“Obras son amores y no buenas razones”, reza una conocida frase. Y el fútbol paraguayo está viviendo un cambio fun­damental desde la mejora estructural de los estadios de los clubes que dará un impulso más que importante en su mejoramiento en todos los órdenes.

Y en esto, la Conmebol está cumpliendo un rol funda­mental porque, según sus proyecciones, destinará (ya lo está haciendo) un monto total de 20 millones de dóla­res para llevar adelante estos cambios.

Algunos clubes ya ejecuta­ron sus proyectos de mejo­ramientos. Nacional y Liber­tad, con nuevas gradas, y Ameliano, incluso con nuevo estadio, fueron los primeros adelantados. Mientras que otros como Luqueño, Gua­raní y especialmente Olim­pia, tendrán también coliseos de primer nivel. En el caso del Auriazul, el cambio total de su estructura de preferen­cias, que había sufrido un daño importante años atrás, mientras que el Aborigen tendrá un estadio a nuevo de gran capacidad y acorde a su historia.

El caso de la entidad franjeada aún lo es más, porque se trata del proyecto más ambicioso e importante jamás hecho en nuestro país teniendo en cuenta que, según las proyec­ciones y anuncios, tendrá el estadio más grande y moderno del país, que incluso está pro­yectado como sede de uno de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de 2030.

Otros clubes como Cerro Por­teño y el 2 de Mayo también mejoraron su coliseo con nue­vas lumínicas. A todo esto se suman los trabajos de mejo­ramiento constante que se hacen casi periódicamente en el estadio Defensores del Chaco, nuestro más represen­tativo y emblemático coliseo deportivo. Sin duda alguna, un paso decisivo para el cre­cimiento del fútbol en nues­tro país.

Una filtración de un documento enviado por el exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, al Departamento de Estado, da cuenta de que el diplomático tenía una férrea alianza con el presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023). Esta sociedad confirma la estrecha cercanía y colaboración con el gobierno anterior para desatar una perversa persecución al expresidente Horacio Cartes.

A través de los programas “Así son las cosas” y “Arriba hoy”, emitidos por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, se describió el documento que fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de prensa como Diario de las Américas o el periódico Clarín de la Argentina.

“Lo peor es que se hayan puesto millones de dólares y que en estos momentos la obra esté como una ruina”, sostuvo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, al referirse sobre la paralización de las obras civiles para la maquinización del brazo Aña Cuá, costeado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El secretario de Estado indicó que el gobierno de Santiago Peña requirió al mandatario argentino, Javier Milei, durante su visita de Asunción, ayer miércoles; para concluir el ambicioso proyecto hidroeléctrico cuyas primeras tareas para las obras civiles iniciaron el 30 de junio del 2020.

Tras la salida de Martín Palermo comienza con todo la danza de nombres para el banquillo de Olimpia. Hay sede vacante en la dirección técnica y la Comisión Directiva de Rodrigo ‘Coto’ Nogués trabaja a contrarreloj.

En este sentido, en las últimas sonó con fuerza el nombre del argentino Andrés San Martin para reemplazar a Palermo. El mismo es recordado por formar parte del cuerpo técnico de Daniel Garnero, en cuyo ciclo Olimpia logró 4 títulos de liga al hilo.

Luego de que se diera a conocer la decisión tomada por los jueces de absolver a un maestro que acosó a su alumna de 11 años a pesar de contar con las pruebas del hecho, las reacciones de indignación no se hicieron esperar, en especial por la gravedad del hecho.

En conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la madre de la víctima aseguró que se encontraba indignada por la decisión de las autoridades y la actuación de la fiscalía ante la grave denuncia. “La verdad es que no esperaba que el caso termine así; desde todo punto de vista no veo bien el trabajo de ellos. Mi hija continúa en el colegio donde se dio el hecho, pero emocionalmente tuvo muchos cambios”, remarcó la madre de la niña.

En la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa se encuentra una de las granjas avícolas más grandes de la zona, con más de 50 mil gallinas. Es una de las pocas que queda luego del cierre de casi 15 granjas de pequeños productores post pandemia.

Según explicó a GEN/Nación Media, Pedro Lisnichuk, dueño del lugar, cuando se reabrió el paso fronterizo con Argentina en plena pandemia, se dio un ingreso masivo de huevo en forma ilegal (contrabando). Esto perjudicó al rubro y muchas granjas cerraron por ese motivo.

Actualmente esta granja es la que más abastece al departamento, pero por la poca producción a raíz del calor, están intentando llegar a cubrir pedidos. Sumado a esto enfrentan altos costos de producción y precios no competitivos con los que simplemente “logran empatar”.

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“Esta es una época en la que empieza a subir la demanda de huevos, y se sabe que este producto no aumenta en cantidad (producción) de un día para el otro. Depende del clima, de la época, lleva un proceso”, explicó Pedro Lisnichuk a GEN.

Mencionó que una polla crecimiento tarda mínimamente 18 semanas para empezar a producir huevos, además de que la pollita tiene un precio alto al igual que los insumos. Por eso, afirmó que para ellos es difícil sacar ventaja en el rubro hoy y que el margen de ganancias cada vez es menor.

“No es tanto como se dice que los productores ganamos G. 40.000 por plancha. Tal vez los huevos extra grandes tienen ese precio. Estamos tratando de llevar un precio parejo uno con otro, y cada comerciante es libre porque no existe regulación. Entonces algunos si pueden vender mejor, lo hacen; todos queremos ganar, todos trabajan para ganar, nadie quiere perder. Pero el más perjudicado siempre es el productor”, manifestó.

Dependiendo del tamaño de la proteína avícola, la comercialización en mercados y supermercados se encuentra entre G. 32.000 y G. 45.000. Las altas temperaturas, sequía e ingreso de huevos por contrabando, son algunas de las causas del precio actual.

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• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.