• San Salvador, El Salvador. AFP.

Una ley sobre “agentes extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele entró en vigencia en El Salvador este sábado, pese a críticas de las oenegés que denuncia la institucionalización de la “persecución” en su contra. Aprobada el 20 de mayo por el Congreso dominado por el oficialismo, es una norma similar a las existentes en Rusia, Venezuela y Nicaragua para impedir la labor de las oenegés, y establece un impuesto de 30 % a las donaciones que reciben.

“Representa una ley mordaza bastante discrecional, estigmatiza más el trabajo en derechos humanos” y proyectos sociales, lo que afectará a la “mayoría de la población pobre” del país, declaró a la AFP Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal. Bukele defendió la iniciativa en un reciente discurso al afirmar que la ley “garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos, al menos paguen sus obligaciones tributarias, como todos los demás“.

Sin embargo, la Fundación para el Debido Proceso aseguró que “la ley de agentes extranjeros es un ataque frontal al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro”, inspirada “en normas similares vigentes en Hungría, Rusia, Nicaragua y Venezuela”.

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La ley “no está pensada para regular o transparentar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (...), sino para acallar las voces críticas al gobierno”, afirmó Katia Salazar, una responsable de esta Fundación con sede en Washington.

Amnistía Internacional dijo que la norma “impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión” y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentan silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente”, advirtió la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

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La norma estipula que “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo [...] a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.

Además, los miembros de las oenegés deberán inscribirse en los próximos 90 días en un Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación (interior). “Los incumplimientos” a la ley y las demoras en presentar información requerida serán sancionados con multas que pueden llegar hasta 250.000 dólares.

• Caracas, Venezuela. AFP.

Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.

La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.

El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.

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“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.

En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.

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El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.

El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.

La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.

En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno. “¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85 % de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

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Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.

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La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas. Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.

Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. “Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.

Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30 % de los fondos que reciban.

Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.

“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.

Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. “En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes pasado haber alcanzado un acuerdo a nivel técnico con El Salvador sobre la primera revisión de su programa crediticio del Servicio Ampliado que permitirá el desembolso de otros 120 millones de dólares al país.

En febrero, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos 1.400 millones de dólares a 40 meses que permitió un desembolso inmediato de alrededor de 113 millones de dólares. “El desempeño del programa ha sido sólido”, afirma la organización financiera, cuyo directorio ejecutivo todavía tiene que dar luz verde.

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“La mayoría de los objetivos del programa, establecidos para la primera revisión, se cumplieron con creces, y la implementación de las metas estructurales avanza satisfactoriamente”, afirma Luis Cubeddu, subdirector del departamento para América Latina y el Caribe, citado en el comunicado.

“A pesar de un contexto externo más complejo, la economía de El Salvador continúa expandiéndose, impulsada por una mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido”, añade. El acuerdo aborda asimismo los riesgos del bitcóin, uno de los principales escollos entre el Fondo y el país centroamericano, que en 2021, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, puso a circular legalmente esta moneda a la par que el dólar estadounidense.

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La mayoría de los salvadoreños nunca vio con buenos ojos la iniciativa de Bukele, quien goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas y la caída de los homicidios a mínimos históricos. Ante las presiones del FMI El Salvador acabó cediendo y, desde finales de enero, el uso del bitcóin es opcional.

“Continuarán los esfuerzos para garantizar que la cantidad total de bitcóin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, según los compromisos del programa, y asegurar la venta de la participación del sector público en la billetera Chivo hacia finales de julio”, afirma el Fondo.