El próximo 28 de abril se fijó el inicio del juicio oral y público para el periodista de farándula Sebastián Rodríguez, querellado por el jugador de fútbol Iván Arturo “Tito” Torres por difamación, calumnia e injuria. Esto, luego de las declaraciones del comunicador contra Torres y su esposa fallecida, Cristina “Vita” Aranda.
De acuerdo al abogado Álvaro Cáceres, representante del futbolista, el Juzgado de Sentencia ya aceptó las pruebas ofrecidas por la querella, incluyendo periciales, testificales y documentales. Indicó que la defensa del querellado no ofreció pruebas en el plazo estipulado por el tribunal unipersonal.
“Estamos absolutamente confiados de que, más allá de toda duda, vamos a destruir el manto de presunción de inocencia del que goza Sebastián Rodríguez”, señaló Cáceres y explicó que Tito Torres no busca ningún tipo de compensación económica, agregando que rechazará cualquier ofrecimiento, que de hecho el querellante ya ofreció.
La querella solicita la pena de un año y medio de privación de libertad para Rodríguez. El juicio oral se espera que arroje luz sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor en el ámbito mediático.
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Juicio oral a Giuzzio sigue con los últimos testigos
Los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo
Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
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Juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue con los últimos testigos
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado. El automóvil, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces, fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Reanudan juicio oral contra Miguel Prieto por el caso “Tía Chela”
Este lunes se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones. La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales.
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio. En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación a los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad esteña.
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Tras anularse su sobreseimiento, fijan fecha para tercer juicio a Tomás Rivas
El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.
El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.
El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.
En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.
La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.
La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.
Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.