• Carlos Mariano Nin
• Columnista
• marianonin@gmail.com

María tenía 12 años.

Salió a las 4 de la tarde de su casa, en Luque, para ir al almacén. Cinco cuadras.

Pan, fideos, azúcar.

Era jueves. Era diciembre. Hacía calor. No volvió.

Su madre esperó. Primero inquieta. Luego desesperada. Hasta que comenzó la búsqueda.

Uno cree que esas cosas pasan lejos. En otros países, en películas. Pero en Paraguay, solo la Policía Nacional reveló que se reportaron más de 900 denuncias por desaparición de personas en lo que va del año y el grupo más afectado corresponde a adolescentes.

De estas cifras globales, 420 personas fueron localizadas con vida, aunque quedan cientos de casos pendientes de resolución. Nunca se encontraron. No hay rastros.

Hay números que duelen. Y hay silencios que matan.

Las desapariciones no tienen un solo rostro. A veces se las lleva la trata de blancas, otras la violencia familiar, otras la pobreza que obliga a huir. Pero siempre hay una María.

Y siempre hay una madre con una silla vacía esperando en la mesa.

Las autoridades dicen que hacen lo posible. Las fiscalías hablan de recursos limitados, de cooperación internacional, de procedimientos. Pero los procedimientos no abrazan. Los recursos no caminan de madrugada con una linterna buscando zapatillas pequeñas en un baldío.

Hace poco, en San Pedro, otra niña desapareció. Tenía 9 años. Su hermano dijo que un hombre la llamó desde una camioneta. Nadie anotó la chapa. Nadie la volvió a ver. La noticia fue tapa un día. Luego vino otra. Y luego otra más.

Nos estamos acostumbrando. Ese es el peligro más grande. Que el horror se vuelva paisaje.

Hay campañas. Algunas madres se agrupan. Pegan carteles, marchan, organizan redes. Buscan a todas, no solo a las suyas. Porque entendieron que esto no es una excepción. Es una herida que crece.

María tenía un cuaderno con dibujos de pájaros. Decía que quería ser veterinaria. Su padre, que trabaja en una carpintería, todavía no se anima a entrar a su pieza. Dice que todo está igual. Como si al no mover nada, algo pudiera volver.

Escribo esto para ella. Para todas. Porque cada vez que una niña desaparece, algo se rompe en todos nosotros. Y si no lo sentimos, es porque ya estamos rotos hace rato.

Pero claro, esa es otra historia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su profundo rechazo por el crimen de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.

“Es imposible hoy no hablar, no sentir indignación, por lo que pasó con la joven compatriota María Fernanda. Una mujer valiente que murió defendiendo la vida de un inocente, fue asesinada por negarse a abortar”, lamentó el legislador en conversación con los medios, antes del inicio de la sesión de este martes.

Latorre dijo que es fundamental tener una reacción rápida y contundente con lo ocurrido, y enfatizó que espera que la Justicia sea implacable con la persecución de los responsables. Anunció que conversará con sus colegas para trabajar en un marco legislativo que afronte hechos violentos que involucran a adolescentes.

“Mañana, en la mesa directiva, voy a plantear a los colegas de las diferentes bancadas, de los diferentes espacios, buscar una iniciativa legislativa que permita al Estado paraguayo contar con más herramientas para combatir este mal", apuntó el titular legislativo.

Agregó que combatir este tipo de situaciones requiere de un esfuerzo conjunto de los diferentes poderes y extrapoderes del Estado, por lo que las autoridades encargadas de la justicia y la seguridad deben hacer su parte, mientras desde el Legislativo se trabaje en las alternativas. “Tiene que haber una señal clara y un grito al unísono en contra de esta aberración que se aconteció contra esta valiente joven paraguaya”, refirió.

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Latorre indicó que existen varias propuestas, desde elevar las penas en casos violentos, o reducir la edad para responder a los crímenes cometidos por adolescentes, como así también establecer mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Existe una serie de alternativas que se están barajando en este momento, no quisiera adelantar una posición con respecto al camino que finalmente va a ser adoptado”, explicó y reiteró que entre las posibilidades se encuentran descender la edad, aumentar las penas, aviso temprano y masivo ante la desaparición de personas.

De acuerdo al legislador, todas las ideas y alternativas serán analizadas. “Voy a llevarlo al seno de la mesa directiva, para sacar una posición y realizar trabajo institucional, que se enriquezca en el pensamiento de todos, para que como paraguayos podamos combatir este mal”, sentenció.

