El Instituto Nacional de Estadística (INE) inició esta semana el operativo de campo de la Encuesta de Índice de Confianza del Consumidor (EICC). Esta encuesta telefónica mensual proporciona los insumos para la construcción del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Este operativo de campo se ejecuta para actualizar el marco muestral de la mencionada encuesta y tiene como objetivo caracterizar socioeconómicamente a la población, que luego formará parte de encuesta telefónica mensual de la EICC.

La actividad se realizará durante este mes de julio y se tiene previsto visitar 2.500 hogares ubicados en Asunción y las áreas urbanas de los siguientes distritos seleccionados del departamento Central: San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Luque, Ñemby, Mariano Roque Alonso y Limpio.

En el inicio del operativo, el director nacional del INE, Iván Ojeda, instó a la ciudadanía a recibir y dar sus datos a los encuestadores.

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Alcides Nunes, director de Estadísticas Económicas y Ambientales, resaltó la gran ayuda de la tecnología en la mejor eficiencia de los operativos estadísticos, pues permite recoger, sistematizar y publicar más y mejores datos. Enfatizó que el trabajo del encuestador en campo es fundamental para obtener datos de calidad y oportunos. Resaltó también el compromiso de los encuestadores que llevarán adelante la EICC.

“Los encuestadores están bien identificados, llevan chaleco azul marino, portan un carnet identificatorio, en cuyo reverso está un código QR donde el ciudadano puede acceder para identificar debidamente al encuestador. Los equipos se movilizan en vehículos institucionales debidamente acreditados”, señalan desde el INE.

Toda la información proporcionada por los entrevistados es absolutamente confidencial y se encuentra protegida por el Art. 2, inciso e de la Ley Nº 6670/20, que garantiza la protección y confidencialidad de la información con la que se producen las estadísticas oficiales, así como la preservación de la fuente de información.

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La investigadora académica y consultora Julieta Heduvan realizó un análisis sobre la situación actual del conflicto en el Medio Oriente con la guerra entre Israel e Irán que, pese al cese al fuego, siguen las tensiones e incertidumbre en esa región del mundo. La profesional participó del programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, donde dio su opinión y evaluación de esta situación.

“Lo que vemos es una paz frágil en medio de un escenario internacional mucho más conflictivo. Ahora vemos que cada vez más las relaciones internacionales se involucran en el día a día de todas las personas, y esto se da porque las reglas de juego cambiaron en ese escenario internacional”, expresó.

Indicó que lo que se puede ver en este momento es “un orden internacional que está básicamente desordenado, está en proceso de transición, donde no hay actores, no hay hegemonía, diferentes potencias que puedan realmente imponer un sistema de reglas, y como se está desordenando, está en proceso de cambio, lo que vemos es un proceso de pérdida de aversión a riesgo”.

Así también, mencionó que los actores dentro del sistema internacional ya no consideran o tienen en cuenta las sanciones o reglas de las instituciones internacionales para detener sus impulsos y los intereses nacionales. “Vemos acciones mucho más audaces, decisiones mucho más audaces de los Estados y eso lo vemos justamente en el Medio Oriente ahora más que nunca, donde Irán e Israel, no están midiendo este riesgo y están actuando teniendo lo que les interesa a nivel nacional”, apuntó.

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Por otra parte, sobre la discusión que se da de momento sobre de quién ganó o quién perdió, opinó que ninguno de los Estados puede considerarse como ganador, ya que tanto Israel como Irán no lograron cumplir con sus objetivos iniciales.

“Es difícil pensar en términos de quién ganó y quién perdió, porque tal vez todos sacaron algo de provecho, algunos más, otros menos, pero no fue del todo ventajoso para ninguno. Israel logró varios objetivos que tenía, pero no los logró todos, logró probar su capacidad de infiltración que tiene dentro del gobierno de Irán, logró borrar del mapa a muchos estrategas militares relevantes para la región iraní, científicos que eran unos de los principales objetivos”, puntualizó.

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De acuerdo a las expresiones de la profesional, el segundo objetivo más relevante, además de afectar al régimen y tratar de desestabilizar al régimen era tratar de eliminar dentro de lo posible el desarrollo nuclear de Irán. “No se logró ninguno de estos dos objetivos a pleno, pero sí hubo un debilitamiento del gobierno iraní a nivel interno y también a nivel externo, porque Irán quedó bastante aislado”, señaló.

Mientras tanto, las alianzas regionales tradicionales de Irán tampoco pudieron tener un impacto relevante en esta guerra. “Irán tampoco salió del todo perdiendo, creo que puede tener una resistencia, aunque no a largo plazo como se podría prever si se viene en algún momento una guerra con mayor impacto, pero sí enfrentó a dos potencias nucleares que son Israel y Estados Unidos”, aseveró.

Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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