La lucha mundial contra la pandemia en 2020 ha restringido las libertades y debilitado a sus defensores y, además, facilita un posible deslizamiento del estado de derecho occidental hacia un nuevo modelo más autoritario. Guinea prohibió las manifestaciones hasta nuevo aviso, citando la lucha contra el COVID-19. Hungría está en estado de emergencia hasta febrero. Singapur aprobó sistemas de lucha antiCOVID que violan la privacidad.

A finales de noviembre “más de la mitad de los países del mundo (61%) han adoptado medidas para combatir el COVID-19, que son preocupantes desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos”, según la ONG International Idea. Esto se vio a menudo en países que ya son antidemocráticos, “pero también en las democracias”.

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En abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió: “Dado el carácter excepcional de la crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales (...). Sin embargo, si no se respeta el imperio de la ley, la emergencia sanitaria corre el riesgo de convertirse en una catástrofe de derechos humanos”.

“Desde que estalló el coronavirus, las condiciones democráticas y los derechos humanos se han deteriorado en 80 países”, afirma la ONG estadounidense Freedom House, que denuncia a los gobiernos que se han organizado para aislar a sus países, silenciar a los críticos y desmantelar los contrapoderes, como Sri Lanka, “una ilustración de la tendencia general”.

En China, las autoridades han adoptado medidas extremadamente coercitivas, con el confinamiento estricto de zonas muy extensas, pruebas masivas y vigilancia mediante aviones teledirigidos. Y han proclamado su éxito en la lucha contra el coronavirus, a pesar de las estadísticas que no siempre son transparentes.

En Egipto, un país “bien conocido por sus prácticas autoritarias y el cierre del espacio político y cívico”, la pandemia simplemente ha ofrecido al presidente (Abdel Fatah al Sisi) una oportunidad para promulgar y aplicar normas represivas que consoliden las prácticas ya establecidas”, dice la investigadora Hasfa Halawa en un informe del think tank estadounidense Atlantic Council y del think tank italiano Ispi.

Pero el impacto en las libertades no se limita a los regímenes totalitarios o antiliberales. También se siente en las democracias liberales, obviamente en una forma mucho menos brutal. Allí, las medidas antiCOVID están cambiando gradualmente el estado de derecho. Y deben ser “interpretados como los síntomas y signos de un experimento más amplio, en el que está en juego un nuevo paradigma de gobierno de los hombres y las cosas”, según el filósofo italiano Giorgio Agamben.

“Los poderes de emergencia conllevan un riesgo de abuso de poder por parte del ejecutivo y pueden permanecer dentro del marco legal nacional una vez que la emergencia haya terminado”, advirtió el Parlamento Europeo en noviembre.

Toques de queda, reuniones prohibidas, tiendas cerradas. En París, Berlín y Londres, los ciudadanos, acostumbrados desde hace décadas a disfrutar de una gran libertad, garantizada por el estado de derecho, ven restringida su libertad. Y esto después de otras medidas de control ya adoptadas en la lucha contra el terrorismo.

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“Lo que está sucediendo hoy marca el fin del estado de derecho y de las democracias burguesas, que ya estaban profundamente transformadas”, dice Agamben, quien afirma en el Libro II de su “Homo Sacer” que “la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque no se declare en el sentido técnico) se ha convertido en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, incluidos los que se denominan democráticos”.

En Francia, por ejemplo, con el estado de emergencia sanitaria, “tenemos un proceso bastante similar al estado de emergencia en términos de seguridad”, explica Laureline Fontaine, profesora de derecho público y constitucional de la Universidad Sorbone Nouvelle, con normas “modificadas de forma duradera”. “Los discursos políticos tienden a asegurarnos la naturaleza excepcional del estado de emergencia. Pero el proceso en cuestión es una modificación de la ley que no es provisional”, explica.

Además, los instrumentos de control no siempre cumplen su función. “La idea es que las constituciones son las herramientas más efectivas para limitar los poderes. Hoy en día no lo son. Los cimientos del constitucionalismo se están desmoronando”, dice.

“Nos hemos acostumbrado a vivir sin libertad”, estima. Ante la pandemia, “existe una adhesión general en principio al objetivo buscado y, por consiguiente, no vigilamos la forma en que se produce la ley, con el argumento de que es más importante actuar”. “He observado en los últimos 20 años una forma de desprecio de la ley frente a la acción”.

Giogrio Agamben es aún más pesimista: “Si la gente ha aceptado las medidas despóticas y las limitaciones sin precedentes a las que ha sido sometida sin ninguna garantía, no es sólo por miedo a la pandemia, sino presumiblemente porque, más o menos inconscientemente, sabía que el mundo en el que había vivido hasta entonces no podía continuar, que era demasiado injusto e inhumano”. “No hace falta decir que los gobiernos se están preparando para un mundo aún más inhumano, aún más injusto”, agrega.

Fuente: AFP.