La conmoción por la muerte del actor James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson’s Creek, volvió a poner en primer plano una realidad que preocupa cada vez más a la comunidad médica: el avance del cáncer colorrectal en personas jóvenes. El intérprete falleció el 11 de febrero, a los 48 años, tras haber sido diagnosticado en 2023. Su caso, lejos de ser aislado, refleja una tendencia que enciende las alarmas sanitarias a nivel mundial.

Hasta hace algunos años, el cáncer colorrectal era considerado una enfermedad cuya incidencia aumentaba principalmente a partir de los 50 años. Hoy, sin embargo, especialistas advierten un crecimiento sostenido de diagnósticos en adultos jóvenes, incluso en personas de poco más de 20 años. La edad promedio de aparición, que históricamente se ubicaba por encima del medio siglo de vida, parece estar descendiendo de manera preocupante.

Aunque los expertos insisten en que la detección temprana es fundamental para mejorar las probabilidades de supervivencia, los estudios recientes confirman que el número de casos en menores de 50 años continúa en ascenso. Este fenómeno, aún sin una causa única identificada, abre interrogantes sobre los cambios en los hábitos de vida y en el entorno que podrían estar influyendo en el aumento de la enfermedad.

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Investigadores coinciden en que el incremento en jóvenes es una tendencia comprobada, pero subrayan que no existe una explicación definitiva. Entre los factores que se analizan se encuentran los hábitos alimentarios y el estilo de vida contemporáneo.

El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, la ingesta habitual de alcohol y la falta de actividad física han sido vinculados con un mayor número de diagnósticos, aunque estas asociaciones aún no pueden considerarse causas directas. A ello se suma el aumento de la obesidad y el sedentarismo, condiciones que también figuran entre los factores de riesgo.

Otra línea de investigación relevante se centra en el microbioma intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan el intestino y cumplen funciones esenciales en la digestión y el equilibrio del organismo. Cuando este ecosistema se altera —un proceso conocido como disbiosis— pueden generarse inflamación crónica y otros efectos que incrementarían el riesgo de desarrollar cáncer.

Además de la predisposición genética, la evidencia científica ha relacionado el alto consumo de carne roja y alimentos procesados con una mayor probabilidad de padecer cáncer colorrectal, especialmente cuando se combina con una baja ingesta de fibra. Incluso el consumo moderado de alcohol aparece como un factor asociado.

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Mientras la ciencia busca respuestas más precisas, la comunidad médica insiste en reforzar la prevención, promover hábitos saludables y prestar atención a síntomas tempranos, aun en edades en las que hasta hace poco esta enfermedad parecía improbable. El caso de Van Der Beek se convierte así en un recordatorio contundente de que el cáncer colorrectal ya no es exclusivo de los mayores de 50 años.

Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador. “Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila”, escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.

El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados. Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.

La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.

Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota. Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos. El magistrado afirmó en su auto que “este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños”.

“También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata. Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota. “No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares”, aseguró.

Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump. Las cortinas de la casa de esta familia mexicana permanecen cerradas todo el día, y la puerta está reforzada con una barra de metal para evitar que la tiren abajo.

Llegaron a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década, pero en las últimas semanas su sueño americano se ha convertido en pesadilla. Mineápolis se ha vuelto el epicentro del descontento de parte de la sociedad contra las políticas de Trump después de que dos agentes del ICE, el controvertido servicio federal de control de inmigración, mataran a tiros a dos manifestantes.

“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo. Esta madre de 47 años tiene cuatro hijos. Luis se queda encerrado con ella porque nació en México. Los otros tres son estadounidenses de nacimiento, pero ella se preocupa mucho cada vez que salen de casa.

“Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, dijo con voz temblorosa. Los hijos saben que deben enviar un mensaje antes de volver a casa, o de lo contrario no se les abrirá la puerta cuando llamen.

A sus 15 años, Luis ansía poder ir y venir como lo hacen sus hermanos y hermanas, y sueña con ir al restaurante de comida rápida que hay al final de la calle “cuando las cosas mejoren (...) Ahora mismo está literalmente tan cerca, pero tan lejos”. Luis atiende a sus clases desde casa. Después se entretiene con videojuegos, a veces cinco horas al día. “Es lo único que me hace olvidar lo que está pasando”, murmura.

Su padre Carlos está furioso por la situación que atraviesan. Trabaja instalando encimeras de granito. La familia ha gastado en casi tres años 11.000 dólares en abogados para tramitar los visados. Los padres tienen permiso de trabajo, pero ese documento ya no los protege del arresto y deportación.

“Ellos te dan un papel para trabajar, pero no sirve para estar legalmente en este país. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Carlos.

“Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude a nosotros. No creo que nos merezcamos esto. Nosotros no hemos hecho nada malo, no somos convictos”, añade este hombre de 43 años.

Existe un temor generalizado entre los vecinos de Mineápolis a la violencia de los agentes migratorios.

Trump ha ordenado intensificar las redadas en bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos explica que las cosas han cambio radicalmente entre el primer y el segundo mandato del republicano. De 2017 a 2021, no sentía la necesidad de encerrarse porque las operaciones estaban más focalizadas.

