• POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

La reforma constitucional parcial que ha sido aprobada por el Congreso de Nicaragua, con una clara mayoría del oficialismo sandinista sumada a sus aliados, logrará desmantelar lo poco que le quedaba de institucionalidad al Estado de ese país.

La pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo se convertirá, tras la sanción de estas reformas, en poco menos que reyes sin corona en el castigado país cen­troamericano.

Es un regreso a prácticas similares a los siglos del absolutismo real, coinciden los pocos opositores que aún lo siguen siendo y permanecen en un país que no solo ha expul­sado a todo aquel que ose levantar peligrosa­mente la voz, sino que también los ha privado de su nacionalidad para evitar que, legal­mente, no puedan tener opciones políticas más tarde y mucho menos ahora.

Pero la reforma no solo otorga más poder a Ortega ni tampoco se destaca por poner en línea de sucesión a su esposa Rosario Muri­llo, sino que garantiza la sucesión dinástica y ya asoma el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, quien asumiría el control del país en caso que falten sus padres.

Daniel Ortega, de 78 años, con cuatro man­datos sucesivos más un quinto alternado, ha destruido la institucionalidad y ha quebran­tado uno de los principios fundamentales de una república democrática: la separación de poderes. La reforma ha puesto al Poder Judicial y al Legislativo bajo las órdenes del Ejecutivo, es decir, bajo las órdenes de Ortega y Murillo.

Incluso, la reforma ha hecho uso de la semán­tica para horadar más al sistema democrá­tico, pues tanto el Poder Judicial como el Legislativo han sido degradados a “organis­mos”, lo que deja en claro el camino dicta­torial y absolutista que ha tomado Nicara­gua que ahora dependerá (oficialmente) de como ha amanecido la pareja presidencial.

La reforma, ya aprobada de manera gene­ral, deberá ser estudiada en carácter parti­cular, en una farsa congresista en enero de 2025. Se da por descontado que estos cam­bios serán aprobados a gusto y paladar de Daniel Ortega.

A partir de esa sesión, todos los poderes públicos ya estarán de derecho en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algo de hecho en la actualidad. Entre los casi cien cambios al que será sometida la Constitución Nacional en Nicaragua se destaca el aumento de la extensión del periodo de gobierno de 5 a 6 años, la creación de una “policía volun­taria”, que no es más que la oficialización de grupos paramilitares como en Venezuela son los “motorizados” del chavismo.

La bandera con los colores rojo y negro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se sumará a los símbolos nacionales de Nicaragua, ponién­dola al mismo nivel que la bandera azul y blanca del país. Todos los derechos funda­mentales podrán ser suspendidos por cual­quier motivo que el Poder Ejecutivo con­sidere necesario, además de suprimirse la censura a la prensa expuesta en la Consti­tución hasta ahora.

Los militares podrán ser llamados a interve­nir siempre que sea necesario, es decir, cada vez que Ortega o Murillo así lo consideren. Nicaragua será una muestra del cuasifeu­dalismo medieval, cuando a comienzos de 2025 estas reformas se pongan en marcha.

El agente fiscal, Osmar Segovia, presentó imputación contra 5 personas por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de los allanamientos del operativo Sudamericana, que logró desbaratar a una red de narcotraficantes que querían comercializar droga durante la final de la Copa Sudamericana.

Los hechos punibles imputados a los detenidos son tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. Los imputados son Nelson Marcial Espínola Pérez, quien fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago casi Dr. Pedro Ciancio, barrio Jara, Asunción, habría estado en posesión, sin autorización, de un total de 4,209 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína. Así también dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares, bolsas de polietileno, utensilios con restos, armas de fuego y municiones, agendas con anotaciones varias, entre otras evidencias.

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También fue imputado Víctor Manuel Ortigoza Pérez, Brahian Sebastián Ferreira Marín y Maikol Yeferson Ferreira Marín, quienes estaban en una vivienda ubicada en el barrio Jara, Asunción, donde fueron hallados en posesión de tres porciones de supuesta cocaína con un peso total de 2,3 gramos, una porción de supuesta pasta base de cocaína con un peso total de 1,3 gramos. Así también, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y un arma de fuego, entre otras evidencias.

La lista de imputados sigue con Yilda Elizabeth Ferreira Marín, en cuyo poder se habría hallado 6,9 gramos de supuesta cocaína, y 35,6 gramos de supuesta cocaína. Además de dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, varias joyas de plata, entre otros elementos, lo cual permite presumir que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.

Todas las sustancias halladas estaban acondicionadas en moñito de bolsa de hule, preparadas de esta forma para su venta y distribución en las inmediaciones del lugar. El hecho fue detectado a raíz de un allanamiento llevado a cabo por el citado agente fiscal, funcionarios del Ministerio Público y agentes especiales de la Senad.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ayer miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de “copresidenta”.

La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. “Se está trabajando para la pronta aprobación”, según la prensa oficialista.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.

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La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: “La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, que se elegirán en comicios “cada seis años”, no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.

Los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que la Constitución vigente reconocía como independientes. La reforma “consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses”, afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.

Es “meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial” y una “agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa. “Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades”, dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

La reforma consigna que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.

Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.

Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras. “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.

Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”, agrega el texto. Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.

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En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.

Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Fuente: AFP

Las Personas Privadas de Libertad que se dedican a la artesanía en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación- Cereso se beneficiarán con el primer lote de exportación de sus productos a la República de China (Taiwán). Así se informó desde el Ministerio de la Defensa Pública.

El programa se denomina Exportando Sueños y está encabezado por el Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del plan de oportunidad laboral y reinserción digna de las personas privadas de libertad. Además, beneficiará a sectores vulnerables que se dedican a la artesanía.

El programa se presentó este lunes, en un evento que se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública. En la oportunidad, su titular, Javier Esquivel González expresó su emoción por el proyecto que surgió como una idea de reinserción social, “así como para dar sustentabilidad en el trabajo y dignidad a las personas”.

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Destacó además que, el proyecto se concreta gracias a la buena predisposición de la Embajada de la República de China (Taiwán), ya que el primer lote de productos será exportado a dicha nación. “La intención de esta iniciativa es que las personas privadas de libertad tengan un ingreso económico para ellos y sus familias y que, al recuperar su libertad, estas puedan seguir trabajando”, remarcó el defensor general.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; Khaled Al-Ajmi, encargado de negocios de la embajada del Estado de Qatar en Paraguay, y José Chih-Cheng Han, embajador de la República de China (Taiwán). El programa es la primera experiencia en Paraguay y América Latina y fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados.

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