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El ministro del Interior Enrique Riera adelantó que algunos parlamentarios plantearán elevar penas para menores de edad que cometan delitos graves como lo es el caso del feminicidio de la joven de 17 años de edad, María Fernanda Benítez, quien fue asesinada por otro joven de la misma edad.

Riera indicó que “no solo elevar las penas, sino bajar los grados de imputabilidad, porque a veces el crimen organizado utiliza menores porque creen que con ellos van a ser impunes”, mencionó el ministro del Interior en conferencia de prensa.

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En conferencia de prensa, ministros del Gobierno del Paraguay manifestaron su profundo repudio ante el asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez, de 17 años, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los voceros fue el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien transmitió el mensaje oficial del Ejecutivo.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acompañe con responsabilidad el desarrollo de la investigación, evitando cualquier acción que pueda obstruir el trabajo de la Justicia, es fundamental permitir que los procesos avancen con el rigor técnico y jurídico que este tipo de situación requiere”, manifestó.

Gutiérrez calificó el hecho como un “crimen aberrante que enluta a todo el país”, y aseguró que esta tragedia no solo conmociona a la sociedad paraguaya, sino que también interpela a todas las instituciones del Estado, que tienen la responsabilidad de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

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• Morelia, México. AFP.

El Ejército de México detuvo a diez exmilitares colombianos durante un operativo en el estado de Michoacán (oeste) desplegado tras una explosión que mató a seis militares mexicanos esta semana, informaron el viernes pasado fuentes oficiales. La captura expone la creciente participación de exuniformados extranjeros, particularmente de Colombia, en los cárteles mexicanos.

Las autoridades detuvieron en total a 17 personas, entre las cuales se encuentran los 10 exmilitares y otros dos colombianos, según reportes de la Secretaría de Seguridad federal y el gobierno de Michoacán. La operación siguió a la muerte, el pasado martes, de seis efectivos de la militarizada Guardia Nacional por la explosión de un artefacto. El estallido se produjo en el momento que pasaban con un vehículo blindado durante un patrullaje, de acuerdo con un informe castrense al que tuvo acceso la AFP.

Tanto la explosión como el operativo posterior ocurrieron en el municipio de Los Reyes, zona limítrofe entre Michoacán y el estado de Jalisco, donde opera una de las mafias más poderosas de México, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo fue designado como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos en febrero, junto con otros cinco cárteles mexicanos. Michoacán ha sido escenario de ataques con dispositivos similares por parte de grupos narcotraficantes, en algunas ocasiones detonados mediante drones.

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La presencia de colombianos en cárteles mexicanos se ha incrementado en los últimos años, según autoridades y especialistas.

El desarme de la guerrilla de las FARC en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia impulsaron la llegada de ciudadanos de ese país, aseguró a la AFP David Saucedo, consultor en seguridad.

Algunos vienen directamente desde Colombia “y otros fueron mercenarios en Ucrania (...), formaron parte de la legión extranjera” que combate en la guerra contra Rusia, añadió Saucedo.

Desde hace años se ha documentado que mercenarios colombianos, en su mayoría militares en retiro, han combatido en conflictos como los de Afganistán, Yemen e Irak.

En 2023, pistoleros colombianos mataron al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, mientras en 2021 sicarios de esa nacionalidad asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse.

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Los cárteles buscan a exmilitares y exguerrilleros colombianos por su conocimiento en el uso de explosivos, afirmó Saucedo.

En octubre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó el desmantelamiento de una “célula colombiana” dedicada a la “fabricación de explosivos con drones”.

La vinculación de exmilitares nacionales y extranjeros no es nueva en México, cuyos capos mantienen tratos con numerosas mafias desde los tiempos del extinto jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar.

Exintegrantes de una fuerza de élite del Ejército mexicano fundaron a finales de 1990 el sanguinario cártel de los Zetas y reclutaron a desertores de la fuerza castrense guatemalteca de los kaibiles.

La movilización de exuniformados extranjeros “es una reacción al proceso de militarización” que vive México desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo castrense contra las bandas del narcotráfico, consideró Saucedo. La espiral de violencia desatada desde entonces llevó a que México triplicara su tasa de homicidios hasta 24 por 100.000 habitantes, con unos 30.000 casos al año y un acumulado de más de 120.000 desaparecidos.