Dos hombres que Carlos conocía fueron deportados durante el primer mandato de Trump. “Uno estaba en el tráfico de drogas, el otro golpeaba a su mujer”, explica. Mientras la Operación Metro Surge continúa en Mineápolis, surgen preguntas sobre cuántas personas inocentes se ven afectadas por las redadas.

En Los Ángeles, durante un aumento de las redadas el verano pasado, las estadísticas mostraron que más de la mitad de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales. Normalmente, entre el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar 6.000 dólares al mes. Pero desde diciembre no han tenido ingresos.

Para pagar los 2.200 dólares del alquiler de enero, pidieron prestados 1.500 dólares a un amigo. No saben cómo se las arreglarán el mes que viene, pero rezan para que los agentes federales sean enviados a otra parte del país. La situación les genera angustia. “¿Y si nunca acaba?”, se pregunta Carlos. “El presidente tiene que estar tres años más, tres años es bastante tiempo”. Ana ya se hace a la idea de volver a México. “Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.

Fuente: AFP.

Esther Ballestrino de Careaga nació el 20 de enero de 1918 en Encarnación (Itapúa), ciudad ubicada a 363 kilómetros de la capital paraguaya, Asunción. Aunque en su momento circularon versiones de que habría nacido en Uruguay, sus hijas confirmaron su origen encarnaceno.

Fue una destacada doctora en bioquímica y activista política, cuya vida marcó profundamente al fallecido sacerdote argentino Jorge Mario Bergoglio (1936-2025), convertido en el papa Francisco. Ballestrino de Careaga se graduó como doctora en química en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Debido a su militancia en el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y su lucha contra regímenes autoritarios en Paraguay -como el del general Higinio Morínigo (1940-1948)-, debió exiliarse en Argentina en 1947. Casada con Raimundo Careaga, tuvieron tres hijas.

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En Argentina, tras el secuestro de su hija Ana María Careaga, en junio de 1977, con apenas 16 años de edad, y de sus yernos por la dictadura militar (1976-1983), Esther se convirtió en una de las fundadoras del icónico movimiento Madres de Plaza de Mayo, que celebró su primera reunión el 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada.

El 8 de diciembre de 1977 fue secuestrada de la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires, tras ser delatada por el espía militar Alfredo Astiz, represor infiltrado en organizaciones sociales, apodado “el ángel de la muerte”. La mujer encarnacena fue torturada y asesinada en los “vuelos de la muerte”, donde las víctimas eran lanzadas vivas al mar. Sus restos fueron identificados en 2005 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

A mediados de la década de 1950, Esther fue la jefa de un joven Jorge Mario Bergoglio en el laboratorio bioquímico Hickethier-Bachmann de Buenos Aires. El papa Francisco había declarado en múltiples ocasiones que ella fue quien le “enseñó a pensar” y a entender la realidad política.

Asimismo, antes de su desaparición, Esther le pidió a Bergoglio que escondiera sus libros marxistas para evitar que fueran utilizados como prueba en su contra, un favor que el entonces sacerdote cumplió ocultándolos en un colegio jesuita.

Hoy, su legado es recordado en Paraguay a través de instituciones como la escuela de formación política del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), que lleva su nombre.

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Miembros de la Comisión Permanente del Congreso, junto con los de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, atendieron este miércoles, la situación que afecta a la comunidad indígena en formación “Tekoha Karapá” del distrito de Ypehú, departamento de Canindeyú.

Al término de la reunión, el senador Orlando Penner, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó los pasos a seguir para resolver el conflicto que afecta a una comunidad indígena. Mencionó que junto con el presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, se comprometieron en visitar la zona en conflicto.

“El trabajo se puso en marcha hoy, con la convicción, con el compromiso y la promesa irrevocable de que la violencia no será permitida por parte de nadie. Se acordó la violencia cero, un trabajo técnico de tal modo que en corto tiempo se pueda tener la precisa y esperar que esto pronto se aclare”, informó.

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El legislador explicó que es un problema de ocupación de tierra en la mencionada localidad, donde los supuestos ocupantes serían indígenas. Sostuvo que esta situación no puede continuar más, ya que ha escalado niveles de alta violencia entre los involucrados. Por lo que la comisión de Pueblos indígenas convocó a las partes para buscar una salida al problema.

Entre los invitados estuvieron presentes el viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira; además de los líderes indígenas. También fueron convocados representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional y autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

“Existe un título de propiedad por parte de los supuestos dueños del inmueble, mientras que esta comunidad indígena sostiene que es su tierra ancestral. Incluso señalan que hay cementerio indígena dentro de la propiedad”, precisó.

Mencionó que la situación se fue agravando en los últimos tiempos, donde ya se registraron enfretamientos armados, se reportaron heridos según los fiscales y la Policía. Indicó que durante la reunión también se expusieron algunas fotografías.

“Esta escalada de violencia ya no puede seguir un solo día más. Estuvieron los representantes indígenas que expusieron su situación, así como los supuestos propietarios del inmueble en cuestión, quienes se comprometieron a esperar que funcione la mesa técnica que hoy se ha organizado”, precisó.

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