Autoridades aduanales de México decomisaron casi 11.000 pruebas clínicas para detectar el nuevo coronavirus que estaban escondidas en el interior de un tractocamión que intentó ingresar de Estados Unidos a Ciudad Juárez sin la documentación correspondiente, informó este viernes el gobierno.
Personal de la oficina de Aduanas y de la Guardia Nacional de México descubrieron el cargamento cuando realizaron una inspección al vehículo “que pretendía ingresar el material médico a México de manera ilegal”, informó el gobierno en un comunicado.
Las pruebas para COVID-19 y “dos mil piezas más de lancetas para muestreo de sangre” fueron descubiertas en “20 cajas de cartón envueltas en plástico negro” escondidas en un doble fondo, añadió.
El equipo médico confiscado tiene un valor de contribuciones fiscales de 87.842 dólares en impuestos, concluyó el comunicado.
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México, con 128,8 millones de habitantes, tiene 918.811 casos confirmados y 91.289 defunciones acumulados desde el 28 de febrero, cuando se registraron los primeros tres casos de COVID-19.
Fuente: AFP.
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Desde mañana, Senave verificará lotes de sésamo para Taiwán tras detectarse cadmio
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) anunció que a partir del 2 de abril todos los lotes de sésamo con destino a Taiwán pasarán por un proceso de muestreo antes del embarque. La medida busca garantizar la calidad y seguridad de los granos, especialmente en lo que respecta a los niveles de cadmio.
El presidente del Senave, Pastor Soria, en conversación con La Nación/Nación Media, manifestó que este trabajo se realizará luego de que técnicos taiwaneses hayan detectado niveles altos de cadmio en tres contenedores, de 28 toneladas cada uno, provenientes de Paraguay. Estos granos contaminados entraron en un periodo de cuarentena.
Esta situación obligó a los técnicos paraguayos a hacer un estudio a nivel local. Se pudo determinar que los granos provenientes del Chaco son los que presentan niveles altos de cadmio, un metal pesado que puede representar un riesgo para la salud humana. “Creemos que el suelo es el que tiene alto contenido de cadmio y eso lastimosamente se le transfiere al grano, es la explicación que me dieron los encargados de la División de Calidad Vegetal y la gente del laboratorio”, explicó.
El principal objetivo de esta medida es garantizar que los productos exportados cumplan con las normativas internacionales de seguridad alimentaria. “Pusieron condiciones en las que nosotros teníamos que detectar antes de enviar, de lo contrario el mercado de Taiwán se podría cerrar para nosotros”, mencionó.
Senave se encargará de hacer el análisis correspondiente, tanto en el campo como los productos preparados para la exportación. Soria aseguró que todos los contenedores serán analizados para constatar que los niveles de cadmio cumplan con los niveles permitidos y así cuidar nuestro nuestro mercado.
Cabe destacar que el mercado de Taiwán es el más importante para la producción de sésamo. Representa el 38 % de las exportaciones de este grano, seguido por México con el 32 %. “Es un acuerdo que llegamos con la gente de Capexse, entre los exportadores mismos. Ellos saben de las exigencias de los mercados. Deberían ser los más preocupados en que el producto vaya con la mayor calidad posible, inocuo, como corresponde a nuestra producción”, dijo Soria a LN/NM.
Para obtener el certificado fitosanitario de exportación, los exportadores deberán presentar dos documentos en la Ventanilla Única del Exportador (VUE): en primer lugar el acta de muestreo de los lotes, un documento que certifica que los lotes han sido correctamente muestreados por personal autorizado del Senave, y en segundo lugar los informes de resultados del análisis. Este informe debe incluir el número de lote y el precinto de la muestra analizada, asegurando que los granos cumplen con los estándares de seguridad requeridos.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Ingenieros paraguayos realizarán pruebas ambientales del GuaraniSat-2 en Japón
El próximo lunes 30, dos ingenieros paraguayos viajarán a Japón para poder realizar las pruebas del segundo satélite paraguayo “GuaraníSat-2″, que fue desarrollado en el país. Los profesionales estarán en el exterior por un periodo de dos meses, tiempo en que durarán las pruebas ambientales y mejoras que se realizarán al modelo de ingeniería.
El viaje está previsto para la próxima semana y cuando se instalen en Japón por un periodo de dos meses, estos ingenieros y profesionales del citado país practicarán las pruebas en los laboratorios de la Universidad de Kyushu Institute of Technology (Kyutech). La idea es garantizar que el satélite pueda operar correctamente en las condiciones extremas del espacio.
Sin embargo, para este sábado 29 de marzo se desarrollará el ensamblaje final del GuaraníSat-2. Para esta actividad se contará con la presencia y acompañamiento del astronauta italiano General Roberto Vittori. El especialista brindará su experiencia en misiones espaciales para fortalecer el trabajo que ya vienen realizando los compatriotas.
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Pruebas a ser sometidas
Una vez que lleguen al país oriental someterán al satélite a rigurosos ensayos como las pruebas de vibración, para simular las fuerzas del lanzamiento y la pruebas térmicas, que evaluarán su resistencia a cambios bruscos de temperatura. Así también, se tiene previsto el ensayos en cámara de vacío, para verificar su desempeño en ausencia de atmósfera.
Otra de las pruebas importantes es la compatibilidad electromagnética para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos y la evaluación de paneles solares desplegables, verificando su rendimiento en un entorno similar al espacial. La lista de pruebas sigue con el despliegue de antenas, fundamentales para garantizar la operatividad del sistema de comunicaciones en órbita.
“El despliegue de antenas es crucial para validar el diseño y la fiabilidad del satélite antes de su fabricación final y lanzamiento. La participación de profesionales paraguayos en estas pruebas representa un avance significativo para el desarrollo de capacidades en tecnología espacial y refuerza la cooperación internacional en el sector aeroespacial”, reconocieron desde la Agencia Espacial del Paraguay.
El Guarani-Sat- 2 será el segundo satélite paraguayo en órbita, el primero totalmente diseñado y construido en el país. Es un nanosatélite, que tiene un tamaño reducido. El diseño, montaje, integración, lanzamiento y operación del satélite son ejecutados por ingenieros paraguayos capacitados en Japón.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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