El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando De Barros, participó del Encuentro Empresarial Internacional realizado en el marco de la Expo Canindeyú, donde se debatieron oportunidades de crecimiento productivo con énfasis en inversiones sostenibles y seguridad jurídica.

El evento reunió a autoridades nacionales, empresarios e inversionistas interesados en conocer el marco normativo y las condiciones que ofrece Paraguay para la instalación de nuevos proyectos.

Durante la jornada se analizaron herramientas clave como la ley de maquila, la ley 6090 de incentivos a la inversión, la ley de mipymes y aspectos vinculados a inmigración y habilitación de empresas.

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Desde el Ministerio del Ambiente se destacó que el país avanza en la simplificación de procesos administrativos y en la reducción de trámites, con el objetivo de facilitar la llegada de capitales sin descuidar el cumplimiento de las normativas ambientales.

El ministro señaló que el Gobierno impulsa una política orientada a agilizar procedimientos y brindar mayores garantías a los inversionistas, posicionando a Paraguay como un destino competitivo en la región.

El enfoque, según explicó, apunta a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad. Esto implica que los proyectos productivos que se instalen en el país deberán cumplir estándares ambientales, pero al mismo tiempo contar con un Estado que acompañe y dé previsibilidad.

En un contexto donde la inversión extranjera busca mercados con estabilidad macroeconómica y reglas claras, la articulación entre sector público y privado se vuelve estratégica.

La Expo Canindeyú se convirtió en un espacio de diálogo para mostrar las ventajas comparativas del país: energía competitiva, régimen de incentivos, costos operativos atractivos y un marco legal en proceso de modernización.

La participación del Mades en este tipo de encuentros refuerza la idea de que la agenda ambiental no está separada de la agenda económica. Por el contrario, el desafío es integrar ambas dimensiones para atraer inversiones responsables, generar empleo formal y fortalecer el desarrollo regional.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, sostuvo que es necesario que el viceministerio de Minas y Energía pase a depender del Ministerio de Industria, como parte de una estrategia para dar un enfoque más comercial y productivo al desarrollo energético y minero del país.

Según explicó a la 1000 AM, no existe revolución industrial sin energía eléctrica, y resaltó que Paraguay necesita alinear su política energética con su política industrial. Desde su perspectiva, el MIC es la institución que debe liderar esa articulación, ya que es la cartera encargada de generar condiciones para la inversión, la producción y la generación de empleo.

Actualmente, Minas y Energía depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para Riquelme, ese esquema responde a una lógica más vinculada a infraestructura que a desarrollo económico. El ministro sostiene que el sector energético y minero debe tener una mirada orientada a los negocios, a la atracción de capital y a la generación de nuevas industrias.

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En ese mismo marco, el ministro también planteó que el turismo debería tener una visión más comercial. Considera que el sector necesita mayor enfoque en resultados económicos, inversión privada y generación de ingresos, más allá de una promoción meramente aspiracional.

Respecto a la minería, Riquelme afirmó que Paraguay es un país con potencial aún no explorado. Señaló que históricamente el Estado no invirtió en estudios de prospección, por lo que no se conoce con precisión la riqueza mineral disponible.

En ese sentido, propuso establecer políticas públicas claras que den seguridad jurídica al sector privado para realizar exploraciones e invertir en el desarrollo de proyectos mineros.

Desde el punto de vista económico, la eventual reestructuración institucional apunta a integrar energía, minería e industria bajo una misma estrategia de desarrollo productivo. El argumento central es que sin energía suficiente y sin aprovechar recursos naturales estratégicos, el país no podrá consolidar su proceso de industrialización ni atraer grandes inversiones.

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Productores agrupados en la Cooperativa Agronorte Ltda. lograron concretar el primer envío de 22 toneladas de pasta de ají picante hacia Estados Unidos; los mismos celebraron la oportunidad de diversificar sus opciones de producción, generando a su vez un escenario mucho más favorable respecto a sus ingresos.

En conversación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Rolando Chávez, gerente general de la cooperativa Agronorte, explicó que este proceso inició en el 2024 gracias al trabajo por parte de Rediex, que logró el contacto con la empresa ecuatoriana UCHU Spice en la feria Seoul Food.

“Nosotros tenemos un contrato inicial de 1.000 toneladas, pero con el mismo cliente tenemos la posibilidad de llegar a 8.000 toneladas; significa que solamente con este cliente podemos aumentar la mano de 2.500 a 3.000 productores de la zona”, comentó Chávez.

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Además, señaló que esta es una oportunidad única para los productores de San Pedro, ya que el rendimiento económico que ofrece el cultivo de ají es superior a otros cultivos más tradicionales de la zona, como el sésamo, maní y poroto.

“San Pedro tiene 20% de la agricultura familiar en el país, casi 60.000 pequeñas fincas, y todas estas hoy están desesperadas por un cultivo alternativo; por eso les digo que se animen a diversificar y entrar a un nuevo rubro que también deja ganancias bastante significativas para el productor”, indicó.

En este sentido, explicó que hace aproximadamente cinco años la zona de San Pedro tiene que enfrentar dificultades climáticas, hecho que les generó la necesidad de apostar por mayor tecnología e infraestructura para no contar con dependencia continua del clima, pero que igualmente muchos cultivos no logran su rendimiento total.

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Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos“, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino. El conglomerado CK Hutchison rechazó el martes en Hong Kong la acción de las autoridades panameñas. “CKHH considera (...) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal”, señaló el grupo en un comunicado.

A su vez, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó el martes su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos. La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.

El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación. APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo. “Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva” señaló Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá.

Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso. China además amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión. “Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5 % del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.

Aunque Mulino ha rechazado el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en “territorio autónomo” por no dar a las autoridades información sensible sobre sus operaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

“Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”, manifestó a la AFP un operario de Balboa. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38 % de ellos por los que operaba Hutchison.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, con el que se buscará llegar a un acuerdo económico. “Se reconoce que los equipos son de la empresa”, sostuvo.

Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará “muchísimos años”. La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado. El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

Fuente: AFP.