El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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• Madrid, España. AFP.

El Gobierno español acordó ayer martes considerar delito los videos sexuales falsos elaborados por inteligencia artificial con el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento, y conocidos como “deepfakes”. “Tipificamos las ‘deepfakes’ de contenido sexual o gravemente vejatorio, como delitos contra la integridad moral”, explicó ayer martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

La medida, que llega después de que el país haya vivido varios casos de difusión de imágenes pornográficas de menores creadas con IA, formará parte de un proyecto de ley para “proteger a las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital garantizando su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen”, informó el Ejecutivo en un comunicado.

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Este proyecto de ley, que el Gobierno describió como pionero en Europa, y que ahora tiene que ser aprobado en el Congreso, prevé también considerar un agravante en ciertos delitos sexuales el “grooming”, el engaño a un menor utilizando una identidad falsa, generalmente haciéndose pasar por más joven.

También incorporará al código penal una orden de alejamiento del mundo digital, que prohibirá el acceso o la comunicación, estimando “que evitará, en gran medida tanto la revictimización como la reincidencia”, añade el comunicado del Gobierno.

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Asimismo, la ley obligará a los fabricantes de dispositivos a incluir sistemas de control parental accesibles, gratuitos y activados por defecto. Finalmente, el Gobierno quiere obligar a los influencers a usar “sistemas de verificación de edad” de sus espectadores, o a “separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita”.

Según un estudio realizado en 2019 por la empresa neerlandesa Sensity, especializada en IA, el 96 % de los videos falsos en línea son pornografía no consentida, que utiliza imágenes de mujeres -a menudo famosas- en videos manipulados mediante inteligencia artificial.

• Santiago, Chile. AFP.

La fiscalía chilena informó ayer sábado que abrió una investigación por la divulgación de imágenes de un centro comercial en las que aparece la princesa Leonor de España, quien se encuentra en el país sudamericano como parte del viaje de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Las fotos y videos publicados por medios de comunicación fueron obtenidos por cámaras de seguridad de un centro comercial en la ciudad de Punta Arenas, a 2.200 km al sur de Santiago, donde atracó el buque escuela con la heredera al trono español.

“La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena confirma que (...) se abrió una investigación (...) por la difusión de imágenes de carácter privado sin el consentimiento de los afectados”, dijo el ministerio público al ser consultado por la AFP sobre si se presentó una denuncia por la divulgación de fotos de la princesa Leonor.

La investigación se inició después que guardias civiles españoles presentaran una denuncia ante Carabineros (policía chilena) el pasado viernes, detalló la fiscalía. En las imágenes se ve a Leonor de Borbón, de 19 años, vestida de civil mientras entra y camina por uno de los pasillos del centro comercial Zona Franca.

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La administración del centro comercial, citada por el portal de noticias EMOL, aseguró que las imágenes de la princesa fueron solicitadas por medios de comunicación para usarlas con fines periodísticos. “La visita de la Princesa Leonor, mayor de edad y reconocida figura pública a nivel mundial, se desarrolló de manera completamente privada en un espacio abierto al público”, sostuvo la administración del recinto.

La hija del rey Felipe VI viaja en el Juan Sebastián Elcano como parte de su instrucción militar. El buque ya pasó por Salvador de Bahía (Brasil) y por Montevideo (Uruguay). Su próxima parada será el puerto de Valparaíso, también en Chile, para continuar su recorrido hacia Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y Nueva York, en Estado Unidos.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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