Santiago Alfredo Benítez, quien juró en setiembre pasado como reemplazante del falle­cido diputado abdista Eulalio “Lalo” Gomes en la Cámara Baja, no debería haber ocu­pado el escaño debido a que se encuentra inhabilitado al ser propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero. Oriundo de Misiones, se con­virtió en un exitoso empresa­rio de fronteriza.

Aunque intentó negarlo para ocupar su escaño, el abdista Santiago Alfredo Benítez aparece como propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero, por lo que no debía haber jurado como diputado en setiembre pasado, cuando pasó a ocupar el lugar del fallecido exlegislador Eula­lio “Lalo” Gomes.

Benítez es oriundo de Misio­nes, de acuerdo con lo que relataron fuentes a Nación Media. Sin embargo, este hombre que originalmente trabajaba como chipero con­siguió un llamativo bienes­tar económico desde que se asentó en Pedro Juan Caba­llero, donde se convirtió en locutor y propietario de dos medios de comunicación.

El abogado es director pro­pietario de Radio Imperio de Pedro Juan Caballero. Esto según las propias publica­ciones del medio radial de la capital del departamento de Amambay.

El artículo 197 de la Consti­tución Nacional establece las inhabilidades para ser candi­datos a diputado o senador. En el inciso 9 del mismo se esta­blece claramente que no pue­den ser candidatos “los pro­pietarios o copropietarios de los medios de comunicación”.

Como ya señalamos más arriba, la propia Radio Impe­rio publicó en reiteradas opor­tunidades que Benítez es su director propietario. Por ejemplo, en junio de 2024 –tres meses antes de jurar– el medio realizó una denuncia por supuesto pago de coima a un periodista de otra radio de Pedro Juan Caballero.

“El doctor René Rolón, profe­sional médico, se puso en con­tacto con el abogado Santiago Benítez, director propietario de Imperio FM, para comu­nicar que pagó la suma de G. 5 millones al comunicador Andy Benítez, de Radio Oasis FM, con el fin de ocultar informa­ción (sic)”, publicó el medio.

De hecho, en la propia página de Radio Imperio sigue figu­rando que Benítez es el direc­tor propietario. Hay incluso hasta felicitaciones por su cumpleaños en los que le otor­gan el mismo título.

Además, en su inscripción en el Registro Único del Con­tribuyente (RUC), Benítez declaró actividades publici­tarias como su principal rubro económico.

Esto motivó a que Luis Alberto Guillén Zárate, suplente 2 de Amambay, promoviera una acción de inhabilidad contra el juramento de Benítez ante el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral.

Como intento de desmarcarse de la inhabilidad, Benítez ase­guró que él no es el dueño de los medios de comunicación, sino que los mismos son pro­piedad de su suegro. Algo que los medios aliados del abdismo repitieron sin poner en duda alguna o hacer siquiera una revisión de los datos que se encuentran haciendo una bús­queda rápida en Google. Con ese escueto argumento, des­baratado por una de sus pro­pias radios, Benítez consiguió ocupar un escaño violando abiertamente el artículo 197 de la Constitución Nacional.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vinicus Espíndola, Lindomar Reges Furtado o, últimamente Eulalio “Lalo” Gomes, son solo los nombres más notables que tuvieron acceso a ministros y funcionarios. Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres más cercanos: Arnaldo Giuzzio.

Arnaldo Giuzzio, ex superminis­tro abdista, y una extraña fascinación con pasearse en vehículos blin­dados prestados por personas investigadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El exsecretario de Estado vol­vió al centro del escándalo luego de que los chats filtra­dos del fallecido exdiputado Lalo Gomes, investigado por sus vínculos con el hampa, revelaran una cercana rela­ción con Giuzzio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el exsenador del Par­tido Democrático Progresista (PDP) – del que también for­man parte el senador Rafael Filizzola y la exlegisladora Desirée Masi– es señalado por vínculos de este tipo.

La denuncia más alarmante involucra modernos equipos de espionaje, como el sof­tware espía FinFisher (tam­bién conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten inter­ceptar comunicaciones, acce­der remotamente a disposi­tivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser uti­lizados para reforzar la segu­ridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vincula­das al narcotráfico.

Según documentos oficiales, estos equipos fueron entre­gados de forma irregular a un agente especial de la Senad, quien, de acuerdo con la acu­sación del fiscal Deny Yoon Pak, filtraba información sobre operativos al narcotra­ficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permitió a Ins­frán evadir operaciones clave de la Senad, desarticulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.

La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó constan­cia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Direc­ción, se admitió que el enton­ces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin nin­gún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.

La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su ges­tión, hubo filtraciones cons­tantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocu­rrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lin­domar Reges Furtado, un pez gordo del narcotráfico, huyó del Paraná Country Club minu­tos antes de un operativo policial-judicial que buscaba arrestarlo.

Esa misma red de filtracio­nes facilitó la fuga de Mar­cus Vinicius Espíndola Mar­qués de Padua, otro capo narco brasileño que man­tenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camio­neta blindada al exministro cuando su vehículo sufrió un desperfecto en Brasil. Ambos eventos demuestran la cer­canía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la evasión de estos criminales.

