La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.

Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.

Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.

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La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.

Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.

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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.

El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.

Fuente: AFP.

El Ejército Paraguayo recibirá un total de 20 vehículos blindados EE-11 Urutu por parte del Brasil. La donación obedece a una estrategia compartida por ambos países con la finalidad de reforzar capacidades, optimizar recursos y fomentar interoperabilidad regional.

Actualmente, nuestro país cuenta con 12 unidades EE-11 Urutu y 28 EE-9 Cascavel. La nueva partida eleva la dotación a 32 blindados Urutu, todos ellos sujetos a una modernización integral financiada por el Ministerio de Defensa Nacional, según detalla el medio de comunicación Zona Militar.

De acuerdo a las fuentes castrenses, la adaptación incluirá: sistema de suspensión reforzado, visión nocturna, blindaje adicional y transmisiones reacondicionadas. “No es solo una cesión, es una transferencia de doctrina y de experiencia táctica”, manifestó el Comandante del Ejército, general Manuel Rodríguez.

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Asimismo, detalla que mediante esta donación, el Paraguay recupera terreno perdido desde el año 2012 en movilidad blindada, reduce su dependencia de adquisiciones nuevas y potencia su presencia en zonas claves como la Triple Frontera. Señala que la acción brasileña consolida un modelo de diplomacia de defensa en Sudamérica, basado en la reutilización de plataformas conocidas, interoperables y de bajo coste de integración.

El EE-11 Urutu, diseñado por la firma Engesa en los años 70, fue durante décadas el principal vehículo blindado de transporte de personal (VBTP) del Brasil. Se fabricaron más de 1.500 unidades, varias de las cuales fueron exportadas a Venezuela, Ecuador y Colombia. Su progresivo reemplazo por parte del ejército brasileño, obedece a nuevas exigencias de movilidad, protección balística y electrónica.

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El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).

“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.

Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.

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Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.

Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.

Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.

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La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.

Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.

Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.

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La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.

El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.

Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.

La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.

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La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.

Fuente: AFP.