó que Abdo Benítez persiguió a Cartes solo para “sacarle de la cancha”.

Tras conocerse la desestima­ción de la Fiscalía en la causa contra Horacio Cartes, el gerente de Tabesa, José Ortiz, resaltó que la decisión fiscal –de no encontrar elementos que sustenten la denuncia– con­firma la “gran farsa” montada para una persecución política instruida desde el Ejecutivo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto es algo que sabíamos que iba a ocurrir porque desde el primer momento, sabíamos que todo lo que dijo el incom­petente de Arnaldo Giuzzio era una enorme estupidez”, dijo en entrevista con el canal GEN. Celebró la decisión y consideró que se confirma el uso político de las instituciones del Estado para dañar la imagen de Car­tes y de Tabesa, a la que defi­nió como “la mayor aportante al fisco del sector privado por años consecutivos”.

“Este Giuzzio incompetente, delincuente relacionado a nar­cotraficantes, se dio el tupé de denunciar a una empresa como Tabesa. Todo esto fue armado para sacar a Horacio Cartes de la cancha”, aseguró.

Recordó que las principales acusaciones de Giuzzio fue­ron desacreditadas punto por punto: la supuesta venta de cigarrillos a empresas vincu­ladas a la familia Cartes (que en realidad eran facturas por intereses de préstamos), y las supuestas firmas “de maletín” que la Fiscalía comprobó que realmente existen y tributan.

Los fiscales realizaron 26 diligencias (con Seprelad, SET, DNIT y Aduanas) y no hallaron indicios.

En la causa iniciada tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio, en 2022, el Ministerio Público se enfocó en tres puntos princi­pales: a) Horacio Cartes habría creado, tres empresas de male­tín en Panamá; b) las DD. JJ. presentadas tendrían incon­sistencias patrimoniales; y c) la supuesta comercialización ilegal de cigarrillos de Taba­calera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayo­ritario. Según el exministro del Interior, estos serían indicios de hechos punibles aunque este nunca presentó pruebas.

La Fiscalía realizó 26 diligen­cias, incluyendo la citación de Giuzzio para una testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar documenta­ción; el denunciante no declaró y encima recusó a los fiscales. Pidieron informe al Congreso Nacional sobre la comparecen­cia de Giuzzio, pero su presenta­ción fue oral, no escrita.

También se convocó a una reu­nión (febrero de 2022) con la Seprelad, Aduanas y la Subse­cretaria Tributación (actual DNIT). Aduanas reportó que las empresas no registraban sumarios en los últimos 10 años. Tabesa sí remitió copia de fac­turas con sus clientes, plani­llas con número de despacho y de facturas (2017-2021), copias de los despachos, copias auten­ticadas de facturas de sus pro­veedores del exterior y los des­pachos de las importaciones (2017-2021). Sobre las declara­ciones de bienes, la Contralo­ría remitió estudio de corres­pondencia de bienes señalando que había plena equivalencia en lo declarado. Sobre el presunto contrabando de cigarrillos, se indagaron causas a la Unidad Especializada sobre incautacio­nes, no hallándose vínculos ni indicios ilícitos.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el miércoles ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes la dirigente izquierdista.

Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema del país confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.

Kirchner, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida. La exmandataria expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales. “Por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho”, afirmó este viernes en sus redes sociales.

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Se trata del último día del plazo fijado por la justicia. La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.

La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó Kirchner este viernes. La exmandataria recordó que cuenta con custodia personal “de por vida” por su condición de expresidenta. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.

En 2022, cuando Kirchner era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, dijo este viernes.

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El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero Kircher denuncia que la justicia “no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos”. La expresidenta acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.

Los tres jueces de la Corte Suprema “son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”, denunció Kirchner frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.

Fuente: AFP

El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.

Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.

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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.

Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.

Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.

“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.

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Con la aprobación del pedido de interven­ción a la Municipa­lidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará ade­lante el trabajo de fiscaliza­ción que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exminis­tro y doctor en ciencias con­tables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la liber­tad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una res­puesta de si acepta. El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que ana­lizará previamente para dar una respuesta.

“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisio­nes me tomó muy de sor­presa. Siempre que sea téc­nico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insi­nuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.