Hablando de Marcus Vini­cius, la Fiscalía reveló una serie de mensajes de What­sApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño. Estos mensajes, provistos por Bra­sil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”. Más tarde, Mar­cus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para reali­zarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.

En octubre de 2021, conti­nuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una cap­tura de pantalla de una noti­cia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Bra­sil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.

En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Mar­cus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofre­ciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio pla­neaba vacaciones en Brasil.

La Fiscalía sospecha que Mar­cus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blin­daje a vehículos del Ministe­rio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materia­les a estas instituciones.

Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dis­puso el cierre de la Direc­ción de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puer­tos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los con­troles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Para­guay se volvieron frecuentes en Europa, con cifras alar­mantes como los 16.174 kilos decomisados en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021.

Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escán­dalo al utilizar una camio­neta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a convertirse en proveedor de chalecos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vín­culo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus respon­sabilidades públicas.

El más reciente escándalo revela cómo Giuzzio mante­nía contacto con Lalo Gomes, asesinado exlegislador, mien­tras el primero era titular de la Senad. La conversación entre ambos data de noviem­bre de 2019 y de acuerdo con los medios que publicaron los mensajes filtrados, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Aso­ciación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vin­culado a varios referentes del narcotráfico.

El fallecido diputado Eula­lio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado USD 1 millón de ori­gen dudoso a la campaña elec­toral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las reper­cusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arre­gui había solicitado infor­mes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.

Melgarejo mostró disposi­ción para intervenir y fre­nar cualquier investigación que pudiera comprometer al Gobierno. Este caso plantea dudas sobre la transparencia en el financiamiento de cam­pañas políticas y el papel de Arregui al ocultar informa­ción clave. También genera interrogantes sobre la rela­ción de Gomes con organi­zaciones vinculadas al nar­cotráfico en la frontera y si se emitió algún reporte de operación sospechosa sobre el origen del dinero.

A pesar de estas irregularida­des, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con infor­mes de inteligencia que vin­culaban a Lalo con Luis Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bica­meral de Investigación el 8 de noviembre de 2021, en el cual se detalló que la Uni­dad de Inteligencia Finan­ciera de Seprelad había enviado informes de inte­ligencia a varias institucio­nes. El escrito refiere que “el señor EULALIO GOMES está vinculado en la causa investigada por el Ministerio Público “LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY 1340/88; ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE DINERO Y OTROS”, según lo reportado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019. Al res­pecto, “la UIF-SEPRELAD elaboró varios INFORMES DE INTELIGENCIA (II) remitidos según detalle”.

El gobierno de Abdo no tardó demasiado en sumar su pri­mer escándalo por vínculos con el narcotráfico. Y es que en setiembre de 2018 caía detenido el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Poco después de la detención de Cucho, se revelaron fotos del mismo y una mochila en el domicilio del entonces pre­sidente Abdo, quien intentó desconocer la imagen y hasta a quien habría aportado a su campaña.

En diciembre de 2018, Mar­cial Valdez, defensor del supuesto narcotraficante de Ciudad del Este, tildó a Abdo de “malagradecido” alegando que su cliente le había soli­citado un favor tras haber financiado presuntamente su campaña política.

El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, ratificó que el juez de garantías Osmar Legal habría infringido el procedimiento de la cadena de custodia del contenido del celular del extinto legislador. Tuma explicó cual debería ser el procedimiento para la presentación de las pruebas que contenía el aparato celular, lo que en este caso el juez no respetó y entregó los contenidos a los medios de prensa, según el abogado.

Explicó que existe una acordada del año 2022, emitida por la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el trato que se debe dar al manejo de una prueba pericial que tienen que ver con una desgrabación de datos de los teléfonos móviles. La declaración del representante legal alude a la filtración selectiva de supuestos chats, mediatizados para afectar a determinados sectores políticos.

“El aparato se le entrega al perito, el perito recibe en presencia de las partes, presta juramento, se labra acta, lleva a hacer el análisis, cuando termina el análisis tiene que entregar en un sobre lacrado al juez, la pericia finalizada con el disco duro que tiene todos los desgrabados”, señaló Tuma, este viernes,en entrevista al programa “Dos en la ciudad” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio reconoció haber intercambiado mensajes con el fallecido diputado de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, durante su paso como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La mano derecha del exmandatario Mario Abdo Benítez en materia de seguridad interna le habría solicitado el préstamo de dos vehículos blindados para una visita a Pedro Juan Caballero.

Las conversaciones entre ambos datan del 18 al 20 de noviembre de 2019. El requerimiento de Giuzzio surgió cuando Lalo Gomes se desempeñaba como presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en el decimotercer departamento. Recordemos que el fallecido diputado está vinculado a varios referentes del narcotráfico.

“No sé si son exactamente los mismos textos, porque no tengo a mano esos mensajes, pero sí existieron. Obviamente nosotros ni patrullera teníamos, no sé cómo este señor se enteró que iríamos de visita “, sostuvo en una entrevista con la 1080 AM.