La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), integrada por entidades de productores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, expresa su total desacuerdo y repudio a la decisión anunciada por el director general de la cadena multinacional de distribución de origen francés, Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender la compra de carne del Mercosur.

“Esta actitud arbitraria, proteccionista y equivocada perjudica al bloque e ignora los estándares de sostenibilidad, calidad y cumplimiento que caracterizan la producción agrícola en sus países miembros”, expresa el documento. El gremio remarca que la carne en la región se produce bajo estrictos estándares socioambientales y sanitarios, en línea con los más exigentes estándares internacionales, demostrando ser líder mundial en prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola.

Señalan que la decisión de Carrefour ataca injustamente la reputación de miles de productores rurales comprometidos con la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente, y, si bien las decisiones comerciales son competencia interna de las empresas, la postura pública del director general de Carrefour, va más allá de los límites aceptables.

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“Esta no es una decisión aislada, sino un ataque directo a la credibilidad y la contribución del sector agrícola del Mercosur a la seguridad alimentaria mundial”, sostiene la FARM de forma tajante. Solo en 2023, los países del Mercosur produjeron 38 millones de toneladas de carne vacuno, porcino y aves, de las cuales exportaron 11 millones.

Lo dicho evidencia que la región es el principal proveedor de proteína animal del mundo, y que la producción de alta calidad llega a más de 160 países, por lo que los productores rurales de la FARM y sus entidades representadas no aceptarán ataques injustificados. Se reservan el derecho de reaccionar con firmeza, ya sea por medios económicos o institucionales, para proteger la imagen y los intereses del sector agrícola en sus países.

Reafirman de esta manera el compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable, pilares del agronegocio en la región, y esperan que la citada cadena mundial de supermercados revise su anuncio y adopte una postura coherente con los principios de diálogo y respeto, que deben guiar las relaciones comerciales globales.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con la sección nacional del Consejo Mercado Común, como parte de los preparativos para abordar los temas relativos a la organización y celebración de la próxima Cumbre de jefes de Estados que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) y del Consejo de Ministros que se desarrollará en Uruguay los próximos 4, 5 y 6 de diciembre.

Al término de la reunión, el canciller nacional Rubén Ramírez informó que en esta cumbre que se dará en las próximas semanas, los Estados miembros analizarán aspectos relacionados con la construcción comunitaria del Mercosur, en lo que hace a las relaciones externas sobre negociaciones, como por ejemplo Mercosur y la Unión Europea; Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos; entre otras propuestas que se tiene sobre la mesa en estudio.

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“Al mismo tiempo, estaremos tratando aspectos vinculados con la integración física, en la que estaremos abordando los mecanismos de integración fronteriza de control integrado de manera a fortalecer los mecanismos de conectividad e integración entre nuestros países”, acotó.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en Mburuvicha Róga, donde el mandatario reanudó sus actividades oficiales tras su viaje a Río de Janeiro, para participar de la Cumbre de Líderes del G20 en representación de Paraguay, en su calidad de país invitado.

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El pasado jueves el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) anunció la postergación por un año de la aplicación del Reglamento 1115/2023 con la introducción de enmiendas. En ese sentido, desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) destacaron que ello permitirá consensuar y desarrollar más acabadamente el sistema de trazabilidad para la soja.

Entre los cambios, se destaca la nueva categorización para países con riesgo nulo, cuyos envíos serán excluidos de la norma de referencia, con la reducción de controles y procedimientos simplificados para los operadores de dichos países proveedores.

El Reglamento 1115 había sido aprobado el 31 de mayo del 2023 y debía ser aplicado desde el 1 de enero de 2025, pero fue postergado para el 1 de enero de 2026, según informó el gremio. En ese sentido, la Cappro consideró que esta decisión no tendría que paralizar los trabajos que se vienen realizando hasta la fecha.

“Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, mencionaron.

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Sobre la postergación, desde la Unión de Gremios de la Producción, indicaron que existen medidas inviables que constituyen una traba al comercio y no tienen un sustento científico, donde el mayor riesgo se concentra en la exclusión de la agricultura familiar, un eslabón de gran relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países sudamericanos, principalmente en Paraguay.

Asimismo, resaltaron la importancia de analizar las distintas implicancias de la aceptación de las medidas a las que vienen calificando como unilaterales. Por eso, mencionaron que nuestro país desde un principio expuso que la normativa sería una amenaza y un freno para el desarrollo, y esto sería el “reflejo de un baño de realidad del continente europeo”.

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El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

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La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.