Costa Rica empezó ayer domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes, después de que el ejército mexicano matara al poderoso capo de la droga Nemesio “El Mencho” Oseguera. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse”, dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.

La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará “tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica”, agregó Zamora.

Guatemala reforzó ayer domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco “incrementó las operaciones” de vigilancia y los patrullajes “en sectores estratégicos” de la frontera con México.

Además, “se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación” con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la “cooperación” bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para “mantener un ambiente de paz y seguridad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen “en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Fuente: AFP.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora salió de prisión la noche del jueves pasado, después de que un juez le otorgó arresto domiciliario por las causas abiertas por la Fiscalía en 2022 y que han sido criticadas por la comunidad internacional. Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organismos como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.

Arropado con una sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, Zamora salió a pie de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en un cuartel militar en la periferia norte de la capital, para trasladarse en una camioneta a su vivienda, observó un periodista de la AFP. “He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena”, dijo Zamora más temprano a periodistas tras la audiencia en la que le concedieron el arresto domiciliario.

El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que “se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”. Sin embargo, tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática”. El diario cerró en 2023 en medio de dificultades económicas que se agravaron por la ausencia de su fundador.

Un hijo del comunicador y quien está exiliado en Estados Unidos, José Zamora, comentó en X que su padre lleva 1.295 días de una “detención arbitraria”, pero ahora podrá defenderse “en libertad”.

A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el fallo como “un paso importante hacia la justicia” y pidió a la Fiscalía “cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa”, según publicó en X.

Reporteros Sin Fronteras “llama ahora a la liberación definitiva de este periodista emblemático”, comentó a la AFP Artur Romeu, director de la organización para América Latina.

Zamora fue declarado en 2024 “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, que considera que estaba encarcelado por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.

Para esta organización, el comunicador guatemalteco es víctima de cargos “infundados” que “se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Zamora ha reiterado que es un “preso político” y que con el tiempo que lleva en la cárcel ya cumplió una “condena anticipada”.

La semana pasada, el periodista acudió a otra audiencia en la que solicitó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue arresto domiciliario de forma permanente por otra causa abierta, cuyo fallo está pendiente.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la prisión de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su arresto. Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia, y en 2023 obtuvo el premio de la Independencia de Reporteros Sin Fronteras.

Fuente: AFP.

Las autoridades de Guatemala incautaron 4,9 toneladas de cocaína en un puerto del Pacífico, el mayor decomiso de droga en los últimos 12 años en el país y considerado “histórico”, informó el gobierno guatemalteco. Durante el operativo fueron hallados 4.927 kilos de cocaína que estaban ocultos en siete contenedores cargados con sacos de harina, con un valor estimado de 85 millones de dólares en el mercado local, señaló el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

Es la incautación “más grande que se hace en una sola operación” de los últimos 12 años, según registros oficiales, agregó el ministerio. Se considera un decomiso “histórico” ya que superó los 4.389 kilos incautados en noviembre de 2024 y 4.378 confiscados en diciembre de 2018.

El cargamento fue hallado durante un operativo de las fuerzas antinarcóticos que inició el domingo pasado en el Puerto Quetzal, a unos 85 km al sur de Ciudad de Guatemala, añadió la cartera de Gobernación. La Policía indicó por aparte que los contenedores donde fue “descubierta” la droga llegaron al país “provenientes de Costa Rica” hacia el puerto guatemalteco, en el departamento de Escuintla.

Los paquetes de droga fueron trasladados vía aérea a una bodega de la policía en la capital tras la operación donde no se reportaron personas detenidas. Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga. En 2025, las autoridades guatemaltecas incautaron 9,8 toneladas de cocaína, una cifra inferior a las 18,2 decomisadas el año anterior, según datos oficiales.

Fuente: AFP.

La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra.

Hay “cero control” sobre el sistema penitenciario, asegura el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, quien cuestiona que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques. La ofensiva criminal “no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales”, sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.

Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de solapar la corrupción. Mencionada asiduamente por el gobierno y oenegés como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.

La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.

Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.

Lo del fin de semana “ya estaba programado como parte del plan” para “deslegitimar” al gobierno, sostiene el exfiscal Solórzano.

El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias “El Lobo”, quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.

Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, entonces se desataron los atentados.

Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción. Es un “mensaje” contra Arévalo por parte de “opositores políticos”, afirma el exfiscal Sandoval.

“Barrio 18 se siente protegido hoy por Consuelo Porras (...). Quieren sacar a Bernardo del poder”, opina a su vez Solórzano, quien no obstante crítica la política de seguridad de Arévalo, un diplomático e intelectual de 67 años. Después de dos años de gobierno, “ya no valen excusas”, dice.

Condenado por varios homicidios, alias “El Lobo” tiene una relación sentimental con una sobrina de la dirigente opositora Sandra Torres, una exprimera dama quien ha perdido las últimas tres elecciones presidenciales en segunda vuelta.

Barrio 18 y sus enemigos de la Mara Salvatrucha son dos poderosas mafias que operan además en Estados Unidos, Honduras y El Salvador, donde han sido sometidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele con una estrategia de mano dura señalada de violación de derechos humanos y supuestos pactos con un sector de la criminalidad, lo que el mandatario niega.

La fiscal Porras, que rechaza tener tratos con criminales, aprovechó sin embargo los episodios de violencia para atacar a Arévalo. “Sea serio, presidente, asuma su responsabilidad y póngase a trabajar”, dijo el miércoles a la prensa.

Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anticipó el miércoles que los ataques no van a cesar, pues es una reacción de las “élites políticas criminales” que temen perder el control de un sistema donde trafican corrupción, impunidad y “negocios turbios”.

“Nos están preparando para legitimar la mano dura” de cara a las elecciones generales de 2027, estima el fiscal Solórzano. Con un agravante, pues según dijo a la AFP el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el poder económico de las pandillas les permite financiar “campañas o impulsar a sus propios candidatos”.

Fuente: AFP.